Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño
:: Antioquia, Colombia ::
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Empadronamiento a esquema colectivo de protección de Cahucopana
Cahucopana / Viernes 18 de marzo de 2016
 

La Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño -Cahucopana- denuncia hostigamiento y empadronamiento en contra del dirigente Víctor Vega, responsable regional de la Corporación y fiscal de la misma, y contra Alexandra Giraldo, miembro del equipo de apoyo y activista de derechos humanos.

El pasado 15 de marzo de 2016, aproximadamente a las 11:45 am, el dirigente campesino de la Corporación Cahucopana Víctor Vega Meza junto con Alexandra Giraldo salían de los juzgados de Puerto Berrío en Antioquia en donde pretendían participar de la audiencia de acusación en el proceso que se lleva en contra Carlos Morales; ya que dicha audiencia no se realizó los defensores de derechos humanos retornaban a la ciudad de Medellín con el esquema colectivo de seguridad asignado por la Unidad Nacional de Protección, y en la vía que comunica Puerto Berrío con Cisneros fueron detenidos por miembros de la Policía Nacional.

Posterior a la debida identificación por parte del esquema de seguridad, los uniformados solicitaron que los ocupantes descendieran del vehículo para una requisa ante lo cual se hizo el llamado de atención puesto que el protegido -en este caso Víctor Vega- no podía bajarse del vehículo por el riesgo que corre en dicha región, por lo tanto se solicitó que la requisa se hiciera en una estación de policía. Atendiendo el llamado el esquema siguió a una de las motos de la policía hasta la estación del corregimiento San José del Nus, del municipio San Roque en Antioquia. En la estación de policía se procedió a realizar la requisa y en medio del procedimiento uno de los uniformados afirmó “si hubiera sido un retén de la guerrilla, a ellos si se les hubiera permitido con facilidad la requisa”.

Como en ocasiones anteriores, este tipo de comentarios por parte de la Fuerza Pública hace presumir que el Estado colombiano considera que las organizaciones sociales pertenecen a la insurgencia y que los líderes utilizan los esquemas de seguridad para transportar elementos ilegales. Así mismo el dirigente y su acompañante se percataron de que dentro de la estación de policía, a cargo del intendente Edwin Trejos, había un uniformado grabándolos de manera oculta, y al confrontar al uniformado que realizaba la acción no se quiso identificar, por lo cual se realizó un reclamo por acciones de empadronamiento ilegal ante los riesgos que están asumiendo los miembros de la Corporación y ante el aumento de asesinatos y amenazas que se han presentado durante el último mes en la región.

Cahucopana rechaza los hechos de persecución ilegal, hostigamiento y asedio por parte de la Fuerza Pública en contra de los procesos organizativos que hacen parte de la corporación y contra dirigentes campesinos, comunidades y habitantes del Nordeste Antioqueño; más aun cuando se les otorga un servicio de protección a los líderes por parte del Estado. Estas acciones estigmatizan y vulneran los derechos de los protegidos revictimizandolos.

La detención de los esquemas de seguridad de los miembros de Cahucopana se ha vuelto una acción reiterativa por parte de la Fuerza Pública, incluso en el marco del acompañamiento y salida de las delegaciones de la región para participar en actividades en zonas de alto riesgo, como lo son las carreteras intermunicipales de Antioquia, donde operan los grupos que amenazan la vida de los líderes sociales. Así mismo estas detenciones se han presentado en vías principales del área metropolitana del Valle de Aburrá donde, a pesar de la presencia de otros automotores, sólo se retiene y requisa a los esquemas de la Corporación, lo que profundiza la desconfianza que se tiene hacia el Estado colombiano.

Se está viendo a la Corporación y a sus miembros como una estructura delictiva a la que constantemente hay que requisar por presunción de hechos ilegales que se están investigando, pero no se ha tenido razón sobre investigaciones adelantadas sobre los hechos que han puesto y ponen en riesgo la vida e integridad de los integrantes de la Corporación. Así mismo es de recordar que, así como en el pasado, la información que tiene el Estado sobre el tipo de camionetas, las placas y nombres de los protegidos, puede ser filtrada y utilizada por estructuras paramilitares que amenazan a los líderes de la organización.

Es por esta razón que los protegidos que se desplazan con los esquemas de seguridad no tienen porqué descender del vehículo en situaciones como éstas, ya que los procedimientos de identificación en los esquemas de protección tienen instrucciones para proteger a los mismos. Mucho más peligrosos resultan lugares como las carreteras, en las que la Policía continuamente retiene a los esquemas de seguridad otorgados a Cahucopana.

Por todo lo anterior se exige al Gobierno Nacional su inmediato pronunciamiento frente a este hecho y la pronta respuesta por parte del intendente Edwin Trejos por el hostigamiento y detención arbitraria de la que fue víctima el líder comunitario Víctor Vega y la activista Alexandra Giraldo. A la procuraduría General de la Nación se le exige que, mediante sus delegados en Antioquia, preste especial atención y haga la respectiva investigación a la denuncia interpuesta por la Corporación. Y a la Unidad Nacional de Protección que eleve una queja formal contra la Policía de Antioquia por el comportamiento desplegado por los subalternos del Intendente Edwin Trejos, junto a los miembros de la Policía Nacional del corregimiento de San José del Nus, del municipio San Roque.