El Consejo Comunitario del rio Jiguamiandó y la Asociación de Desplazados del rio Jiguamiandó (ASODEPAR), en representación de las 11 comunidades que conforman el territorio colectivo y de la población que aún se encuentra en situación de desplazamiento forzado en la región del Urabá, hace un llamado urgente a las instituciones de Gobierno para que tomen medidas inmediatas de prevención y protección debido a la nuevas situaciones de riesgo que amenazan el proceso de restitución del territorio colectivo, iniciado con el Auto 18 de mayo de 2010 y el 299 de 2012, y la vida de los habitantes de las 11 comunidades, del Consejo Comunitario y su representante legal.

La situación actual nos resulta preocupante porque podríamos volver a un escenario de violencia paramilitar ligada a grandes proyectos empresariales agro-industriales y de mega-minería para nuestros territorios, como la que se vivió entre 1997 y 2003, cuando gran parte de las comunidades de Bajo Atrato fueron víctimas del desplazamiento forzado masivo y otros crímenes atroces, los cuales han vuelto a ocurrir hoy en día en las cuencas de los ríos Truandó, Salaquí, Cacarica y Domingodó.

A continuación exponemos las principales causas del riesgo en la que se encuentra nuestro territorio:

1. Incursión de neoparamilitares al territorio desde septiembre de 2016 con el objetivo de copar zonas donde hacían presencia las FARC antes de su agrupamiento en las zonas veredales. Durante el mes de marzo de 2017 hemos registrado la presencia de hombres armados pertenecientes a estas bandas emergentes:

 El 7 de marzo ingresaron al resguardo indígena de Urada – Jiguamiandó, comunidad de Bidoquera - rio Ancadía, manifestando que se iban a quedar en el territorio. Ingresaron a la vivienda donde estaba una mujer y cuatro niños prohibiendo denunciar su presencia.

 El día 9 de marzo, en horas de la mañana hombres armados (neoparamilitares) se asentaron en el punto conocido como la Dominga en el territorio del Consejo Comunitario de Jiguamiandó y en límites con el Resguardo indígena Alto Guayabal y se encuentraban en las población La Mina, Tamboral y El Chorro reclutando jóvenes, restringido la movilidad y el ejercicio tradicional de la casa y de la agricultura de la población, e incentivando la siembra de cultivos de coca.

 El día 14 de marzo conocimos la existencia de un listado con nombres del miembro del Consejo Comunitario de Jiguamiandó que nos hace objetivo militar. Lo anterior responde al control territorial y social que este grupo pretende tener en la zona, y nosotros como defensores y defensoras de la vida y el territorio nos convertimos en obstáculo para los intereses de las AGC. Lo mismo ocurre con nuestro hermano del resguardo indígena Urada- Jiguamiandó, Argemiro Bailarín.

 El 15 de marzo, las AGC entraron a la finca Santa Rosa, en territorio colectivo de Jiguamiandó, anunciando su ingreso a la comunidad de puerto Lleras, los armados enviaron mensajes a la comunidad negra e indígena afirmando que se van a quedar en el territorio.

 El 23 de marzo tuvimos conocimiento del ingreso de otro grupo de 100 neoparamilitares de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia en la comunidad El Vergel. Tres días después fueron atacados nuestro hermano Richard Guaraona y nuestra hermana Manuelita Santana, mientras pescaban en el caño El Arrastradero, ubicado en la comunidad de San Rafael, territorio colectivo de Jiguamiandó, Chocó. Aunque desconocemos los responsables del hecho, coincidencialmente se ha intensificado la presencia de las "Autodefensas Gaitanistas de Colombia" (AGC), en El Vergel a 20 minutos de donde ocurrió el ataque.

Richard y Manuelita regresaron al territorio de Jiguamiandó a la Zona Humanitaria de Nueva Esperanza. Desde hace 5 meses comenzaron el proceso de retorno a su predio ubicado en la comunidad de San Rafael, el cual está ocupado por el empresario ganadero, caracterizado por el INCODER como ocupante de "mala fe", Darío Montoya.

Este mismo día tuvimos conocimiento de decenas de integrantes de las autodenominadas "Autodefensas Gaitanistas de Colombia", AGC, que están ingresando al territorio colectivo de Jiguamiandó por el punto conocido por El Guamal.

Desde el 2015, los neoparamilitares de las autodenominadas de "Autodefensas Gaitanistas de Colombia" se han ido consolidando militarmente y controlando socialmente el territorio con la penetración en consejos comunitarios, el reclutamiento forzoso de personas, apuestas económicas asociadas con el tráfico de drogas y agronegocios, así como la incidencia en poderes políticos locales.

Por otra parte, la población desplazada vivió y está viviendo muchos hechos victimizantes por el abandono del gobierno nacional, al igual que el riesgo que están viviendo los líderes comunitarios dentro y fuera del territorio a pesar de que se lleva un proceso de atención a esta población mediante autos emitidos por la corte constitucional.

Por lo anterior, solicitamos al Gobierno Nacional, en especial, a las entidades compelidas en las órdenes de los Autos de la Honorable Corte Constitucional hacer presencia activa de manera urgente e inmediata en el territorio y construir un plan de contingencia para la prevención de vulneraciones de los derechos étnicos territoriales en concertación con el Consejo Comunitario, ajustado a los nuevos hechos de violencia, ocupación territorial y riesgos de desplazamiento forzado que acontecen actualmente en el territorio.

Así mismo, llevar a cabo acciones urgentes para salvaguardar el proceso eleccionario de la nueva junta directiva del Consejo Mayor, a realizarse próximamente, el cual se vería afectado debido a las amenazas que se han hecho contra miembros de la Junta Directiva del Consejo Comunitario.

Firman: