La historia de los cultivos de coca en el Bajo Cauca antioqueño se conoce desde los noventa, cuando esta planta desplazó a la minería. La hoja trajo una bonanza económica que ha sido dominada por los paramilitares. Hoy esta región es conocida como el centro cocalero de Antioquia.

Y así como la coca trajo abundancia, también empezó la persecución a los cultivadores y sobre todo a los cultivos. En 2008 el Estado comenzó a fumigar y los campesinos a sufrir las consecuencias del glifosato y desplazarse. Las zonas más afectadas fueron Valdivia, Tarazá y Caucasia. En 2009 el corregimiento Puerto Valdivia se manifestó contra la fumigación y bloqueó la vía al mar, por lo que el Estado tuvo que poner los ojos allí.

Desde esa época se han dado intentos de sustitución concertada. Después del paro, llegaron algunos proyectos para los campesinos, como el cacao y el plátano, y el Gobierno firmó un acuerdo en el que suspendía las fumigaciones aéreas. El Estado y Naciones Unidas entregaron semillas e insumos a los campesinos pero no acompañaron el proceso, por lo que el cultivo de coca siguió, incluso aumentó.

En 2010 y 2011 de nuevo se presentaron las fumigaciones, incluso en veredas donde se estaban ejecutando los proyectos de sustitución. Muchas hectáreas de cacao se perdieron. Los campesinos se vieron obligados de nuevo a sembrar coca.

Producción de coca

Édgar Arango es de Risaralda. Hace doce años llegó a la vereda La Candela, en Puerto Valdivia. Hoy es presidente de la junta de acción comunal. Dice que los campesinos no solo siembran coca. Todos tienen sus cultivos de pancoger. Sin embargo, la coca les permite sobrevivir y les brinda las garantías que el Estado no asume.

“Nosotros de una hectárea de coca podemos producir un kilo de base. Tenemos que organizar la tierra y esperar ocho meses para que comience la producción. Al principio deja muy poquitico, nada más para los gastos y fumigar e invertir en ella misma. Por ahí a la tercera raspa ya viene dando un kilo o poquito más del kilo”.

Édgar cuenta que el precio de venta de la pasta ya procesada es muy variable, pero el promedio es de $1’800.000 el kilo. “De ese dinero hay que sacar para los fletes, para el petróleo y los insumos químicos con los cuales se procesa pasta. De allí tiene que salir para la alimentación de los trabajadores y el pago de los raspachines. De utilidades quedan por ahí 600 mil pesos libres para sustentarnos. Somos los últimos beneficiados, el beneficio grande lo vienen cogiendo los intermediarios”.

“Este trabajo nos acarrea muchos problemas, porque somos perseguidos, tratados como narcotraficantes, encarcelados”, afirma Teresa Jaramillo, presidenta de la subdirectiva de la Asociación de Campesinos del Bajo Cauca.

Luz Marina Martínez es la presidenta de la junta de acción comunal de la vereda La Siberia. Tiene diez hijos, cuatro de ellos trabajan en cultivos de coca, los demás están pequeños pero el sustento para ellos también sale de la hoja. “Las mujeres que trabajamos con la coca estamos pagando todas las consecuencias de lo que llaman ilegal. Nos matan a los hijos, a los maridos, o los meten a la cárcel y quedamos solas. Nos humillan y nos roban”.

Además del control que tienen los paramilitares sobre el negocio de la coca. Cuentan algunos campesinos que ellos no permiten que se le venda pasta a nadie. “Cuando ellos no tienen plata la gente tiene que guardarla hasta que tengan. Por eso es que han resultado muchos muertos, la gente por necesidad le toca rebuscarse por ahí, con alguien que quiera comprarla y tenga con qué. Cuando los paras se dan de cuenta le aplican el llamado fusilamiento”.

¿Erradicación o sustitución?

Es evidente que para el Gobierno es más fácil la erradicación y no la sustitución de la hoja de coca, pues la primera se hace forzada y no hay ningún compromiso con el cultivador, en la segunda debe haber un acuerdo entre las partes, una inversión económica y un proceso de acompañamiento para poder cambiar de cultivo.

“La fumigación fue muy difícil para nosotros. Lo que es pancoger, potreros, animales y aguas, todo quedó infectado y es que el glifosato extermina los manantiales y las cuencas hídricas. Es una destrucción. Para reponer el suelo necesitamos una inversión de dinero y varios años de cuidado de la tierra para desinfectar y quitar el ácido”, aclara Édgar.

Muchos de los niños que nacieron en esas épocas de fumigación salieron con problemas mentales, dificultades para el aprendizaje o enfermos físicamente, además de un alto grado de pobreza.

“La Policía ahora está erradicando manualmente. Eso es muy bien que se erradique, pero cuando miren cómo vivimos nosotros, cuáles son nuestras necesidades, de qué vamos a depender económicamente”, afirma Edgar.

“Nosotros estamos de acuerdo con la sustitución, con un acompañamiento serio, con cada proyecto que nos den. Queremos trabajar lícitamente pero acorde con este Bajo Cauca, el clima, con los terrenos. Queremos una capacitación adecuada para cada proyecto. No queremos estar de huida de nadie”, dice Davier López, secretario de la junta de acción comunal de la vereda Venecia.

Valdivia se organiza

Puerto Valdivia amanece con el rutinario traqueteo de los camiones. El sol, desde temprano, calienta la vía que conduce al mar Caribe desde el interior de Antioquia. Es domingo, día en que hay mercado campesino. No hay bagres colgados en las chazas para la venta, como es la costumbre. Un caminante pregunta por los pescados y el pescador responde que no hay. Es verano y no hay subienda. Y en bajo tono de voz el caminante dice que Hidroituango ha tenido mucho qué ver.

Ese mismo día se reúnen unos quinientos campesinos que cultivan la hoja de coca. Llegan con la necesidad de organizarse para frenar la erradicación forzada.

“Sí estamos de acuerdo con la erradicación pero no forzada, que haya un acuerdo con los cocaleros, pues todos en este pueblo vivimos de ella de alguna manera. Así como lo están haciendo aumentan el desempleo, la delincuencia, el robo, los secuestros”, dice José Herrera, presidente de la junta de acción comunal de la vereda La Meseta.

Con 28 delegados crearon la coordinación municipal de cultivadores y trabajadores de coca, marihuana y amapola. Y la idea es trabajar bajo los acuerdos que se crearon en la Coccam nacional en Popayán el mes pasado.

Al jueves siguiente estuvo el presidente Santos en la vereda La Siberia, de donde es Luz Marina, primero para hacer seguimiento de ocupación y consolidación de las zonas donde antes estaban las FARC y segundo para poner en marcha los planes de sustitución de cultivos de uso ilícito. Lo único que piden los campesinos es que no se repita la misma historia de hace ocho años.