Mientras continúa el paro en el Pacífico colombiano, los grandes medios de comunicación sesgan la información, mostrando cifras y opiniones que generan incertidumbre y desvían la opinión de la grave situación social que se vive en estos lugares.

Este es el caso de Bojayá que ha sido tratado con indolencia y amarillismo sin entender la realidad de un pueblo que se debate entre el dolor, el abandono estatal y la pobreza, pero que a pesar de todo se la jugó por la paz y apoyó los acuerdos en el plebiscito.

Después de los hechos ocurridos el 2 de mayo de 2002, muchos de los habitantes de esta población chocoana salieron corriendo sin saber qué pasó con sus seres queridos. Hoy regresan después de 15 años para el proceso de exhumación que se viene adelantando con la Fiscalía y Medicina Legal.

Según académicos, “tal vez, uno de los procesos más dolorosos en los que se encuentra la víctima, posterior al hecho violento, es no saber donde descansan los restos de su ser querido y posteriormente ser revictimizado hasta por el mismo Estado instrumentalizando la verdad”.

Es así que el comité de víctimas de Bojayá, en un protocolo difundido con la ONU, expresó a los medios de comunicación la necesidad de elaborar su duelo en la intimidad y por tanto expresó que no quería “las cámaras en la nuca”, como afirmó Leyner Palacios, vocero del comité de esa población, puesto que para ellos la intimidad es un proceso y un derecho que les deben ser respetados. Por tanto, se acordó en una rueda de prensa, junto con las entidades competentes, el pasado 21 de mayo que a los medios se les informaría sobre los avances de la exhumación.

La polémica comenzó por el reportaje de Patricia Nieto, periodista del portal Verdad Abierta, que viajó a terreno para documentar los hechos, donde se encontró con la exigencia de la comunidad de no dejar entrar a los reporteros.

Posteriormente, Nieto narró los hechos desde su óptica informativa ante la negativa de la comunidad afirmando que: “en nombre del dolor, algunos líderes de los colectivos de víctimas se erigen en un poder de hecho para controlar la información”, refiriéndose a la restricción del protocolo.

Ante el hecho, la solidaridad de una parte del gremio de periodistas no se hizo esperar. Todo tipo de opiniones afloraron como la de Pascual Gaviria, Ana Cristina Restrepo y Juan José Hoyos, quiénes condenaron en medios como El Espectador y El Colombiano la actitud del comité afirmando que estaban censurando la libertad de prensa.

Para ellos, es gravísimo que la comunidad guarde silencio pues las víctimas estarían censurando la información a quienes no tienen acceso a ella, afirmando que esta acción lleva a la manipulación y hasta violación de la constitución como escribe airadamente Pascual Gaviria en su columna de El Espectador.

Por otro lado, Ana Cristina Restrepo y Juan José Hoyos, de forma más diplomática, se refirieron a que gracias al ejercicio periodístico se han documentado los horrores como el holocausto y masacres que sin este ejercicio estarían en el anonimato o la impunidad.

Queda para la reflexión el testimonio de Paula Gaviria, Consejera Presidencial para los Derechos Humanos, en el que asevera: “nos hemos equivocado mucho como Estado en Bojayá. En 15 años hemos intervenido muchas veces causando daño y por eso les pido perdón… En los procesos culturales hay silencios que tienen que respetarse”.

Al respecto, Agencia Prensa Rural como medio al servicio de las comunidades campesinas, también victimizadas, se pregunta ¿Hasta dónde es prioridad informar pasando por encima de los derechos de las víctimas?

Tal vez este acto de contrición también lo puedan hacer los medios en algún momento que solo han mirado a Bojayá por el morbo y el amarillismo.