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Opinión
Colombia después del referendo ¿Encrucijada, callejón sin salida o fin mortal?
Daniel Edgar / Viernes 11 de noviembre de 2016 / English
 

El rechazo del Acuerdo Final firmado por el Gobierno Nacional y las Farc-EP por una mayoría estrecha de colombianos en el referendo del 2 de octubre de 2016 fue una gran sorpresa para casi todo el mundo. El resultado ha dejado en el limbo el proceso de paz anulando el efecto legal del Acuerdo Final hasta que un nuevo acuerdo sea concluido. También, el resultado va a postergar y complicar el desarme y la desmovilización de los aproximadamente 5.765 integrantes de las Farc-EP y el despliegue del grupo de monitoreo de las Naciones Unidas que iba a tomar lugar durante los próximos seis meses. No obstante el rechazo del Acuerdo Final, todos los sectores y grupos políticos, económicos y sociales han afirmado su compromiso con el proceso de paz. Los que promovieron la campaña en contra del Acuerdo Final afirmaron que no se oponen al proceso de paz en sí mismo, sino que se oponen a ciertas provisiones y medidas que contiene.

La pregunta en el referendo fue: ¿Apoya usted el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera? Las encuestas llevadas a cabo la semana anterior a la votación señalaron que una mayoría considerable (alrededor de 60%) iba a votar en favor del Acuerdo Final entre el Gobierno Nacional y las Farc-EP. Sin embargo, en el resultado final 37% de los colombianos registrados en el censo electoral participaron en el referendo, aproximadamente 50,2% (6.419.759) votaron en contra y 49,8% (6.359.643) aprobaron el Acuerdo Final, un margen de unas 60.000 de las casi 13.000.000 personas que votaron.

Así las cosas, el verdadero ‘ganador’, fue el 63% de los ciudadanos colombianos quienes no estuvieron inclinados a interrumpir sus actividades del domingo para participar en la refrendación (solamente la segunda en la historia de Colombia ya que la primera fue convocada en 1957 en circunstancias muy restringidas y turbulentas). Una tendencia significativa en el resultado final fue que una mayoría de los votantes en las regiones más afectadas por el conflicto armado y social votaron en favor del Acuerdo Final, mientras que una mayoría de los votantes en las regiones y ciudades que no han padecido los impactos más devastadores del conflicto directamente votaron en contra.

De inmediato el Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos buscó iniciar negociaciones con representantes de los grupos y partidos políticos y sectores sociales que han estado más involucrados en el proceso de paz y las campañas que precedieron al referendo con el objetivo de firmar un nuevo acuerdo antes de fin de año asegurando que tendrá en cuenta las inquietudes y sugerencias de los grupos y sectores que se opusieron al Acuerdo.

En términos procesales un asunto clave es si aprobarán un nuevo acuerdo por medio de otro referendo o a través de un conjunto de legislaciones elaborado y aprobado por el Congreso una vez que concluyan las negociaciones relacionadas con el nuevo acuerdo. Al parecer, el Gobierno, y la coalición de partidos políticos en el Congreso que le soporta, prefieren proceder sin convocar una nueva refrendación; aunque aún están renuentes a decirlo definitivamente y mantienen abierta la posibilidad de un nuevo referendo una vez que sea acordado y firmado un nuevo acuerdo.

De todos modos, si utilizan el recurso de la refrendación o no, el Congreso tendrá un rol determinante en la toma de decisiones acerca de la elaboración y aprobación de las medidas adoptadas para implementar un nuevo acuerdo dado que la Constitución de la República brinda al Congreso la autoridad primordial sobre reformas a la Constitución sin importar el método utilizado para manejar el proceso (sea a través del Congreso, refrendación o una Asamblea Constituyente). Todos los partidos y fuerzas políticas presentes en el Congreso han afirmado tanto su compromiso al proceso de paz en general, como su voluntad de habilitar y facilitar la elaboración, aprobación e implementación de un nuevo acuerdo con las Farc-EP lo antes posible, que incluirá los ajustes necesarios para satisfacer las inquietudes de los grupos que rechazaron el Acuerdo Final. Aunque en teoría un referendo sería el mejor método para intentar asegurar que la mayoría de los colombianos apoyarán de manera activa un nuevo acuerdo, el hecho de que apenas una tercera parte de la población participó en el referendo del 2 de octubre tiende a legitimar la preferencia aparente del Gobierno de aprobar un nuevo acuerdo en el Congreso. Otra razón para preferir seguir el trámite a través del Congreso son los costos adicionales y la demora para convocar y organizar un nuevo referendo.

