Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra
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Páginas de nuestra historia
Éxodo en el Magdalena Medio: El Estado en el banquillo
Carlos A. Lozano Guillén / Lunes 9 de febrero de 2009
 

Reproducimos el artículo publicado en el semanario Voz del 2 de septiembre de 1998, donde se recoge este importante episodio de la lucha campesina del Magdalena Medio.

Carlos Lozano, director de Voz, fue testigo de excepción de la Mesa de
Trabajo y Negociación de los campesinos del Magdalena Medio y el
Gobierno Nacional, en Barrancabermeja, porque fungió de moderador de la
misma durante varios días por propuesta de los campesinos y aceptación
de la parte oficial. Escribió para los lectores de Voz las incidencias
de este episodio de la lucha popular

En las cómodas instalaciones de la Biblioteca Galvis, donde también
funciona la Universidad Industrial de Santander (UIS) –seccional de
Barrancabermeja–, durante tres largas y extenuantes jornadas, asistimos
a la Mesa de Trabajo por la Paz, convocada por los campesinos en éxodo
desde diversos puntos del Magdalena Medio, empujados a tal situación por
la acción criminal de los paramilitares, y el Gobierno Nacional.

Nuestra labor fue la de moderador por propuesta de los campesinos y
aceptación de la parte oficial, la cual tratamos de cumplir con
ecuanimidad y en el ánimo de buscarle una solución amistosa y política,
aunque por razones obvias nuestra simpatía y consideración siempre
estuvo al lado de la causa campesina.

En la Mesa de Diálogo, frente a los curtidos voceros del éxodo, que
aglutina a 7.500 campesinos entre hombres, mujeres, niños, jóvenes y
ancianos, distribuidos en varios colegios y en la sede del SENA
acondicionados como albergues, desfilaron el ministro del Interior,
Néstor Humberto Martínez; el viceministro del Interior, Jorge Mario
Eastman; el Procurador General de la Nación, Jaime Bernal Cuéllar; el
Defensor del Pueblo, José Fernando Castro Caycedo; el Director Nacional
de Fiscalías, Eduardo Martínez; el alcalde de Barrancabermeja, Elkin
Bueno; el ministro de Minas y Energía, Carlos Roberto Murga Guerrero; el
gobernador de Santander, delegados del Congreso de la República,
autoridades municipales del puerto petrolero y otros importantes
funcionarios. Como facilitadores de la negociación asistieron monseñor
Jaime Prieto, Obispo de Barrancabermeja; otros sacerdotes, los
representantes de Naciones Unidas y de varias ONG. Para la firma del
acuerdo es esperado el Presidente de la República, Andrés Pastrana
Arango.

El pliego entregado por los campesinos, que provienen del Sur de
Bolívar, del Valle del Cimitarra y de otras regiones del Magdalena
Medio, está centrado en el tema del paramilitarismo y de la impunidad.
Más que ésta última, de la evidente complicidad de la Fuerza Pública con
las denominadas autodefensas. Uno de los voceros campesinos dijo con
claridad meridiana: “No reclamamos carreteras, ni puestos de salud, ni
escuelas; ¿para qué nos sirven si no los podemos disfrutar porque los
paramilitares nos quitan la vida?”
. Ante semejante dialéctica,
contundente, expresada con el lenguaje del pueblo, no hubo respuesta
oficial.

La masacre de Barrancabermeja

La masacre de Barrancabermeja, del 16 de mayo del presente año, marcó
para siempre, como si se tratara de una huella indeleble, la vida
calurosa y bullanguera de los habitantes del puerto petrolero. Camilo
Morantes, jefe de las Autodefensas de Santander, a quien periodistas y
políticos locales visitan y ven, y todo el mundo conoce dónde está,
menos las autoridades, había amenazado que el 22 de agosto, cuando
apenas se había instalado la Mesa de Trabajo, haría otra incursión en
Barrancabermeja. Sin embargo, ésta no se produjo, aunque no quiere decir
que haya sido suspendida del todo.

