Asociación Campesina del Catatumbo
:: Norte de Santander, Colombia ::
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Campesinos del Catatumbo cumplen compromisos de sustitución
Declaración política del lanzamiento de la Coccam Tibú, Norte de Santander
 

Los campesinos y las campesinas de los municipios de Tibú, San Calixto, Convención, El Tarra, Sardinata, Teorama, Ábrego, La Playa de Belén, Hacarí, El Carmen, Cúcuta y El Zulia de Norte de Santander, representados en 265 Juntas de Acción Comunal, 10 Asociaciones de Juntas de Acción Comunal, 6 Coordinadoras Municipales, la Asociación Campesina del Catatumbo -Ascamcat-, el Movimiento Social y Político Marcha Patriótica y la Juventud Rebelde de Norte de Santander, quienes el día de hoy nos hacemos presentes en el lanzamiento de la Coordinadora Municipal de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana COCCAM de Tibú, que recoge a 3060 núcleos familiares en 90 comités veredales de sustitución, reconocemos a la COCCAM como un escenario organizativo propio que nos permitirá avanzar en los procesos de sustitución concertada y voluntaria de cultivos de uso ilícito. Manifestamos que todas las expresiones y movimientos sociales acá presentes estamos en la disposición de hacer de la COCCAM un proyecto regional y departamental. Por ello declaramos:

1. Resaltamos la necesidad de que como campesinos y campesinas seamos reconocidos por el Estado como sujetos de derechos poseedores de una cultura campesina, capaces de tomar decisiones sobre el desarrollo de nuestro territorio. No podemos seguir siendo dejados de lado en las decisiones políticas y administrativas que influyen directamente en el desarrollo de nuestras vidas. En ese sentido se hace clave fortalecer y garantizar la participación campesina en los escenarios de decisión que surjan de ahora en adelante.

2. A pesar del histórico abandono del Estado a nuestra región, que ha desembocado en diversas problemáticas sociales y que nos ha llevado a tener como base económica los cultivos de hoja de coca, hoy demostramos nuevamente la voluntad política de construir y participar en procesos de sustitución voluntaria y concertada, que tengan nuestra voz como eje central de desarrollo. Este pacto regional que hoy suscribimos es resultado de todo un proceso organizativo comunitario, recoge elementos de nuestras asambleas y mandatos cocaleros y responde a la esperanza que tenemos en que los Acuerdos de Paz alcanzados entre las FARC – EP y el Gobierno Nacional se implementen de forma efectiva en nuestros territorios. Por ello ratificamos a la COCCAM de Tibú como un espacio organizativo propio que nos permitirá alcanzar una sustitución con garantías.

3. A pesar de los esfuerzos del campesinado y su intención de suscribir acuerdos de sustitución, lamentamos que hoy no contemos con la presencia de delegados con capacidad de decisión del Gobierno Nacional, lo cual demuestra nuevamente la falta de interés y el desconocimiento de la voluntad de campesinos y campesinas por trabajar en una solución definitiva a las causas estructurales del problema de los cultivos de uso ilícito en la región. Rechazamos la falta de compromiso del Gobierno Nacional que hoy se refleja en la ausencia del mecanismo tripartito en este escenario. Por tal motivo hemos dirigido una solicitud al CNR y al PNIS para lograr concretar un acuerdo concertado de sustitución para la región, ante la cual exigimos una respuesta inmediata y favorable.

4. En contravía a las respuestas del Gobierno, se hace necesario reconocer que como campesinos y campesinas cumplimos los compromisos que hemos adquirido con el Gobierno Departamental y Nacional en procesos de no resiembra de cultivos de hoja de coca. Tal fue el caso del Acuerdo de Reparación Integral a las Víctimas de las Erradicaciones Violentas – Posterradicación, en el 2013 y 2014, dónde las 400 familias que fueron reparadas no han resembrado coca, volcando su actividad económica a otros cultivos que han garantizado su soberanía alimentaria.

