Se conmemoran 19 años de la Masacre de Remedios
Anhelos de paz, justicia, verdad y garantías de no repetición.
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/ Martes 2 de agosto de 2016
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Organización campesina del Magdalena Medio que construye la Zona de Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra. Premio Nacional de Paz en 2010.
Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño.
Corporación para la defensa y promoción de los derechos humanos.
La región del Nordeste Antioqueño recibió con buena disposición, entusiasmo y esperanza la llegada de la Unión Patriótica (UP), un movimiento político distinto a los tradicionales, a los que ya estaban acostumbrados, y que se ajustaba a los sueños más elementales de cualquier ser humano: vivir dignamente en una nación, con respeto a los derechos de todos y en un ambiente de paz con justicia social. Para la época, tal y como aún ocurre hoy, pese a la enorme riqueza de esta región, sus habitantes sufrían de altos niveles de necesidades básicas insatisfechas y del olvido del Estado.
En ese momento, la esperanza de cambio fue opacada, como en varias regiones del país, por las alianzas criminales entre políticos, grupos paramilitares y miembros de la Fuerza Pública, que no se hicieron esperar y pusieron como objetivo militar y de exterminio a todo aquel que se mostrara como militante o simpatizante de la UP; hechos que hoy conocemos como el genocidio por motivos políticos contra la Unión Patriótica.
En este contexto, el 2 de agosto de 1997 en Remedios, Antioquia, fueron asesinadas siete personas, entre las que se encontraban Carlos Enrique Rojo Uribe, militante de la Unión Patriótica y ex alcalde de Remedios; el profesor Luis Alberto Lopera Múnera, miembro del Comité de Derechos Humanos y presidente de la Junta Cívica de dicha población; Ofelia Rivera Cárdenas de Trujillo, también integrante de la Junta; Alberto de Jesús Silva Maya, empleado del Inderena; Rosa Angélica Mejía Sánchez, Efraín Antonio Pérez Trujillo y Jairo de Jesús Pérez.
Por estos hechos, el pasado 12 de julio del presente año, un fiscal de la Dirección Nacional de Derechos Humanos y DIH de Medellín dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Adriana Astrid Londoño Barrera, alias La Nana, integrante del grupo paramilitar Autodefensas del Nordeste Antioqueño e implicada en la masacre.
Tras 19 años de ocurrida la masacre y en el marco de los actuales diálogos de paz, resaltamos la importancia de la memoria histórica y colectiva por su aporte en la búsqueda de justicia y del esclarecimiento de los hechos e insistimos en que conocer la verdad es fundamental para que hayan reales garantías de no repetición de violaciones a los derechos humanos.
Reiteramos nuestro respaldo a la salida negociada al conflicto armado y nuestro total compromiso con la construcción de una paz estable y duradera, con verdad y garantías de no repetición de violaciones a los derechos humanos ni infracciones al Derecho Internacional Humanitario, donde la reconciliación se convierta en un escenario de reconstrucción del tejido social.
“Somos un acumulado de resistencias que se niega a la guerra, que renace en la esperanza y la reconciliación; que sueña con una Colombia en paz, con equidad, inclusión, solidaridad y justicia social”