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Análisis de coyuntura
Crisis en Bajo Cauca: antecedentes de violencia paramilitar
Oscar Mesa Martínez / Viernes 11 de marzo de 2016
 

El reciente asesinato de William Castillo Chima, defensor de derechos humanos, miembro fundador de la Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras de Guamocó –Aheramigua- e integrante del movimiento político Marcha Patriótica y de la Cumbre Agraria, en el municipio El Bagre en el Bajo Cauca antioqueño, se inscribe en un contexto de grave crisis humanitaria que se presenta en esta zona, particularmente en el corregimiento Puerto Claver, relacionada con el accionar de estructuras armadas paramilitares y de la confrontación de estos con estructuras de la insurgencia, quienes se disputan el control territorial de este corregimiento.

Además del alto valor estratégico que significa el control de esta zona, en términos militares y económicos, es necesario evidenciar que la violencia paramilitar en esta región se inscribe en un arco de violencia prolongada y consolidada y del cual las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) -también conocidas como Urabeños o Clan Úsuga- se constituyen en herederas de las estructuras paramilitares del Bloque Mineros, al mando de alias Cuco Vanoy, y que cubrió parte del nordeste, Bajo Cauca y norte antioqueño y logró también extenderse hacia el sur de Bolívar; del Bloque Central Bolívar, al mando de Carlos Mario Jiménez, conocido como Macaco, quien controló cultivos de coca de gran extensión y se apropió a sangre y fuego de cerca de 50 minas de oro y alrededor de 2716 hectáreas sembradas con coca, principalmente en Tarazá, El Bagre, Remedios, Zaragoza, Cáceres y Segovia.

Comprender este contexto se hace necesario así mismo para entender la grave amenaza que constituyen estas estructuras en escenarios de postacuerdos y postconflicto y para la construcción de la tan anhelada paz.

Antecedentes de la violencia paramilitar en el Bajo Cauca

La región del bajo cauca se ha caracterizado históricamente por la explotación de la minería, actividad que ha determinado el estado de los recursos naturales y la dinámica de su configuración regional.

Como ha señalado Clara Inés García, la dinámica regional del Bajo Cauca es el resultado del proceso de colonización de territorios vacíos que se incorporaron al espacio productivo nacional, resultado de los cambios en el modelo de desarrollo y de los nuevos rumbos que fue tomando la economía del país y que, en el caso del Bajo Cauca, constituye un lugar estratégico para la articulación de la red vial del país, así como para la explotación de recursos mineros [1].

Al respecto Gisela Aguirre ha señalado dos periodos de regionalización del Bajo Cauca, el primero iniciando el siglo XX a partir de la llegada de empresas de minería extranjeras, la ampliación de zonas de frontera para la hacienda ganadera, los flujos de migración provocados por la Guerra de los Mil Días y la ampliación de caminos. El segundo periodo de regionalización se habría dado por el fortalecimiento del proceso de integración del Bajo Cauca al departamento y al país, marcado por la ampliación de la troncal del norte Tarazá-Caucasia complementado por la construcción de la carretera Segovia-Zaragoza por parte de la Frontino Gold Mine que unió los dos núcleos mineros de Antioquia (Bajo Cauca y Nordeste) y dinamizó la comunicación del interior con el resto del país [2].

Como ha señalado la profesora María Teresa Uribe [3] la región del Bajo Cauca, tradicionalmente excluida de la dinámica del desarrollo a nivel nacional en razón a la explotación minera, fue convertida en objeto de la inversión privada y en lugar estratégico en el contexto del modelo exportador. Este proceso, que contó con la violencia y la confrontación como dos de sus ejes centrales, en cuanto la incorporación del territorio a la vida socioeconómica regional a través del tipo de “colonización estratégica” estuvo acompañado de la emergencia de nuevos conflictos y tensiones que no siempre fueron tramitados por la vía institucional.

El fortalecimiento de los ejes dinámicos, económicos, sociales y culturales de la región, se articularían además con otras dinámicas y procesos conflictivos entre actores sociales en la zona por el control de recursos, por una parte, durante el periodo de la violencia en los años 50 que no sólo fue expresión de la lucha bipartidista sino además catalizador de demandas sociales por la inclusión de la periferia al núcleo del desarrollo antioqueño, tales como los levantamientos laborales. El segundo ciclo de violencia habría estado marcado por el surgimiento de las guerrillas en la zona apuntalada en los territorios de explotación minera que lograría además articular su accionar, entre otros, a las reivindicaciones por la titulación de baldíos en la década de los 70´s [4].

