Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño
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Triunfo minero en nordeste antioqueño
La presión mediante las diferentes vías, pacíficas y de hecho, logró sentar a negociar a la Gobernación de Antioquia, Gran Colombia Gold, Zandor Capitol, el Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional de Minería y algunos congresistas
Juan David Vargas P. / Miércoles 5 de octubre de 2016
 
La minería artesanal tiene una tradición de siglos en la región. Foto Prensa Rural.

Del 19 al 28 de septiembre, en los municipios de Segovia y Remedios, en el nordeste antioqueño, se llevó a cabo el paro minero en oposición al decreto 1421 de 2016, que pretende entregar la economía de la región a las multinacionales. Los mineros ancestrales y artesanales lograron que la Gobernación creara la Mesa Minera y se estableciera un cronograma para avanzar en soluciones.

Las manifestaciones, que iniciaron a mediados de septiembre, tienen sus orígenes en el incumplimiento de la Gobernación y el Gobierno nacional a lo acordado, luego de que comunidades levantaran dos paros el año pasado, en los que se exigía respeto a la actividad de la que dependen miles de familias y la economía de toda la región. El último fue en noviembre, contó con el apoyo de transportadores, comerciantes y estudiantes de la sede regional de Segovia de la Universidad de Antioquia que exigían clases presenciales y obras en la planta física.

Este segundo paro inició luego de que la Procuraduría ordenara el cierre de 15 minas, afectando directamente a ocho mil mineros y hasta 35 mil habitantes, según algunas estimaciones.

Fue también un espacio para exigir protección frente al peligro constante por la presencia y las amenazas del Clan Úsuga, el Clan del Golfo, los Urabeños o Autodefensas Gaitanistas de Colombia, nombres bajo los que opera un mismo grupo criminal, que amenaza a quienes promueven protestas en la región.

Contexto

Contrario a acuerdos que estipulaban el respeto a la minería pequeña y artesanal, el Ministerio de Minas y Energía expidió el decreto 1421 de 2016 el pasado 1 de septiembre, que se refiere a las medidas de comercialización y extracción, y por los requisitos que exige, permite únicamente el ejercicio de la minería a las multinacionales y busca acabar al pequeño minero. Dicho decreto buscaba en un plazo de seis meses cerrar minas informales como El Cogote, El Chocho, San Nicolás, Rubí, Luciana y Milena. Además de no contar con medidas de contingencia ni ofrecer garantías a los mineros de ambos municipios. Dicha problemática también aqueja a mineros de Vegachí y Yalí.

Las comunidades denuncian también que las multinacionales explotan irresponsablemente el recurso minero, usando y desperdiciando otros como el agua, sin ningún tipo de cuidado o reparo ambiental, ocasionando daños al medio ambiente y a los ecosistemas, también perjudicando a los habitantes de los municipios. No sólo eso, adicionalmente la explotación laboral a la que se someten los trabajadores nacionales de dichas empresas; mientras todos los cargos técnicos y administrativos son asumidos por personas extranjeras.

Se dice también que estas empresas no compran ningún tipo de herramienta, insumo ni materia en la región, tampoco generan muchos empleos formales y son más los gastos que generan a raíz de los beneficios que se les otorgan, como los bajos impuestos y el cobro menor en materias como el combustible, que por cada $100 gastados por las empresas, Colombia les da $200, según palabras de algunos voceros.

Por el contrario, pequeños mineros han reparado el medio ambiente con siembra de árboles en zonas deforestadas y asumido una actitud responsable con el medio ambiente, reconociendo que la naturaleza es fuente de riqueza pero necesita un uso responsable, en tanto el hombre necesita de ella para sobrevivir. Las pequeñas minas generan, en varios casos, empleos directos e indirectos, y mueven la economía de la región.

Así fue el paro

El paro que duró diez días y fue liderado por la Confederación Nacional de Mineros (Conalminercol) contó con puntos de concentración en La Electrificadora, La Cucaracha, El Alacrán, Machetazos, La Cruzada y la entrada de Remedios, donde se encontraba la tarima principal y en donde se leían los reportes y resultados de las jornadas. Cada punto con grupos de 500 a 600 personas, que resistieron a la violencia policial, que dejó como saldo 36 manifestantes heridos.

A los cuatro días de protesta, la empresa canadiense Gran Colombia Gold ya reportaba pérdidas diarias hasta de dos millones de dólares y buscó presionar suspendiendo mil contratos.

El quinto día fue marcado por la brutalidad policial. Miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía atacaron el punto de concentración en La Electrificadora, dejando como saldo doce personas heridas, entre ellas un periodista internacional que cubría las jornadas.

El 26 de septiembre, día en que el Presidente de la República Juan Manuel Santos y Timoleón Jiménez, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) oficializaban la finalización de las negociaciones de paz mediante la firma de los acuerdos en un emotivo acto; en el municipio de Segovia, en el punto La Electrificadora, más de tres mil personas de diferentes gremios, comunidades y credos, mediante cánticos y aplausos pidieron la paz para la región, con dignidad para el minero y rechazando la violencia del Esmad.

Resultados

La presión mediante las diferentes vías, pacíficas y de hecho, logró sentar a negociar a la Gobernación de Antioquia, Gran Colombia Gold, Zandor Capitol, el Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional de Minería y algunos congresistas. Allí se logró que la Gobernación expidiera un decreto en el cual se crea la Mesa Minera de Soluciones, además reconoce al minero artesanal y ancestral como sujeto, sumado a la formalización del oficio de aproximadamente 15 mil mineros, como lo reconocería la secretaria de Gobierno de Antioquia Victoria Eugenia Ramírez.

Por su parte, Gustavo Alonso Tobón, alcalde de Segovia, se mostró satisfecho, y dijo: “Agradecemos la sensatez de las partes, tanto de los mineros como de la multinacional y de la Gobernación, que llegaron a un acuerdo para levantar el paro. Se logró atender las necesidades de los mineros”.

Adicionalmente se logró la constitución de una Mesa Técnica de Formalización y en tercer lugar la creación de la Mesa de Verificación, en la que intervendrán los organismos de control. Todo esto permite un trato diferenciado respecto a mineros de otras partes del departamento. Dichas mesas comenzarán a funcionar prontamente, y hay un cronograma a corto plazo, donde se busca que el Gobierno esta vez sí le cumpla a las comunidades. La primera reunión será este 5 de octubre.