Mientras en La Habana avanzan, en medio de fuertes contradicciones de clase, las conversaciones de paz entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -Farc-EP; en Colombia el Gobierno implementa una política económica que va en contra vía de la agenda pactada y el espíritu de dichos diálogos: por un lado pone en funcionamiento una política exterior de entrega de lo poco que queda de soberanía nacional con la aplanadora minero-energética, donde son feriados cada vez más los recursos naturales entre las grandes multinacionales extranjeras y sostiene en el territorio nacional las bases militares de Estados Unidos, aplicando el nuevo plan “Paz Colombia” (antiguo Plan Colombia).

Por otro lado, desarrolla una estrategia laboral que tiene como objeto descargar sobre los hombros de los trabajadores y del pueblo la inhumana y despiadada concentración de la riqueza en manos de los grandes banqueros, industriales, comerciantes, latifundistas y ganaderos, mientras el irrisorio aumento salarial decretado por el gobierno desaparece ante la incontenible carestía que hace inalcanzable los productos de la canasta familiar.

Las mafias de la corrupción se apoderan de amplios sectores de las Fuerzas Armadas y de casi todas las instituciones del Estado, a la vez que avanzan incontenibles cubriendo nuevos territorios los grupos paramilitares, en medio de una fuerte represión, seguimientos, asesinatos de líderes y dirigentes de izquierda, de defensores de derechos humanos, del movimiento sindical y popular. Miles de hombres y mujeres, prisioneros políticos y de guerra, están confinados, ya no en cárceles, sino prácticamente en campos de concentración, de exterminio y de muerte, donde su dignidad y sus derechos, así como los de sus familiares, son permanentemente ignorados y pisoteados.

Todo este panorama está cruzado por un fuerte crecimiento y avance de sectores de la ultraderecha que buscan, en medio de vacilaciones y concesiones del gobierno Santos, sabotear y hundir definitivamente la mesa de conversaciones en La Habana entre el gobierno colombiano y las Farc-EP.

Por todas estas razones el próximo día 17 de marzo de 2016 las centrales obreras, federaciones y sindicatos, las organizaciones agrarias, indígenas, étnicas y populares han convocado a un gran paro cívico nacional, llamando al pueblo colombiano a organizarse, movilizarse y defender en las calles las justas peticiones y reivindicaciones económicas, sociales y políticas; la defensa incondicional a las conversaciones de paz en La Habana con la justa aspiración, de la firma de un acuerdo definitivo de paz con justicia social.

La Constituyente por la paz de los exiliados perseguidos por el Estado colombiano manifiesta su irrestricto apoyo y solidaridad con el gran paro cívico nacional convocado en Colombia para el 17 de marzo de 2016 y exige al Gobierno Nacional atender y dar cumplimiento a las peticiones y reivindicaciones presentadas en el paro por sus organizadores y el respeto al derecho de organización, expresión, y movilización del pueblo colombiano.