Como ha señalado Carlos Miguel Ortiz, citando a la profesora Clara Inés García, aunque el Bajo Cauca renace para sus pobladores a partir de los años 40, nace para Colombia en el momento en que se entabla una cruenta lucha entre la guerrilla y el Ejército por el control militar de su territorio.

Respecto a la presencia guerrillera en la zona, (primero el ELN, posteriormente en el 1967 el EPL y desde la década de los 70´s las FARC) en las décadas del 80 y 90, se da una presencia conjunta de las tres guerrillas con alta capacidad ofensiva. Además, como señala Aguirre, la guerrilla encontró aceptación social en zonas con las características del Bajo Cauca, entre otras, por tres razones: la primera, en tanto la guerrilla lideró paros y marchas para llamar la atención sobre problemas en las condiciones de vida de las gentes, el incumplimiento estatal y la respuesta represiva se multiplica la simpatía por la causa insurgente [5]. El apoyo al actor armado irregular radica en la función que cumple en el logro del acceso a la propiedad de la tierra o en la continuación de su posesión; la existencia de terrenos baldíos, de propietarios anónimos y de debilidad del sistema institucional de entrega, registro y respeto a la propiedad apalancan este apoyo. La demanda por seguridad y justicia la guerrilla se ha arrogado las funciones de juez, conciliador y policía. (Gaitán y Deas, 2006, citado por Aguirre, 2010).

La confrontación armada con iniciativa de las guerrillas en la zona cobra especial fuerza en la década de los 90´s, particularmente durante el periodo 1991-1995, y se corresponde con la dinámica de escalamiento del conflicto a nivel nacional, producto de una fuerte presencia por parte de las guerrillas del ELN y de las FARC, con una elevada capacidad de actuación armada conseguida a lo largo de décadas de presencia en la región.

Presencia paramilitar

La llegada del paramilitarismo a la región encontró varios sentidos. En primer lugar, y el más comúnmente utilizado, es el sentido contrainsurgente al que estos grupos, sus financiadores y defensores, apelaron para legitimar su presencia en la zona como si constituyeran una simple respuesta a una demanda de seguridad por parte de las poblaciones bajo presión de los grupos guerrilleros. Sin embargo, como ha estado altamente demostrado en múltiples estudios, el surgimiento del paramilitarismo en esta región se articuló a la financiación por parte del narcotráfico en su disputa territorial por rutas para el tráfico de narcóticos.

Como señala el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH “la aparición de los grupos de autodefensa en la región, que data de mediados de los años ochenta, se encuentra estrechamente ligada al narcotráfico que ante todo buscó que estructuras armadas custodiaran sus intereses económicos frente a la acción de la guerrilla. Desde la década de los ochenta, y como parte de su actividad en el nordeste, grupos como Muerte a Revolucionarios del Nordeste (MRN) se extendieron desde el Magdalena Medio al Bajo Cauca, dirigiendo sus acciones contra los dirigentes de la Unión Patriótica y líderes cívicos y comunitarios. En los años noventa las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) se desplazaron hacia Tarazá, Caucasia y a la franja occidental de Cáceres, hasta consolidar en esta zona un área de influencia y asentamiento. El municipio de Caucasia se encuentra estrechamente ligado a los inicios de las ACCU en el Bajo Cauca. Su territorio fue la zona de refugio de los integrantes del Clan Ochoa y donde confluyeron todos los miembros de las ACCU, desde los Castaño hasta Doble Cero” [6].

La confrontación armada, con iniciativa de los paramilitares en la zona, cobra fuerza desde 1996 hasta los primero años de la década del 2000 tras haber logrado el dominio de la franja del territorio ubicado entre Ituango, Valdivia, Anorí y Segovia. Este período estuvo caracterizado por las frecuentes muertes selectivas a manos de hombres encapuchados, las incursiones de grupos no identificados en las veredas, los recorridos de escuadrones de la muerte por las calles de las poblaciones, las masacres y las acciones violentas atribuidas a estructuras de los grupos paramilitares. Además las estructuras paramilitares se consolidaron en los municipios de Tarazá, Zaragoza, El Bagre, Caucasia y Cáceres.

