A lo lejos, en medio de la montaña, irrumpen en el paisaje selvático algunas carpas blancas y ranchos de plástico rodeados de lona verde. Parece un barrio de invasión de Medellín. Es el punto transitorio de normalización del Frente 36 de las FARC, en la vereda La Plancha de Anorí.

Esta vereda está ubicada a una hora del casco urbano. El mototaxista me muestra un abismo donde hace cinco años una chiva se rodó y murieron ocho personas. La carretera es angosta y llena de huecos. Hay un retén de la Policía, donde quien pasa debe informar para dónde va y a qué.

Este municipio del nordeste de Antioquia ha sido estigmatizado como uno de los más violentos. Allí los campesinos han vivido épocas oscuras y las armas de todos los bandos los han rodeado. Hoy el panorama es diferente, la fuerza y esperanza de sus habitantes es más poderosa. La Asociación de Campesinos del Norte de Antioquia, Ascna, ha estado acompañando y formando líderes para que defiendan sus derechos desde el 2011.

El historial de promesas incumplidas para este municipio es grande. La mayoría desconfía de la voluntad del Gobierno justo ahora, cuando en otras épocas no hubo ninguna presencia. Por ejemplo, la carretera que conecta con Medellín no está pavimentada y es una de las promesas que han hecho todos los candidatos.

Estragos de la guerra

Desde los setenta el ELN ha hecho presencia en esta zona. En los ochenta llegaron las FARC. Y para contrarrestar a los grupos guerrilleros, llegaron las AUC desde el Bajo Cauca, lo que hizo de la confrontación una constante.

Anorí es apetecido por el oro de sus montañas, por el cultivo de coca que llegó desde el año 93 y por los proyectos hidroeléctricos.

“Nos tocó vivir en medio del conflicto. Cada cuatro días había enfrentamiento entre paras y guerrilla. Uno estaba durmiendo y era la plomacera. Al otro día los muertos”, cuenta Homero, un campesino de la vereda Tenche Limón.

Las minas antipersona son una de las huellas de la guerra. En los últimos treinta años han resultado 164 víctimas, de las cuales 31 han fallecido por la gravedad de sus heridas, según la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersona. Las minas aún se mantienen.

“Los campesinos sabemos dónde están las minas y por dónde no nos podemos meter. Uno se siente oprimido, no hay libertad en el campo. Necesitamos sembrar, cortar madera, abrir pastos, pero uno está limitado. Nos dieron el informe de que cada 400 metros hay una mina”, afirma Homero.

Pero las minas no sólo las sembró la guerrilla, sino también el Ejército. Ellos mismos les decían a los campesinos en dónde las ponían. “Se va a quedar la vereda Los Trozos sin electrificación por la minas. La empresa no fue porque no había seguridad. Y son unas 300 familias afectadas”, asegura Homero.

Economía y lucha

En Anorí no ha existido vocación agrícola. La minería es herencia indígena. La ganadería ha sido la fuente principal de ingresos. Luego llegó la coca.

Desde el 2003 los gobiernos han fumigado con glifosato. “Es una afectación fuerte. Las tierras rebajaron la producción, se pusieron estériles. Todos los bosques que fumigaban se secaban hasta la mitad. Venían enfermedades como lepra, rasquiña, tenía uno que esconderse, los animales sufrían, los niños nacían con deformidades en el cuerpo”, asegura Jorge Mesa, líder en Ascna.

En el 2008 hubo el primer paro de cinco mil campesinos en el casco urbano. Salieron de sus veredas porque las fumigaciones eran extremas, perseguían la pequeña minería y no había inversión social ni garantías de vida. “No logramos nada, solo problemáticas, detenciones. No se dio ningún acuerdo. El gobierno nacional y departamental se comprometieron con una inversión y no cumplieron. Yo fui uno de los detenidos”, recuerda Jorge Mesa.

En el 2011 volvieron a las calles. Esta vez salieron 6.800 personas. Se quedaron dos semanas en el parque. Lograron unos acuerdos. Sin embargo las fumigaciones sólo pararon hace tres años por los acuerdos de paz.

Proyectos institucionales

Llegamos a la vereda La Plancha, pues se realizaría una reunión con la institucionalidad para presentar un proyecto a la comunidad. Antes de llegar a la caseta veredal hay un campamento del Ejército y luego está el Mecanismo de Monitoreo y Verificación. En la caseta estaban reunidos unos sesenta campesinos y unos diez funcionarios públicos. Más adelante está el PTN.

Humberto Vergara, de la Gobernación de Antioquia, inicia su intervención asegurando que “la idea de la Gobernación es recuperar el campo para generar condiciones de vida digna” y que van a dar unos talleres sobre el manejo del conflicto. Palabras que no dejan muy contentos a los asistentes, pues nunca la Gobernación ha hecho presencia allí y es la gente la que más sabe del conflicto, pues lo han vivido en carne propia.

Una de las intenciones de la reunión era darles a conocer que Invías va a invertir en el arreglo de la carretera. Lo paradójico es que no se sabe con cuánto dinero cuentan para esto y entre quiénes debe repartirse el proyecto. Al tiempo, el funcionario de la Alcaldía proponía otro proyecto de mejoramiento de vías. Propuestas que sólo lograron enredar a los campesinos.

Después Natalia Marín de la Agencia para la Renovación del Territorio, ART, les informa que desde el Gobierno nacional hay trescientos millones de pesos para invertir en las seis veredas cercanas al PTN, aunque el dinero no tenga que ver con el acuerdo de paz. Les dice que esta inversión se entregará a través de proyectos comunitarios de pequeña infraestructura.

En este punto logran un enredo más grande porque les piden a los campesinos que saquen un solo proyecto para las seis veredas de esa zona. Pero las prioridades de cada vereda son distintas. Al final acordaron el mejoramiento de casetas comunales y placas polideportivas.

“¿Cuál es el afán? Ellos dicen que el tiempo es corto. Eso nos genera dudas. Dicen que ahora esto sí es diferente. Lo llevan en el alma. ¿Y desde cuándo tanto amor? No nos podemos hacer ilusiones. Ellos nos quieren enredar. Lo que vemos es que el acuerdo de paz se está quedando en el papel, miren esos muchachos allá en el PTN viviendo como en un desierto”, dice Glavedis, campesina de La Plancha.

Al final quedó el sinsabor con la forma como el Gobierno va a realizar los proyectos, pues las comunidades tenían la esperanza de que las cosas iban a cambiar. Y para completar, la funcionaria de ART les dijo que “vamos a dar una ayuda en efectivo y almuerzo. Son de unos ahorritos que hicimos”. De nuevo las limosnas. Todos regresan a sus casas, un poco desconcertados. Mientras tanto en el PTN siguen en la construcción de las viviendas y cada día aplazando más la educación.