Ello explica que el tema de la masacre estuviera en el centro de la
discusión, con el sentimiento solidario y fraternal de los 7.500
desplazados de todo el Magdalena Medio. Los familiares de los
desaparecidos denunciaron que, minutos antes de la arremetida, unidades
de la Policía Nacional realizaron operativos de registro en los barrios
El Campestre, Campín, María Eugenia, Nueve de Abril y Villarelys y
simultáneamente efectivos del Ejército Nacional tenían puestos de
control en las vías de acceso a la Comuna 7, donde fue la incursión de
los esbirros de Morantes. Como si fuera poco, en el sector donde
ocurrieron los hechos se encuentran acantonadas dos bases del Ejército
Nacional, la del Pozo Siete y la que le brinda seguridad a la
Merieléctrica; y en las áreas adyacentes está situada la base militar de
la subestación Eléctrica Los Comuneros. ¿Habrá necesidad de realizar
tantas investigaciones o de hacer tanto esfuerzo mental para colegir la
evidente complicidad de los uniformados en la masacre?

¿Quién protege a "Popeye"?

La sesión dedicada a los testimonios, ante el Director Nacional de
Fiscalías y los representantes de la Procuraduría fue escalofriante.
“Popeye” es el jefe de los paramilitares en el Sur de Bolívar.
Responsable de numerosos crímenes, como el de un campesino, al que le
cortaron la cabeza. Jugaron balón con ella y luego la colocaron en una
estaca, de cara a la Serranía de San Lucas, de donde declaró hace pocos
días con arrogancia Carlos Castaño que expulsará al ELN. El criminal
permanece en la Y de Simití y en la Y de Fontes, todo el mundo lo sabe,
pero las autoridades militares nunca llegan a capturarlo. Al contrario,
en ocasiones departen con él y le cuidan la espalda, como sucede con
Camilo Morantes, quien se pavonea sin ningún problema por Sabana de
Torres, ahora territorio de los paramilitares.

Y así sucesivamente, los campesinos les narraron en detalle a los
representantes del Gobierno Nacional, de la Fiscalía y la Procuraduría,
en presencia de la Iglesia, las Naciones Unidas y las ONG, que asistían
horrorizados, una cantidad de denuncias no sólo de los crímenes de los
paramilitares, incluyendo el exterminio de la Unión Patriótica, sino de
la colaboración de los militares y autoridades municipales con ellos,
como en Sabana de Torres y San Vicente del Chucurí.

La afirmación de uno de los denunciantes, frentera y veraz, llamó la
atención de la reunión. El campesino, sin rehuir la mirada de las
autoridades les espetó: “¿Por qué los militares no encuentran a Popeye
si éste siempre está en lugares públicos? ¿Quién protege a Popeye?”

Naturalmente, las preguntas se quedaron sin respuestas.

Terrorismo de estado

El tema fundamental de la Mesa de Diálogo ha sido el necesario
reconocimiento que debe hacer el Gobierno Nacional de que el Estado
colombiano ha participado en la organización, financiación y auspicio de
los grupos paramilitares. Si algo quedó demostrado en las intensas y
fatigantes jornadas de Barrancabermeja, es que no existen casos
aislados. Es la institución militar como tal la que está comprometida,
como se desprende con facilidad por la vinculación del general Millán,
antiguo comandante de la V División, a una investigación de la Fiscalía
por promover el paramilitarismo.

Sin embargo, las explicaciones oficiales se fueron por las ramas con el
acostumbrado discurso de siempre. Alegaron que se trata de casos
aislados y que el presidente Pastrana está comprometido a fondo con
ponerle fin a la impunidad. Pero acabar con ésta va más allá de la
retórica. Implica reconocer la práctica del terrorismo de estado,
depurar el interior de las Fuerzas Militares y expedir una directiva
precisa del Jefe del Estado para que haya el desmonte del
paramilitarismo y el deslinde de las autoridades con los criminales, que
el Gobierno Nacional de forma eufemística califica de “grupos de
justicia privada”
. Un término muy bondadoso, por cierto, de designar a
los asesinos que anegan de sangre campesina el suelo y los ríos de la
hermosa geografía del Magdalena Medio.