Las campañas de ambos partidos, tanto los que apoyaron el Acuerdo Final como los que se opusieron, contaron con una gran diversidad de grupos de interés, partidos y fuerzas políticas, movimientos sociales y sectores de la sociedad, algo que complicará la negociación de un nuevo acuerdo. Los grupos y sectores que apoyaron el Acuerdo incluyen la coalición de partidos en el Congreso aliada al Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos (generalmente dentro del rango del centro hacia la derecha en el espectro político), más algunos partidos políticos izquierdistas con presencia en el Congreso y un rango amplio de organizaciones y movimientos sociales (tales como sindicatos, estudiantes, y organizaciones que representan una gran parte de los campesinos, afro-colombianos y pueblos indígenas) que apoyaron el Acuerdo Final pero que se oponen implacablemente a muchas de las demás políticas y propósitos sociales y económicos del Gobierno Nacional y de los partidos que dominan el Congreso.

Aunque parece que el Gobierno colombiano puede contar con el apoyo de estos sectores, grupos y organizaciones con respecto a la defensa del proceso de paz y sus esfuerzos de llegar a un nuevo acuerdo con las Farc-EP como tal, las relaciones entre el Gobierno y una gran parte de estos actores políticos y sociales siguen siendo bastante conflictivas con respecto a muchos temas políticos, sociales y económicos que serán muy importantes para el éxito de la elaboración e implementación de un nuevo acuerdo y el proceso de paz en general. La existencia y profundidad de tales tensiones y desacuerdos subyacentes es manifestada sencilla y claramente en una carta abierta dirigida al Presidente por parte de la Cumbre Agraria, Étnica y Popular el 20 de octubre de 2016, la cual informaba la suspensión de negociaciones con el Gobierno Nacional: “esto por los continuos hechos de dilación, jurídica, económica y la falta de voluntad política para cumplir los acuerdos firmados desde el año 2014 (…) De igual manera, nos preocupa y alerta que se hable de una ‘paz completa’ cuando en los territorios se afianza el tratamiento de guerra a la protesta social, las amenazas, persecución y asesinatos a defensores de DDHH y a líderes sociales que luchan incansablemente por la vida y la defensa del territorio (…) No entendemos el afán del Gobierno para abrir negociación con los detractores de la paz mientras que al movimiento social, que ha manifestado en reiteradas oportunidades su voluntad de construir una paz estable y duradera, se nos sigue desconociendo como actor político que hemos presentado propuestas claras frente al actual modelo económico en temas de territorio, economías propias, cultivos de uso ilícito, minería, derechos sociales y políticos, relación campo-ciudad, así como el tema de comunicaciones y participación para la paz (…)”

Además de demostrar una vez más la fragilidad del proceso de paz y la gravedad de los obstáculos y desafíos que hay que superar, esta última declaración de la Cumbre Agraria, Étnica y Popular (una alianza compuesta principalmente de organizaciones y movimientos sociales ubicadas en zonas rurales) destaca los riesgos vinculados con iniciativas que intentan alcanzar acuerdos sobre una multitud de temas tan diversos y profundamente contestados como el desarrollo agrícola y la reforma agraria, agravados en este caso por el hecho de que todos los partidos participando en las negociaciones (incluso las Farc-EP) han excluido de las negociaciones sobre un nuevo acuerdo a los representantes de la Cumbre Agraria, Étnica y Popular que cuenta con una base de soporte y respaldo enorme a lo largo y ancho de los territorios rurales y lejanos del país. Para acordar y firmar un acuerdo viable dentro de un periodo razonable, es posible que resulte necesario enfocar las negociaciones sobre los elementos primordiales relacionados con poner en marcha y cumplir el proceso de paz con las Farc-EP en lugar de pretender resolver todas las disputas y problemáticas a la vez, a través de acuerdos entre un rango necesariamente limitado de actores sociales y políticos.

