Con preocupación se recibió la denuncia realizada por la CSIVI-FARC, en el comunicado fechado el 21 de mayo del presente año, acusando al Gobierno Nacional de haber faltado a su palabra al radicar en la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas un documento diferente al consensuado al interior de la CSIVI; después del compromiso asumido por el Alto Comisionado para la Paz.

Según las FARC el proyecto de decreto –elaborado conjuntamente- “Por el cual se adoptan medidas para facilitar la implementación de la Reforma Rural Integral contemplado en el Acuerdo Final en materia de tierras, específicamente el procedimiento para el acceso y formalización a través del fondo de tierras”; que reconocía como beneficiario del acceso a la tierra a campesinas y campesinos. Este proyecto, no solamente no fue radicado ante la MPC, sino que además con el nuevo texto se amplían los beneficios para los grandes propietarios a través del otorgamiento de derechos de uso, limitando también la participación de las comunidades.

Ante estos hechos se exige al Gobierno Nacional que aclare la situación y que cumpla lo que el mismo presidente Juan Manuel Santos firmó tras negociar por casi cinco años. Lo que no es un compromiso solamente con las FARC, sino con todos aquellos que respaldaron desde el primer día el proceso de paz.