5. A pesar de todos los esfuerzos realizados a nivel regional y nacional por parte de campesinos y campesinas cultivadores y trabajadores de cultivos de coca, amapola y marihuana, y aunque hoy se hable de paz, la respuesta del Estado sigue siendo violenta, manifestándose con las erradicaciones forzosas que se han presentado en los departamentos de Putumayo, Macarena, Cauca, Guaviare y Nariño, entre otros. Dichas acciones han dejado saldos considerables de víctimas y pérdidas materiales, evidenciando nuevamente el fracaso de una estrategia que no soluciona el problema social de fondo, sino que criminaliza y vulnera los derechos del campesinado. Reflejo de esta política fracasada, hoy denunciamos el atropello por parte de la Fuerza Pública a campesinos y campesinas de Tumaco, La Macarena, Guaviare y Cauca, quienes han demostrado su voluntad política a través de la firma de acuerdos regionales de sustitución y reclaman una solución integral al problema de los cultivos declarados ilícitos, con la esperanza de poder avanzar de una forma pacífica en los escenarios de sustitución. Por ello, nos solidarizamos y respaldamos su justa lucha y esperamos que el Gobierno reconozca sus exigencias, cumpliendo con lo acordado en La Habana.

6. El Paro de 53 días del Catatumbo en el 2013, fruto legítimo de la defensa del territorio y la exigencia de una solución estructural a nuestras problemáticas sociales, tuvo como resultado la reactivación de la Mesa de Interlocución y Acuerdo MIA Catatumbo a través del Primer Encuentro Social del Catatumbo, en donde el Gobierno Nacional asumió compromisos con el campesinado, entre los cuales se destacan la garantía de los derechos humanos, los acuerdos de confianza, la Zona de Reserva Campesina y la no erradicación mientras no haya un acuerdo de sustitución voluntario y concertado con las comunidades campesinas. Sin embargo la estrategia gubernamental sigue representando una amenaza para una salida concertada al problema de los cultivos de coca, por lo que como comunidades organizadas ratificamos que como gran familia del Catatumbo si tocan a una vereda con la erradicación, tocan a toda la región, ante lo cual no dudaremos en movilizarnos.

7. Reconocemos a la Asociación Campesina del Catatumbo, Ascamcat, como actor e interlocutor válido y legítimo de nuestras comunidades, quienes por más de 10 años han luchado por la vida, la dignidad, la tenencia de la tierra, la permanencia en el territorio y la Paz con justicia social. Respaldamos a la Ascamcat y sus directivas, en el sueño de construir un Catatumbo en paz con justicia social y rechazamos las acciones mediáticas para desprestigiar la organización y las estrategias del Gobierno para desconocer y dividir el trabajo organizativo campesino, a través del paralelismo en la región.

8. Como campesinos y campesinas que luchamos y defendemos nuestro territorio, nos solidarizamos con nuestros dirigentes de la Ascamcat, Marcha Patriótica, Juventud Rebelde y la destacada compañera Judith Maldonado de la agrupación política Voces de Paz, quienes han sido amenazados, por creer que un nuevo Catatumbo es posible. Por lo tanto exigimos la inmediata implementación de las Garantías de seguridad para el desarrollo de las actividades de los movimientos sociales en Colombia.

9. Manifestamos nuestra decisión de crear un nuevo Catatumbo y exigimos una respuesta por parte del Gobierno Nacional que esté a la altura de nuestros sueños de paz con justicia social, cambio y transformación; por ello hacemos un llamado al Gobierno Nacional y a la guerrilla del ELN a negociar bajo el cese al fuego y a concretar un acuerdo de paz lo más pronto posible. Consideramos también necesario que el EPL y el Gobierno Nacional se sienten en una mesa con el propósito de construir caminos de diálogo para la reconciliación del Catatumbo.

10. Finalmente hacemos un llamado a toda la base social del Catatumbo y del país a permanecer en unidad y con la moral en alto, para la defensa y la exigencia de la implementación inmediata de los Acuerdos de Paz.

El Catatumbo ya está listo para la construcción y la implementación de la paz con justicia social.