La coalición de grupos más prominente que se encargó de la campaña contra el Acuerdo Final fue centrada alrededor del partido político derechista (hacia extrema derecha) Centro Democrático, liderado por el otrora presidente y ahora senador Álvaro Uribe Vélez. El rango de grupos y sectores que apoyaron la campaña del ‘No’ también está compuesto por una multitud de grupos de interés, organizaciones políticas y sociales, la cual incluyó varios gremios y propietarios de algunos de los conglomerados más grandes de Colombia (incluyendo los propietarios de algunos de los periódicos y cadenas de televisión y radio de Colombia más influyentes), soportada por segmentos significativos derivados de todos los sectores de la sociedad, desde los estratos altos y medios hasta las comunidades y sectores más pobres, de los cuales todos tienen sus intereseses propios y objetivos particulares (no siempre compatibles); aunque se unieron alrededor de una hostilidad contra las Farc-EP resultado de más de cincuenta años de conflicto armado devastador, o se opusieron al Acuerdo Final por otros motivos.

Algunos de los argumentos más destacados en contra del Acuerdo Final fueron que el régimen de justicia transicional otorgaría impunidad a las Farc-EP y que el Acuerdo llevaría a Colombia a caer bajo el dominio del ‘castrochavismo’ (todos los medios masivos principales de Colombia denuncian y desprestigian los gobiernos de Cuba y Venezuela constantemente y son tan dedicados y monótonos en su desconocimiento de los impactos devastadores que han tenido las políticas y acciones hostiles y agresivas de los Estados Unidos en contra de estos países en su afán por derrotar sus gobiernos).

El coordinador de la campaña de la coalición más prominente que se opuso al Acuerdo Final (Juan Carlos Vélez) afirmó posteriormente en una entrevista con el periódico La República (el 5 de octubre, “El ‘No’ ha sido la campaña más barata y más efectiva de la historia”) que la dirección de la campaña elaboró una variedad de argumentos y afirmaciones para aprovecharse de los intereses, opiniones e inquietudes de sectores particulares de la sociedad. La entrevista también reveló quienes fueron los patrocinadores corporativos más importantes de su campaña, entre ellos algunos de los conglomerados colombianos más grandes y poderosos política y económicamente, incluyendo Ardila Lülle, Grupo Bolívar, Grupo Uribe, Corbeta, Codiscos y Colombiana de Comercio.

Según Juan Carlos Veléz, un elemento clave de la estrategia adoptada en la elaboración de la campaña del ‘No‘ era aprovecharse de (o fomentar) el sentimiento de indignación contra el Acuerdo Final en vez de explicar y criticar sus elementos principales: “Unos estrategas de Panamá y Brasil nos dijeron que la estrategia era dejar de explicar los acuerdos para centrar el mensaje en la indignación. En emisoras de estratos medios y altos nos basamos en la no impunidad, la elegibilidad y la reforma tributaria; mientras en las emisoras de estratos bajos nos enfocamos en subsidios. En cuanto al segmento en cada región utilizamos sus respectivos acentos. En la Costa individualizamos el mensaje de que nos íbamos a convertir en Venezuela. Y aquí el No ganó sin pagar un peso (…)” Los detalles revelados en la entrevista provocaron una controversia en el escenario político colombiano, y todos los personajes y patrocinadores más prominentes de la campaña del ‘No’ se dieron prisa en alejarse de tales afirmaciones.

Se podría considerar que muchas de las críticas propuestas por Uribe y otras personas en la campaña contra el Acuerdo Final son algo ingenuas o hipócritas dado que son en esencia las mismas críticas que provocó el acuerdo firmado por la administración de Uribe con los grupos paramilitares que aterrorizaron al país a lo largo de los años de 1990 hasta (por lo menos) 2005, cuando firmaron y aprobaron el acuerdo. Es más, se podría interpretar el afán de Uribe por un nuevo referendo como una táctica para postergar la aprobación e implementación de un nuevo acuerdo (idealmente en este sentido hasta la próxima elección presidencial en 2018), dado que contrasta completamente con el proceso cerrado, secreto y exclusivo con el cual negociaron e implementaron el acuerdo con los grupos paramilitares.

Esta interpretación es corroborada por un personaje asociado con los partidos y grupos principales que promovieron la campaña del ‘No’, Francisco Santos, quien ha sido citado en la prensa afirmando que hay algunas voces dentro de la colectividad del ‘uribismo’ que quieren prolongar las discusiones con el fin de postergar la firma e implementación de un nuevo acuerdo. Afirmó que: “Hay unos que quieran arrancar de cero, y eso sería tirar todo a la borda y no avanzar, y hay otros que dicen ‘firmemos ya’”. Como sucedió después de las afirmaciones de Juan Carlos Veléz con respecto a las estrategias y la conducta de la campaña contra el Acuerdo Final, posteriormente varios personajes de Centro Democrática negaron o refutaron las afirmaciones de Francisco Santos.