Hace precisamente un año, en la vereda La Marisosa, Sur de Bolívar, se realizó la primera reunión de socialización del proyecto de conservación de áreas de Parques Naturales Nacionales. Aquella vez los mineros se negaban rotundamente al proyecto del Estado. No hubo suficiente aclaración y lo que ellos entendieron era que Parques los iba a sacar de sus tierras para proteger toda la serranía de San Lucas. Hoy los mineros se siguen oponiendo. En esa reunión les informaron que tenían dos años para proponer una figura que los favoreciera. Ha pasado un año y aún no se ha resuelto nada.

La Serranía de San Lucas se encuentra entre los departamentos de Antioquia y Bolívar. La altitud va desde el nivel del mar hasta los 2.700 metros y se compone de selvas húmedas frecuentemente nubladas. Parques Naturales la describe como “uno de los macizos montañosos más inexplorados de Colombia. Es considerada refugio del pleistoceno -sitio de formación de especies-. La zona presenta una alta riqueza en su biota, tanto endémica como de amplia distribución, al ser punto de encuentro de especies de América Central, los Andes, el Pacífico y la planicie Caribeña de América del Sur”.

La Serranía es conocida como el último paisaje forestal intacto en la región Caribe, porque desde décadas atrás las comunidades se han encargado de conservar parte de esta riqueza. Sin embargo, hay puntos donde la mano del hombre ha intervenido tanto que cada vez se va deteriorando más y a pasos acelerados.

En la Marisosa, que está en la parte central de la Serranía, desde hace más de cincuenta años viven los pequeños mineros, donde su economía la han obtenido de la extracción del oro. La tierra ya no es apta para el cultivo por la acidez que han provocado los químicos en ella. También la ganadería y la madera han sido fuente de ingreso.

Comunidad confundida

Después de esa reunión, en noviembre del año pasado, se creó la coordinación de la Serranía de San Lucas donde participan organizaciones sociales de diferentes plataformas políticas, organizaciones mineras y fundaciones.

“Cuando Parques vino aquí, hace un año, no explicó bien, con palabras amables para que la gente entendiera. Nosotros como organización estamos estudiando las diferentes figuras para mirar qué propuesta se le puede hacer a Parques para que deje trabajar a los mineros. El 12 de febrero se va hacer una socialización en las veredas, entre Parques y Aheramigua”, dice Deimer Arango, líder en Aheramigua, la Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras de Guamocó.

Sin embargo la coordinación no ha funcionado. Las organizaciones han tenido algunas reuniones con Parques en Bogotá para hacerles claridad de la propuesta y que ésta sea socializada con las comunidades.

“El temor es que al entrar Parques, al minero se le va a acabar su actividad, lo que genera desempleo y desplazamiento, y termina siendo una hecatombe en esta región, porque la base de la economía es la minería”, dice Juan Peregrino Asprilla, presidente de la JAC de la Marisosa.

Por otro lado, Evangelista Mendoza, de la vereda El Raicero, afirma que “todos los caseríos o veredas del Guamocó estamos amenazados por un sistema que el Gobierno nos quiere imponer llamado Parques y la única alternativa para nosotros es salir”.

Alberto Peña, minero que está en la Marisosa desde el año 97, tiene la propuesta de que Parques saque del proyecto a las áreas que ya están intervenidas, como la Marisosa. En las zonas que están intactas que sean las que se conserven. “Para qué Parques va a querer una zona intervenida, será para concesionarla o para montar ellos infraestructura sin darle participación a los colonos que llevan muchos años viviendo aquí”.

Precisamente Alberto hace parte de una organización minera de la Marisosa que tiene un título colectivo. Ellos quiere pedir la sustracción de área para que los dejen trabajar ahí. Aseguran que el minero en esa zona no es depredador como lo es en otras partes. “Aquí la gente cuida el medio ambiente y quiere seguirlo cuidando”.

Conviviendo en medio de la selva

La Marisosa es un caserío de unas 500 personas en medio de montañas, cerros, bosques y alejado de cabeceras municipales. Es costosa la vida allí.
Durante la semana los hombres trabajan en las minas, las mujeres en sus casas, algunas tienen restaurantes, residencias, almacenes o peluquerías. Los fines de semana se prende la fiesta, desde tempranas horas los parlantes retumban con los vallenatos o las rancheras. Hasta allí llegan prostitutas a ofrecer sus servicios. Cada ocho días los hombres están pendientes de las nuevas que llegan.

Allí la única ley que tiene la comunidad es la que ejercen las FARC o el ELN. “La gente convive aquí con la guerrilla. Eso para nadie es un secreto y ya nos acostumbramos, tanto, que a la gente de la región no les conviene que las guerrillas se desmovilicen porque vendrán las multinacionales o bandas de paramilitares. Ya tendrá la gente que mirar cómo resistir o si no desplazarse”, dice Alberto Peña.

Las juntas de acción comunal de las veredas son pobres. En la Marisosa se cobra un impuesto al comercio para financiación. De eso hay que sacar para alimentar al profesor que llegue a dar clases. Las guerrillas también cobran impuestos. “Es difícil que le den a la Junta porque ya los grupos están cobrando el impuesto”, dice la secretaria de la JAC de la Marisosa.

En estos días de invierno la llegada al caserío se hace difícil. Desde El Bagre una moto se está demorando todo el día. El camino es por trochas y hasta las mulas se quedan atascadas en algún lodazal. Los mototaxistas son todos unos aventureros que se arriesgan a viajar hasta allí para ganarse 150 mil pesos. Cualquier cosa puede pasar en el camino. Son muy jóvenes. Tienen sus familias y la mayoría ni la primaria ha hecho.

Derechos humanos

Fuimos a esta comunidad porque Aheramigua viene haciendo talleres de derechos humanos en las 17 veredas que conforman el Guamocó. Es particular que la gente piense que los derechos humanos son personas. Entonces es fácil escuchar que dicen: “llegaron los derechos humanos”.

Para la mayoría es importante que se les explique qué es la Constitución política, qué derechos tienen como ciudadanos, pero son pocos los que se interesan por asistir a los talleres. Algunos no llegan por el clima, otros porque no hay presupuesto y otros más porque tienen miedo, pues es estigmatizado el trabajo de derechos humanos, además que en realidad la persecución existe.

Juan Peregrino Asprilla cree que “la importancia de estos talleres es grande porque debemos conocer las normas, las leyes para reclamar ante el Estado los derechos que tenemos y que son legítimamente adquiridos”.

Y Evangelista Mendoza agrega que “son importantes estos mecanismos de participación comunitaria para que el pueblo se dé cuenta de las herramientas que vamos a usar para salir de esta problemática”.

Lo único que quieren los mineros es que los dejen seguir trabajando en su región. Es notable que allí los impactos de la minería no son tan potentes como sí lo son en otras regiones del país. Y lo que piden es que el Estado sea más claro a la hora de socializar proyectos, pues su deber es informar y buscar soluciones antes que llegar a un choque con las comunidades.