2017 promete ser un año que enlaza momentos distintos de la historia, la lucha popular y la política. Es el complejo tránsito a la terminación de una guerra contrainsurgente, supervivencia atávica de la guerra fría. El desafío desde el poder clasista a un pueblo que desea la paz pero que no acepta la imposición a mansalva y simultánea de un salario miserable y un terremoto de alzas expropiatorias. Una ultraderecha organizada que conspira desabrochadamente contra el acuerdo de paz y emprende en medio de la mayor impunidad el exterminio de activistas de la izquierda popular.

Con todo, es muy importante que se haya puesto en marcha la ley de amnistía, indulto y situaciones especiales vía fast track y se inicie el trámite de las reformas para la justicia transicional restaurativa. Ello muestra que el acuerdo vive y que su implementación camina. Pero a la vez desconcierta y sobre todo preocupa la afirmación temeraria de que en Colombia no hay paramilitarismo como dice el propio ministro de Defensa.

Lo desmiente contundentemente el informe de la Misión de la ONU presentado por su secretario general. Es real que se han callado los fusiles pero el espíritu guerrerista persiste, los poderes del narcocapitalismo, de los terratenientes y de la propaganda mediática siguen atizando el matoneo, la amenaza y la muerte. A los trabajadores y al pueblo les corresponde responder con movilización en calles, plazas y carreteras a los intentos de trampear la paz ganada con tan duros y colectivos esfuerzos históricos.

La carrera presidencial ha partido y recorrido buen trecho. Es otro ingrediente del momento político. Vargas Lleras alardea de autoritarismo y coscorrones, adelanta su campaña con el programa de vivienda gratis y los recursos del erario sin que su partido se deslinde de los señoríos paramilitares ni asuma un compromiso transparente con la paz.

El Centro Democrático, el partido de extrema derecha que Uribe intentó sin éxito desde sus gobiernos, propone desmontar el acuerdo de paz mientras activistas ad hoc del “populismo” demagógico militarista colectan firmas para revocar a Santos. El ambiente conspirativo intenta canalizar el justo descontento social con las burdas medidas que descargan en el bolsillo de los pobres el costo de la crisis del modelo capitalista neoliberal y del globalismo transnacional. Se busca desestabilizar la situación y contraponer la justa inconformidad a la implementación del acuerdo de paz.

Las corrientes de la U, liberales y conservadoras que apoyan el proceso de paz pagan el precio de sus limitaciones de clase e incapacidad para aceptar una apertura democrática franca y profunda. El Estado al servicio del enriquecimiento privado y de la corrupción que le sigue se desnuda con los escándalos de Reficar, Odebrecht, Interbolsa, etc., que la Fiscalía sabe conducir luego de un relumbrón justiciero de primer momento.

En el discurso de Claudia López, Robledo, Navarro y Petro se advierte muy débil compromiso con la paz democrática, donde al gesto concelebrado de poner fin a la insurgencia no subraya por igual la urgencia de desmontar el paramilitarismo, construir las garantías para detener el exterminio y consolidar la no repetición de la violencia del sistema. La actitud de rehuir un acercamiento con la izquierda no es un buen mensaje en el momento crítico de definir la unidad indispensable para un rumbo democrático.

La transición al nuevo país exige unir todas las fuerzas disponibles de la nación en la construcción de justicia social para la paz. No es tarde para entender que los acuerdos, tanto el actual como el que nazca con el ELN, son el eje de un programa de democratización avanzada en lo político, lo económico, lo social y ambiental, como alternativa inmediata al orden decadente y en crisis. No es tarde para reflexionar y comprender que la prioridad es consolidar el paso a la paz democrática para cerrarle el camino al fascismo local e imperial. No es tarde para tender los puentes del diálogo en la izquierda, con mucha amplitud, con sentido creador y con voluntad unitaria.