Agencia Prensa Rural
Mapa del sitio
Suscríbete a servicioprensarural

Antioquia, mal librada en informe de ONU sobre derechos humanos en 2008
Agencia de Prensa IPC / Domingo 5 de abril de 2009
 
De derecha a extrema derecha: Luis Alfredo Ramos, gobernador de Antioquia; Juan Manuel Santos, ministro de Defensa; Álvaro Uribe Vélez, presidente de Colombia; y Fabio Valencia Cossio, ministro del Interior.

El departamento de Antioquia salió mal librado en el 2008, según quedó consignado en el Informe anual de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que fue dado a conocer el viernes pasado en Medellín por el nuevo representante de esta agencia en Colombia, Christian Salazar Volkmann, y el director adjunto Javier Hernández.

El reporte de sucesos violatorios de derechos humanos es preocupante. En términos de cifras, es el departamento con más ejecuciones extrajudiciales registradas en el 2008 y en las que estarían involucrados miembros del Ejército y la Policía; además, fueron frecuentes las detenciones ilegales y arbitrarias, y las desapariciones forzadas; se constató también el surgimiento de grupos armados ilegales surgidos tras el proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

En relación con las ejecuciones extrajudiciales ocurridas en el departamento, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navy Pillay, consignó en su informe que en el año 2008, “de acuerdo con la información obtenida por la oficina en Colombia, en algunos departamentos como Antioquia se ha registrado un incremento de estos casos”.

De acuerdo con la cifras presentadas por la Oficina de la Alta Comisionada, Antioquia encabeza la lista de ejecuciones extrajudiciales registradas en el 2008, con 220; le siguen Meta, con 115; Norte de Santander, con 51; Córdoba, con 37; Casanare, con 29; Caquetá, con 26; y Cesar, con 25 casos.

Sobre las detenciones ilegales y arbitrarias, aseveró que en el departamento de Antioquia se han reportado varios casos que involucran a tropas del Ejército. Este organismo internacional también consignó que la oficina en Colombia “recibió información de acciones de la Policía Nacional, particularmente detenciones y arrestos de individuos pertenecientes a sectores vulnerables de la sociedad, en particular de las zonas deprimidas de Medellín, sin justificación jurídica adecuada”.

En cuando al delito de desaparición forzada, Antioquia no fue ajena a su ocurrencia y sobre ello, la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos destacó lo que ha sucedido en algunos centros urbanos del departamento, “donde esta práctica parece haber sido utilizada para intimidar a enemigos en el contexto de disputas entre bandas criminales y grupos armados ilegales surgidos del proceso de desmovilización de organizaciones paramilitares”.

En su intervención ante un nutrido grupo de activistas de derechos humanos de Medellín y Antioquia, así como de funcionarios de la alcaldía de Medellín, Salazar Volkmann llamó la atención sobre los posibles desaparecidos de la comuna 13, que estarían enterrados en fosas ubicadas en un sector conocido como “la escombrera” y consideró que por respeto a las víctimas se debe detener el depósito de escombros, “pues se sigue provocando dolor al echar capas y capas de escombros”.

Sobre el surgimiento de grupos armados ilegales tras el proceso de desmovilización de organizaciones paramilitares, el informe consignó que la oficina de las Naciones Unidas en Colombia continuó observando las actividades y operaciones de varios grupos armados ilegales, particularmente en los departamentos de Antioquia, Cauca, Chocó, Córdoba, Nariño y Valle del Cauca.

“Mientras que sus estructuras, intereses y modus operandi no son homogéneos, muchos de estos grupos están involucrados en actividades criminales, y especialmente en el tráfico de drogas y otras actividades relacionadas con el crimen organizado. En ocasiones, también están involucrados en actividades legales, como la venta de loterías o la prestación del servicio de seguridad”, precisó el informe.

Otro de los aspectos que resaltó la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos con relación a estos grupos armados ilegales es que, en departamentos como Antioquia, y también en Chocó, Guaviare y Meta, “miembros de la Fuerza Pública habrían permitido y tolerado las acciones”; aunque, aclaró el informe, “esta aquiescencia estaría principalmente explicada por actos de corrupción, pero pareciera también el resultado de la intimidación y amenazas”.

Diversos sectores sociales y políticos reaccionaron positivamente tras escuchar la presentación del informe. Olga Fanny Ruiz, coordinadora de la oficina de derechos humanos de la Asociación de Institutores de Antioquia (Adida), valoró lo dicho por Naciones Unidas, pues a su juicio respalda lo que vienen haciendo los defensores de derechos humanos en Medellín y en el departamento.

“Ya nos tocará a nosotros, las organizaciones de derechos humanos, hacer énfasis en las causas de esos fenómenos”, indicó Ruiz.

Jorge Ceballos, coordinador de la Unidad Permanente de Derechos Humanos de la Personería de Medellín, sostuvo que el informe sobre el 2008 fue mucho mejor que el presentado el año pasado sobre el 2007.

“Hizo énfasis en temas tan importantes como el de ejecuciones extrajudiciales, tan sensible a los defensores de derechos humanos y sobre el que hay que seguir trabajando”, propuso el funcionario.

Ceballos destacó las apreciaciones de Salazar Volkmann sobre la llamada “escombrera” de la comuna 13: “comparto con él la idea de que allí se debe detener el continuo depósito de escombros y comprometer al Estado en el inicio de la exploración del sitio para buscar las fosas”.

En un tono crítico, Jorge Mejía, ex secretario de Gobierno departamental y analista político, sostuvo que frente a las evidencias presentadas por Naciones Unidas, “lo que existe hoy como política del actual gobierno departamental es tratar de esconder esa realidad”.

Una de las bases de su cuestionamiento se centra en la pérdida de ritmo del trabajo por el respeto a los derechos humanos que se venía haciendo desde el año 2007 a través del Comité Interinstitucional Departamental, en la que confluyen diversas entidades del Estado, entre ellas la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía y la Personería de Medellín.

A juicio de Mejía, “de pronto figura en el papel, pues según algunos de sus participantes, se perdió parte de la dinámica que traía desde el 2007. Lo que se quiere reivindicar hoy es la seguridad democrática”.

Carlos Alberto Vallejo, director de la Oficina de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Gobernación de Antioquia, aseveró que el informe de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y las críticas de ciertos sectores sociales hay que recibirlas con “beneficio de inventario”, pues no concuerdan con la realidad que, según él, se vive en el departamento desde el año pasado.

“Ese informe yo lo tomo como beneficio de inventario, pero no lo comparto”, indicó Vallejo. Según él, “desde el año pasado empezamos a reducir los índices y Antioquia ha mejorado ostensiblemente”.

Con relación a las críticas que en materia de derechos humanos le hacen a la administración del gobernador Luis Alfredo Ramos, Vallejo las desestimó: “Hemos trabajado enormemente y la prueba es que las denuncias son muchísimo menos que en otros años. Las críticas vienen de personas que trabajaron con administraciones anteriores que tratan de decir que lo de ellos era bueno y todo lo demás es malo”.

El debate ha quedado abierto, pero lo cierto es que el departamento tiene retos en la prevención de violaciones de derechos humanos que reclaman políticas públicas claras y efectivas para evitar su ocurrencia y revertir las cifras y hechos presentados por la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.