En un sistema de justicia penal destacado por sus niveles de impunidad, la tenacidad de los fiscales Colombianos que persiguen casos en contra de los defensores de derechos humanos es impresionante. Si bien hay problemas sistemáticos de corrupción y acciones arbitrarias en el sistema judicial, se están abriendo casos en contra de los que defienden los derechos humanos de una manera particular; se les intimida con investigaciones y procesos penales sin fundamento. Además, se hacen muy públicos los cargos sin fundamento, lo que mina la credibilidad de los defensores y los señala como blancos de ataques, frecuentemente por parte de grupos paramilitares.

Si bien no sólo los defensores son investigados falsamente, su persecución como grupo es distintiva por el carácter de los cargos y los métodos para recoger y falsificar la evidencia. Por lo general son acusados de rebelión y pertenencia a las organizaciones guerrilleras. Es común que se realicen las investigaciones clandestinamente durante meses o años antes de detenerlos ilegalmente. Dos de los aspectos distintivos de los casos en contra de defensores son el uso de testimonio falso de excombatientes y el uso de archivos de inteligencia inadmisibles. Los cargos suelen basarse en alegaciones espurias de ex-guerrilleros cuyo testimonio ha sido preparado o coaccionado por los fiscales regionales. Desde luego, frecuentemente los fiscales y otros públicamente juzgan a los defensores aún sólo con ese tipo de evidencia errónea, lo que obviamente no basta para un proceso penal justo, llevando a un fuerte señalamiento de los defensores como terroristas. Dada la especificidad de la persecución de los defensores, las soluciones que responden a estas situaciones deben también enfocarse en las necesidades de los defensores.

La investigación categórica de las denuncias penales espurias en contra de los defensores contrasta marcadamente con la falta de investigaciones sobre los ataques, las amenazas y las otras formas de intimidación en contra de ellos o en contra de la población civil en general. El estado Colombiano tampoco realiza procesos penales u otros procesos judiciales en contra de los funcionarios públicos que instigan tales procesos penales especiosos.

Los defensores de derechos humanos juegan un papel legítimo y esencial en Colombia en la defensa de los derechos humanos y en la construcción de una institucionalidad democrática fuerte. Suele ser acusados de delitos por motivos políticos y con el fin de desprestigiarlos y señalarlos como individuos y como grupo. Los cargos penales sin fundamento son dañinos de muchas formas:

 El señalamiento de los defensores como colaboradores de terroristas les pone en riesgo de amenazas y violencia por parte de los paramilitares, entre otros;

 Los procesos penales obligan a los defensores a gastar tiempo y recursos en su propia defensa, lo que limita su capacidad de trabajar en favor de los derechos humanos;

 Los cargos desprestigian a los defensores y deslustra sus perfiles como activistas legítimas de derechos humanos; y

 La amenaza de un proceso penal político en su contra tiene un efecto intimidante que promueve un contexto en que los defensores se auto-censuran y limitan sus actividades. Respecto a Colombia, el Relator Especial de la ONU para los Defensores de Derechos Humanos ha declarado que "estos procesos forman parte de una estrategia para silenciar a los defensores de los derechos humanos."

A pesar de un aumento de atención al tema, sin un estudio detallado de la problemática, algunos funcionarios Colombianos niegan que haya un problema amplio. Human Rights First ha dedicado más de un año a la investigación y documentación de 32 casos individuales de procesos penales sin fundamento en contra de los defensores de derechos humanos en los últimos cuatro años. El análisis de los materiales primarios de estos casos, incluyendo los alegatos de la defensa, las resoluciones de los fiscales y las sentencias, revela el carácter espurio de las investigaciones penales. Por primera vez, este informe indica que hayan habido cambios positivos: hay algunos fiscales y jueces alrededor de Colombia que reconocen la existencia de procesos penales maliciosos en contra de los defensores. Sin embargo, no basta con identificar el problema o mitigar sus efectos después de que ha habido daños. Es necesario que haya cambios fundamentales en el sistema judicial.

Como un financiador principal de las reformas judiciales en Colombia, el gobierno de los Estados Unidos puede jugar un papel constructivo en combatir los procesos penales maliciosos en contra de los defensores de derechos humanos. Claramente es del interés de los Estados Unidos que haya una sociedad civil vibrante en Colombia que exprese sus ideas con libertad y que fortalezca el respeto por el estado de derecho.

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