La Coordinación Agrominera del Noroccidente y el Magdalena Medio Colombiano rechaza de forma enfática los hechos ocurridos el pasado 10 de enero cuando desconocidos, que se transportaban en una camioneta blanca en el municipio Carepa (Antioquia), interceptaron, secuestraron y asesinaron al líder campesino José Yimer Cartagena Úsuga, vicepresidente de la Asociación Campesina del Alto Sinú (Asodecas) y líder de Marcha Patriótica en el departamento de Córdoba.

Cabe anotar que Asodecas hace parte de la Coordinación Agrominera, organización que reúne trece procesos agrarios y mineros que trabajan por la defensa de la tierra y la permanencia en el territorio, además de la promoción y la defensa de los derechos humanos. Se trata de un espacio con el que se ha ido construyendo, de la mano de Asodecas, canales de interlocución con autoridades civiles y militares con el fin de evidenciar los riesgos a los que están expuestas las comunidades.

Es por ello que se cuestiona el papel de las autoridades en su labor de garantizar la vida y la integridad de las comunidades campesinas y de las organizaciones defensoras de derechos humanos que hacen presencia en zonas de alta conflictividad, más aun cuando se han denunciado en reiteradas oportunidades amenazas, asesinatos y el alto riesgo que corre la población por la presencia de grupos paramilitares, lo que ha desencadenado el aumento en los últimos años de las violaciones a los derechos humanos y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario.

No cabe duda que Asodecas ha liderado acciones en el Alto Sinú en pro de la construcción de vida digna para los campesinos, asimismo ha generado espacios que conlleven a la materialización de una paz estable y duradera.

La Coordinación Agrominera exige al Estado y a las autoridades competentes ser diligentes en la investigación del asesinato de José Yimer y de los otros 120 miembros del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica a quienes se les ha quitado la vida por su papel de liderazgo en los territorios. Se exige que estos hechos no queden en la impunidad. Es urgente que se brinden las garantías a las comunidades y a los procesos organizativos para que esto no siga ocurriendo.