Quizás, cuando esta nota aparezca en el quincenario, que en esta
frecuencia le da tanta extensión en el tiempo a una noticia que pasa con
tanta rapidez en el ciclo histórico, se haya firmado el acuerdo final
para el regreso del éxodo en las condiciones de seguridad y sobre todo
estén colmadas las aspiraciones de los 7.500 campesinos de lograr la paz
en su región. Aunque en realidad son más, porque en Magangué hay como
1.500, una cifra similar en San Pablo y otros en Santafé de Bogotá
ubicados en la Universidad Nacional. De todas maneras queda el registro
de esta lucha popular, que muestra el camino que debe encauzar la
actividad de los colombianos para el logro de una vida mejor, en
democracia y justicia social.


Hablan protagonistas de primera línea:

Francisco Campo, Coordinadora Popular de Barrancabermeja: "Es la lucha por la vida"

- ¿Qué apreciación tiene la Coordinadora Popular del éxodo campesino del
Magdalena Medio?

- Es una demostración muy justa de los campesinos por la situación que
viven por la práctica del terrorismo de estado. Debido a los crímenes
del paramilitarismo estos hermanos del campo deben marchar para
demostrar su descontento y defender su vida. Esa es la razón por la cual
están en Barrancabermeja.

- ¿Cómo se manifiesta la solidaridad del movimiento popular con esta
lucha campesina?

- Hemos coordinado con el Estado la asistencia humanitaria. Pero también
ha habido una participación más política promoviendo la solidaridad y el
apoyo de la ciudadanía al éxodo campesino. Hemos realizado marchas,
reuniones con estamentos de la ciudad, elaboración de boletines y
difusión de los objetivos de la marcha campesina.

-¿Por qué su presencia en la Mesa de Trabajo y Negociación?

- Hemos estado en la Mesa de Trabajo colaborando en la búsqueda de una
solución, porque al fin y al cabo es la lucha también de los habitantes
de Barrancabermeja en defensa de la vida y para frenar el fenómeno del
paramilitarismo del cual hemos sido víctimas en la ciudad.

Gilberto Guerra, vocero campesino: "No nos escucharon de otra manera"

- ¿Qué buscan con el éxodo campesino?

- Conformar la Mesa de Trabajo, que se está realizando, pero con una
buena voluntad de las partes tanto del éxodo como del Gobierno. Lo que
pretendemos es que haya una respuesta positiva que solucione la terrible
situación que viven los campesinos del Magdalena Medio. Hay masacres,
asesinatos y destrucción de bienes, desapariciones y torturas, actos
cometidos por los paramilitares en la zona con la complicidad de los
militares.

- ¿Qué denuncias concretas hicieron en la Mesa?

- Son muchas. Pero están los casos recientes de Puerto Nuevo Ité donde fueron
quemadas 16 viviendas de gente pobre, de cinco negocitos del que
subsistía la gente, la quema de la Cooperativa de la Asociación de
Pequeños y Medianos Agricultores del Valle del Cimitarra, hechos en los cuales fueron asesinados dos personas. En el caserío de La Cooperativa
fueron incendiadas otras dos casas y asesinadas otras nueve personas. En
San Francisco fueron reunidos los habitantes para ser amenazados por los
paramilitares, que estaban acompañados de los militares porque la gente
reconoció a los miembros de la patrulla que habían estado en el mismo
sitio un mes antes. Allí asesinaron a tres personas, entre estas a un
abuelito de avanzada edad. Los cuerpos fueron picados y enterrados en
una misma fosa. Hace pocos días una patrulla del Batallón Palagua
penetró a la zona, retuvo a dos compañeros y les quemaron sus viviendas.

- Mandos militares aseguran que ustedes fueron sacados por la guerrilla
para causar un problema de orden público...

