Los denominados “falsos positivos” son crímenes de estado

De acuerdo con la definición extendida en el derecho internacional, las ejecuciones extrajudiciales se definen como la privación arbitraria de la vida de una o varias personas por parte de agentes estatales de manera sistemática; son una forma de pena sin proceso o pena extralegal, aplicada al margen de sistema jurídico, es decir es una acción que viola las garantías del estado de derecho.

En Colombia, dicha práctica ha aumentado en los últimos siete años, asumiendo características particulares. La plataforma de derechos humanos Coordinación Colombia - Europa - Estados Unidos y otras organizaciones han denunciado más de 1.400 de estos casos.

En el marco del conflicto armado y de la política contra los insurgentes en lo que va de los dos gobiernos de Alvaro Uribe Vélez, miembros del ejército colombiano asesinan generalmente a campesinos o jóvenes de barrios marginales de las ciudades, una vez muertos los uniforman de guerrilleros con el objetivo de mostrarlos como resultados positivos que aumentan las estadísticas de las “bajas” guerrilleras en la denominada “lucha contra el terrorismo”. Por eso en Colombia a las ejecuciones extrajudiciales se les conoce como falsos positivos.

Los falsos positivos no son casos aislados o meros indicios de la corrupción dentro de las fuerzas militares colombianas. Estos hechos se han presentado en gran parte del territorio colombiano, de manera permanente y sistemática, con la participación de oficiales de altos rangos, suboficiales y soldados del Ejército Nacional. A pesar de la negación de los hechos por parte de los altos vértices de la Fuerza Pública, algunos soldados rasos implicados en los hechos han comenzado a reconocer dichos crímenes.

Según la ONU esta práctica estaría motivada “por el interés de miembros de la Fuerza Pública de obtener beneficios y reconocimientos”. De hecho la directiva No. 029 de noviembre 17 de 2005 del Ministerio de Defensa de Colombia ofrece estímulos a cada soldado que demuestre haber abatido guerrilleros en combate.

En septiembre de 2008, los falsos positivos se dieron a conocer públicamente cuando los cuerpos de 19 jóvenes desaparecidos de un municipio cercano a la capital, Bogotá, fueron encontrados en fosas comunes en el municipio de Ocaña en el norte del país. Por su parte, la Fiscalía General de la Nación ha comenzado investigaciones relacionadas con ejecuciones extrajudiciales que reconocen la existencia de por lo menos 1.137 víctimas.

También, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), en su informe anual (2007) sobre Colombia, confirmó un alto índice de denuncias de ejecuciones extrajudiciales atribuidas a miembros de la Fuerza Pública.

En dicho informe, se presentan los datos suministrados por una misión internacional in loco, en la que se reconoció, sobre la base de testimonios y reuniones con autoridades municipales, una serie de patrones comunes en los hechos: “Las ejecuciones aparecen en el marco de operativos militares antiinsurgentes, aunque los testigos declaran que no hubo combate. En un número elevado de casos, la víctima es capturada ilegalmente en su domicilio o lugar de trabajo, y conducida al lugar de la ejecución. Las personas ejecutadas o desaparecidas son por lo general campesinos, indígenas, trabajadores, personas marginadas o líderes comunitarios; las víctimas son reportadas por la Fuerza Pública como insurgentes dados de baja en combate y aparecen muchas veces uniformadas y con diferentes tipos de armas y equipos militares mientras que, según los testimonios, habían desaparecido con sus ropas habituales y desarmadas. En ocasiones son seleccionadas al azar. El levantamiento del cadáver es realizado por los mismos miembros de la Fuerza Pública que previamente las han dado ‘de baja en combate’; no se preservan la escena del crimen ni las evidencias o pruebas existentes. En los cuerpos, frecuentemente, aparecen signos de tortura y despojados de objetos personales como sus documentos de identidad; son trasladados a municipios lejanos del lugar de la captura y se constatan serios impedimentos a los familiares para su reconocimiento. A veces son inhumados como NN a pesar de ser identificados. La competencia judicial para la investigación de los hechos se atribuye desde el primer momento a juzgados penales militares sin que en muchos casos la Fiscalía formule conflictos de competencia. Igualmente, los familiares de las víctimas, testigos y defensores de derechos humanos dedicados al esclarecimiento de los hechos son objeto de actos de amenaza e intimidación; el porcentaje de condenas a los responsables es ínfimo”.

Por su parte, el informe anual de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, también ha confirmado una continua recepción de denuncias por estos hechos.

Con el fin de contribuir a diseñar estrategias de verdad, justicia, reparación y no repetición por estos crímenes de estado, diferentes organizaciones europeas se han unido para realizar el 6 de marzo a nivel mundial la segunda jornada internacional de víctimas de crímenes de estado, convocada por Movice: Madrid, Barcelona, Gijón, París, Roma, Buenos Aires, Ciudad de México, Bogotá, Medellín, son ciudades en las que se ha confirmado, hasta la fecha, su realización.

En Barcelona, el evento se realizará el 6 de marzo en la Plaza de la Catedral a las 19 horas. Se rendirá un homenaje artístico a todas las víctimas. Para ello, contaremos con la participación de María Inés Ochoa y Pablo Gil, ambos cantautores mexicanos, Grupo Kumar Barcelona, Grupo Larumbé de Barcelona, Grupo de Danzas Ainco de Reus, Grupo El Silencio de la Multitud y la poetiza colombiana Kata.