El pasado 24 de agosto, en La Habana, Cuba, las delegaciones de paz del Gobierno Nacional y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP), después de casi cuatro años de intensas negociaciones, anunciaron al mundo que habían llegado a un Acuerdo Final, Integral y Definitivo, sobre la totalidad de los puntos de la agenda del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera en Colombia. Se cumplió así el precepto del Acuerdo de La Habana de que todo está acordado (“Nada está acordado hasta que todo esté acordado”). No solo estaban agotados los seis puntos de la agenda, sino que existía el acuerdo definitivo contenido en un extenso documento de 297 páginas.

La etapa secreta comenzó desde febrero de 2012 hasta agosto del mismo año; y desde noviembre de 2012 se inició la etapa pública que culminó el pasado 24 de agosto con el Acuerdo Final, Integral y Definitivo. Punto final a la confrontación armada, a la larga guerra de casi seis décadas.

Desde el pasado lunes 29 de agosto entró en vigencia el cese bilateral e indefinido de fuegos. Ni un tiro más. El fin de la guerra llegó a Colombia.

Sin embargo, fue un camino largo y tortuoso. Los contactos confidenciales comenzaron desde finales de 2010, casi dos meses después de iniciada la administración Santos. Hubo momentos muy difíciles que pusieron en peligro los diálogos. Tal vez el más dramático fue el asesinato en las montañas del Cauca del comandante Alfonso Cano, superado gracias al ferviente deseo de las FARC-EP de lograr la paz y persistir en ella. Lo entendieron como el mejor homenaje a la memoria del dirigente ejecutado en estado de indefensión, como lo denunció monseñor Monsalve. Con toda razón, el comandante Timoleón Jiménez dijo el pasado 24 de agosto, después de divulgado el acuerdo: ¡Comandante Alfonso Cano, cumplimos!

Los acuerdos no son perfectos. Quizás el Gobierno nacional, en su equivocada visión de que estaba ante una guerrilla derrotada, quería menos reformas sociales y políticas y más sometimiento de la insurgencia; así como las FARC aspiraban a cambios de mayor profundidad, al fin y al cabo su aspiración es la de una nueva Colombia para beneficio de toda la sociedad. El Acuerdo Final es realista, era lo posible de alcanzar en la medida que incorpora importantes cambios que fortalecen la democracia y la justicia social, reivindican a las víctimas y le abren un espacio político significativo a los ex combatientes en el escenario político nacional.

El país y el mundo respiran tranquilos y con satisfacción por el logro de la tan anhelada paz en Colombia. La mayoría lo acepta y lo entiende como necesaria solución política del conflicto para acabar con la confrontación armada violenta y degradada. Solo unas pocas mentes perversas rechazan el acuerdo, son las personas, también degradadas en sus conciencias, llenas de odio, que prefieren la guerra y siguen a la espera de la madre de todas las batallas para eliminar a los guerrilleros de la faz de la Tierra.

El ahora senador Uribe Vélez declaró, con tufillo de advertencia o amenaza, que el Acuerdo Final de La Habana traerá más violencia. Suele ser así: siempre que se avanza en esta dirección, llegan las provocaciones y los actos demenciales de desestabilización. Casos se han visto.

Acordado el fin del conflicto y suscrito el Acuerdo Final ahora viene el plebiscito, anunciado para el 2 de octubre del presente año. El sí tiene que ser arrollador. Los colombianos buenos son más que los que están embriagados de odio y de violencia. La paz no es de Santos y por ende la izquierda debe organizar la campaña con independencia del Gobierno, a la vez que es menester exigir soluciones sociales a los conflictos que hay en el país y que desde el poder se enfrentan con represión e indiferencia. Así no se construye la paz.

Al tiempo están en discusión la implementación de los acuerdos y decisiones esenciales como el estatuto de la oposición, insuficiente si no está acompañado de una reforma electoral democrática.

La lucha continúa en nuevas condiciones. El posacuerdo supone la unidad de la izquierda y los sectores democráticos para buscar el poder, el progreso social está a la mitad del camino, falta el poder constituyente, la realidad de una asamblea nacional constituyente que asuma profundas transformaciones estructurales, incluyendo el cambio del modelo económico y de las instituciones caducas e inoperantes.