En la década de los noventa, el avance de las ACCU estuvo acompañado del recurso a la violencia para garantizar territorios de retaguardia, apropiarse de suelos fértiles, ampliar la frontera agrícola y debilitar el poder adquirido por las FARC golpeando especialmente a la supuesta base social que le respaldaba. Es evidente que el objeto de la disputa entre la guerrilla y las autodefensas, además de estar ligado a la obtención de recursos, se relaciona con la existencia de corredores importantes para la comunicación y logística de estos grupos, el primero entre el Bajo Cauca, el norte y el Urabá antioqueño (municipios de la cuenca del Cauca, Cáceres, Tarazá, Ituango y Valdivia); el segundo que une el Bajo Cauca con las llanuras de Córdoba y el Alto Sinú y San Jorge (municipios de Caucacia y Nechí); y el último que cubre el Bajo Cauca, el Nordeste y el Magdalena Medio antioqueño (municipios de Anorí, Amalfi, Segovia, Zaragoza y El Bagre).

La acción de los paramilitares en el Bajo Cauca se inscribe en un plan más amplio de dominio territorial, funcional a la dinámica del narcotráfico, que busca encadenar zonas de producción de coca y resguardar las rutas de transporte y los puertos de exportación, además del control sobre los territorios en la idea de avanzar en la construcción de un modelo económico, político y social que, desde la legitimación del paramilitarismo, se articulara a los circuitos del mercado internacional [7]. Esto explica los altos niveles de violencia entre 1997 y 2001, como las masacres, debido a la lógica de expansión de estos grupos inscrita en el propósito de crear un corredor que comunicara las regiones de Urabá, Bajo Cauca, sur de Bolívar y Catatumbo para que, una vez se consiga el dominio sobre el norte del país, se inicien las incursiones y la penetración de las retaguardias de la guerrilla en escenarios de producción de coca en el sur y el oriente.

El control paramilitar sobre esta zona determinó una reconfiguración sobre el territorio, particularmente de los usos del suelo atados al cultivo y comercialización de coca, que se expresó en lo que Aguirre denomina configuración de autoritarismos subnacionales atados a transformaciones en la política local, el control de recursos por parte del actor armado y el monopolio de relaciones que apalancaban su hegemonía y blindaba su acción ilegal en el territorio, logrando hacer semblanza del juego democrático. Las autodefensas lograron extenderse por toda la región del Bajo Cauca sembrando el terror y dirigiendo la violencia contra todo lo que percibieron como bases de la subversión (dirigentes de izquierda, líderes sociales, sindicalistas, campesinos y trabajadores). En el trasfondo de todo lo anterior se encuentran los intereses del narcotráfico, que adquirió grandes extensiones de tierra con el fin primordial de amparar sus actividades ilícitas, y realizó alianzas muy complejas con diferentes actores regionales que aún están por establecerse.

[1GARCÍA, Clara Inés. El Bajo Cauca antioqueño, Bogotá, Cinep e Iner U. de Antioquia, 1993.

[2AGUIRRE GARCÍA, Gisela Andrea. Trayectorias del paramilitarismo tras los acuerdos de paz. Análisis del proceso de desarme, desmovilización y reinserción -DDR- de las Autodefensas Unidas de Colombia -AUC- en Antioquia. Conciudadanía, 2010.

[3URIBE DE HINCAPIÉ, María Teresa (Dir.) Desplazamiento forzado en Antioquia, 1985-1998. Bogotá, D.C.: Conferencia Episcopal Colombiana. 2001.

[4GARCÍA, Clara Inés. El Bajo Cauca antioqueño, Bogotá, Cinep e Iner U. de Antioquia, 1993.

[5AGUIRRE GARCÍA. Ob cit.

[6Observatorio de Derechos Humanos y DIH del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH Vicepresidencia de la República. Panorama actual del Bajo Cauca Antioqueño, Bogotá, diciembre de 2006, p. 10 [en línea]: http://www.derechoshumanos.gov.co/observatorio/04_publicaciones/bajocauca.pdf

[7En la articulación de élites políticas y económicas regionales, nacionales y transnacionales con el proyecto paramilitar se evidencia que éste no se trató simplemente de un proyecto contrainsurgente para “suplir los vacíos del Estado” sino que se configuró en la forma en que el Estado asumió “un rol en zonas de disputa y control territorial como una estrategia que permite construir un orden social, político, económico y militar de pleno dominio de grupos criminales ligados a las élites locales e intereses económicos de gran envergadura” y en los que priman las lógicas de articulación de región con el mercado internacional a través de la estrategia neoliberal. Ver: GIL, Max Yuri. Chiquita Brands - Banadex, Drummond... y la lista apenas comienza. En: Columna El Candil No.118. Instituto Popular de Capacitación. Página Web: http://www.ipc.org.co. Actualizado a marzo 30 de 2007.