- Esta es una situación complicada que trata de ser aprovechada por
algunos medios para desinformar. Los movimientos insurgentes no tienen
nada que ver con el éxodo. Son las necesidades de sobrevivir las que
obligaron a salir a los campesinos. Es que no es sólo la amenaza de ser
asesinado, sino que los paramilitares y el Ejército tienen bloqueado el
acceso de alimentos a la zona. Contra esta situación es la movilización.
Como no fuimos escuchados de otra manera nos tocó hacer el éxodo.

- ¿Qué esperan del Gobierno?

- Que el Gobierno cumpla con la promesa de paz. El Presidente se
comprometió con la paz y con acabar la impunidad, pues debe demostrarlo
en el caso del Magdalena Medio depurando las Fuerzas Armadas de los
elementos vinculados al paramilitarismo y desmantelando estas bandas de
criminales.

Andrés Gil, vocero campesino: "Somos gente de paz"

- ¿Por qué aseguran que los militares son cómplices de los paramilitares?

- En el sur de Bolívar y en el valle del Cimitarra los militares
prácticamente se enmascaran en eso que llaman paramilitarismo para
asesinar a la gente. En el sur de Bolívar las tropas del Batallón Nariño y
de la Compañía Búfalo asesinan a la gente, protegidos por helicópteros
del Ejército. Recorren haciéndose pasar de paramilitares toda la región,
pasando por bases militares y de Policía, e incursionando en cascos
urbanos como en Puerto Rico y Simití. Pasan el río Magdalena
transportados en la flotilla fluvial. Siembran el terror sin ningún
obstáculo. Es parte de la acción contrainsurgente para amedrentar a la
gente. ¿Qué más pruebas quieren del terrorismo de estado?

- ¿Cuál es la decisión de los campesinos?

- Encontrar una solución. El grito desesperado de los campesinos es por
la paz y la tranquilidad en la región. Así se lo dijimos al presidente
Pastrana en la reunión con él que antecedió a la Mesa de Trabajo. Si
realmente él va a hacer el cambio pues que comience por erradicar el
paramilitarismo del Magdalena Medio.

- ¿Ustedes están por la paz?

- Sí, estamos comprometidos en una solución negociada del conflicto
armado en Colombia. Es más, anhelamos la paz. Queremos que se le ponga
fin a la guerra fratricida que hay en el país. Que eso sea pronto. El
Estado debe asumir un compromiso serio en esa dirección. A nosotros nos
interesa la paz porque somos gentes de trabajo que amamos la
tranquilidad y las mejores condiciones para laborar en el campo.

Libardo Traslaviña, vocero campesino: "Nuestro deseo es vivir en paz"

- ¿Cuáles son los puntos fundamentales del pliego?

- El objetivo general es que el Gobierno Nacional modifique la práctica
del terrorismo de estado a través del paramilitarismo, que es una
herramienta de la acción contrainsurgente pero que afecta
fundamentalmente a la población civil. Lo que nosotros queremos es la
convivencia y las garantías para retornar al campo pero sin el peligro
del paramilitarismo que cuenta con el favor de los militares.

- ¿Cuál es el estado de ánimo de los campesinos?

- Llevamos 65 días en este éxodo y pese a las penurias la moral de los
campesinos es muy alta y está en capacidad de lucha y movilización, como
usted lo vio hoy cuando le exigieron al Gobierno cumplir con la ayuda
humanitaria proporcionando los alimentos en los albergues. Al fin y al
cabo la lucha es por la vida, este es el elemento esencial de nuestra
lucha. Los campesinos todos los días nos acostamos y nos levantamos con
el deseo de vivir.

- ¿Cómo es la actitud del Gobierno Nacional?

- La actitud del Gobierno es dilatoria. No cumple muchos de los
compromisos. En la Mesa de Negociación han faltado muchos funcionarios
que han debido llegar según la convocatoria. La propuesta de los
campesinos ha sido muy seria y así lo hemos dicho.