Colombia en los último años aceleró la concesión minera a empresas extranjeras para la explotación de los recursos, según datos de Extractivismo en Colombia, para el 2012 ya existían 779 títulos mineros y más de cuatro millones de hectáreas entregadas en concesión a las multinacionales.

La Guajira, literalmente explotada

La Guajira, es una de las zonas del país con mayores recursos energéticos. En el caso del carbón, La Guajira tiene el 56,5 % de las reservas probadas nacionales, es decir, 3.728 millones de toneladas, igualmente su explotación y ganancias van a dar a las manos de las transnacionales BHP Billiton Angloamerican y Xstrata, su área de explotación y el puerto de exportación ocupan 68.600 hectáreas, cerca del 3.3% de la superficie del departamento de La Guajira. Entre los años 1985 cuando comenzó la explotación de carbón, al año 2009, de La Guajira se exportaron 444,9 millones de toneladas, dejando unas ganancias de alrededor de US $18.299 millones; el país solo recibió US $1.461 millones.

Una explotación que mata, pero que nadie controla

La empresa del Cerrejón para el año 2013, tenía 5.116 trabajadores bajo vinculación directa con la empresa y 5.225 trabajadores tercerizados, a los cuales se les prohíbe afiliarse al sindicato. De este total de trabajadores, a más de 700 se les han diagnosticado enfermedades profesionales graves, producto de la labor que desempeñan, muchos de los cuales han muerto, producto de diversas enfermedades irreversibles.

Entre el 2013 al 2014, una comisión negociadora de Sintracarbón incluyó el tema de los riesgos profesionales en una convención colectiva, para que Carbones del Cerrejón asuma su responsabilidad frente a las enfermedades pulmonares de tipo mortal, auditivas, dermatológicas, entre otras. Enfáticamente tocaban los casos de Jélix Torres quien posee una enfermedad pulmonar, denominada silicosis derivada del polvillo de carbón, la misma que en los últimos años le había quitado la vida a Jorge Gil y a Guillermo Moreno Murillo. Según exámenes realizados con métodos aprobados por la Sociedad Colombiana de Neumología, exponerse a este ambiente es como si los trabajadores fumaran más de cien cigarrillos al día.

La salud de la niñez y el silencio de las instituciones

Miles de niños que viven en los resguardos aledaños a las minas del Cerrejón han sido igualmente víctimas de las afectaciones ambientales que producen estas explotaciones a cielo abierto.

Este es el caso del niño Moisés David Guette Urina de dos años de edad. Su madre, Luz Ángela Urina Epiayú, ha venido denunciando las afectaciones que dicha explotación viene haciendo a Moisés y a sus otros cinco hijos. La casa donde viven queda a dos kilómetros de los lotes de explotación del Cerrejón, desde allí se puede ver la mina y sentir todos los días sobre la una de la tarde las explosiones que estremecen su vivienda, la cual ya está deteriorada por la remoción de tierra que las explosiones producen.

En el marco de una diligencia en Bogotá, esta madre dialogó con VOZ, y relató cómo la explotación en el Cerrejón ha venido alterando sus vidas: “Cerrejón llegó aquí ofreciéndole a mis mayores; salud, trabajo, y agua potable, pero hasta ahora nosotros no tenemos ni agua. Vivíamos del agua de Ranchería y ahora no podemos acceder al rio, porque Cerrejón contamina el agua, tampoco podemos cultivar porque ahora los lugares aledaños al Cerrejón son privados”.

Según el Centro de Estudios del Carbón y la Gran Minería en La Guajira, existe una contaminación en el aire por las partículas de carbón producto de las más de 200 toneladas de anfo que utilizan en estas explosiones.

Esta es la situación que ha venido denunciando esta madre y afirma que va a ir hasta el final para exigir sus derechos: “Nosotros vemos que ellos llegan y hacen explotaciones aquí, y allá pero sin pensar en nosotros, están sacando plata de nuestros territorios, mientras nuestras familias se están muriendo, producto de la contaminación”.

Cuando esta mujer conoció la enfermedad del niño, pensó que habría alguna posibilidad de que la empresa se hiciera cargo; “hablamos con ellos, y nunca nos escucharon. Nos dicen que no hay contaminación, pero sí la hay”, afirma. Por eso decidió, con el apoyo del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, adelantar una tutela. “Llegué a la tutela porque quería ver a mi hijo sano, que tenga un tratamiento adecuado y que nos dijeran de qué venía eso. Cuando lo llevamos a las citas médicas, me explicaron que mi hijo tenía una afectación respiratoria, y debía tener un tratamiento especial”.

El niño había mostrado sus primeros síntomas con una tos seca, lloraba y convulsionaba. “Además de la respiración, tenía las defensas por el suelo, todo lo que comía lo vomitaba, entonces tocó llevarlo a Maicao. A veces no comíamos para poder viajar, eran cuarenta mil pesos diarios, y eso es plata para alguien que no tiene trabajo y la EPS no nos garantizaba un transporte, ni el tratamiento completo”.

Una acción de tutela que resuelve a medias

Luz Ángela interpuso una tutela a finales del mes de septiembre de 2015, meses después de lidiar con su hijo enfermo. Para esa fecha un funcionario del Cerrejón visitó su casa, le ofreció trabajo a su esposo y que le brindarían garantías para el tratamiento del niño si ella retiraba la tutela. Sin embargo ella comenta: “yo les dije: no señor, yo les lloré, les supliqué que me ayudaran. Uno de los funcionarios me decía: ‘usted tiene que pensarlo muy bien porque los abogados son de Bogotá, pero nosotros somos sus vecinos, estamos aquí’. Yo les dije que seguía con la tutela”.

El 10 de noviembre el Juzgado Promiscuo Municipal de Barrancas en La Guajira, respondió la tutela, allí resuelven declarar la protección de los derechos fundamentales a la salud, la integridad personal, la vida en condiciones dignas, un ambiente sano, afectadas por las conductas de la empresa Cerrejón. También ordenan a la EPS, Asociación Indígena del Cauca, que dentro de las 48 horas siguientes se le adelanten los tratamientos requeridos a Moisés.

Igualmente ordenaba a las autoridades nacionales y regionales, que se adelanten todas las acciones para reducir los niveles de “contaminación por material particulado y emisiones de gases de combustión, en la zona de su área de influencia como Las Casitas, Provincial y Barrancas, en la actividad minera a cielo abierto desplegada por la empresa Cerrejón Limited”. Para diseñar e implementar la estrategia se dio un plazo de dos meses. Hasta la fecha esta orden no se ha cumplido.

La mujer apeló en segunda instancia, pues ella también exigía el cierre de la explotación en esos lotes de la mina que hoy tiene a miles de personas enfermas, pero en segunda instancia se reafirmó la primera decisión. En el mes de diciembre, funcionarios de Corpoguajira estuvieron tres veces en casa de Luz Ángela para adelantar los compromisos de la entidad frente a la tutela. Como a inicios de este año no vieron ningún procedimiento, ella se acercó a las oficinas para reclamar, pero los mismos funcionarios afirmaron no conocer la tutela, y no conocer a Luz Ángela.

Mientras estas medidas se quedan a la deriva, el médico que atiende a Moisés, le ha dicho a su madre que debe abandonar el lugar si quiere que el tratamiento funcione. “Él dice que seguir en ese ambiente, es como si el niño consumiera diez cigarrillos al día”. Afirma la madre.