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Columna de opinión
El elefante de la corrupción, la Asamblea Constituyente y el congreso de las Farc
Alberto Pinzón Sánchez / Martes 22 de agosto de 2017
 

Uno de los graves errores cometidos por los “partidarios de la solución política del conflicto colombiano” (tanto de las Farc como de amplios sectores de la sociedad civil) consistió en dejar pasar de largo la matriz mediática contrainsurgente favorable a la fracción de Uribe Vélez, de que los diálogos de la Habana eran entre las Farc-Ep con el gobierno de JM Santos y no con el Estado, representado por este mascarón de proa momentáneo que estimuló esta versión, porque al “personalizar” el proceso, como ocurrió, pudo recibir el premio Nobel de paz de 2016, a la vez de innumerables elogios y renombres globales de sus sostenedores trasnacionales por su buena “gobernanza”.

Pero en el interior de Colombia, el hecho de que el Estado colombiano como un todo (así sea un Estado tomado por la lumpen burguesía y la mafia narcoparamilitar criolla) no hubiese asumido el conflicto interno y su solución política, ha tenido en la práctica resultados desastrosos al momento de “implementar” lo acordado tal y como lo estamos viendo:

La rama legislativa, donde se suponía que la exitosa gobernanza Santista se encargaría (teóricamente) de reemplazar la Asamblea Constituyente propuesta inicialmente por la Insurgencia para que convirtiera en leyes lo acordado, convirtió este paso en una burda transacción comercial entre mafias, con dinero y corrupción de por medio, entre la los “honorables padres de la patria” y la rama ejecutiva o presidencial (cuya elección presidencial fue financiada por Odebrecht o la transnacional de la corrupción), la que a través de las varias agencias presidenciales se ha encargado de suministrar a manos llenas y públicamente los dineros de la corrupción, llamados para el caso con el piadoso, inofensivo y dulce nombre de “mermelada”.

Ni se diga de la rama judicial, sus magistrados corruptos y venales, convertidos en una verdadera mafia por fuera de los famosos controles de la democracia, que fueron convirtiendo lentamente las altas corporaciones judiciales en oscuras logias medievales de transaca; reforzadas por el Fiscal de turno, en especial el actual NH Martínez, un desvergonzado politiquero de la mafia Vargas Llerista, atento a negociar todo tipo de beneficios no solo para la imparable campaña presidencial de su sostenedor político, sino para su principal “cliente”, el cacao banquero Sarmiento Angulo, y para los “demás defendidos por el fiscal anticorrupción” nombrado directamente por él. A lo cual hay que agregar la operación tortuga de los jueces, la mayoría de ellos parte de la poderosa malla burocrática dejada por la ultima toma narcoparamilitar del Estado realizada por Uribe Vélez, opuestos por principios a la ejecución de los Acuerdos de la Habana.

El resultado está a lo vista: un Acuerdo de Paz legal de carácter internacional firmado por dos partes legítimamente reconocidas y facultadas para ello, después de 10 meses de la firma de su versión final acordada, se encuentra solo implementado en un 10% [1] abierto a permanentes y continuas discusiones, interpretaciones y modificaciones interminables, y a la espera del triunfo inevitable de la coalición política religiosa y retrógrada de Uribe Vélez-Pastrana-Ordoñez, a la cual se ha unido el candidato Santista de “unidad oligárquica” Vargas Lleras, con el lema político del momento “de que hay que evitar que Colombia se convierta en una Venezuela”.

Así, el proceso revolucionario venezolano, que después de la amplia movilización social y la Asamblea Constituyente Bolivariana realizados para enfrentar la larga arremetida violenta de las guarimbas fascistas de la llamada oposición democrática venezolana, al parecer, se ha convertido en un “contagioso” y real proceso constituyente revolucionario que ha llenado de susto y alarma a la dirigencia imperialista con sus cipayos y lacayos latinoamericanos, especialmente los de Colombia; país que con sus 7 bases estadounidenses y su inveterado arrodillamiento al Pentágono, ya se puede afirmar que se ha convertido en la Honduras de los años 80, base de la llamada “contra nicaragüense”, destinada a destruir militarmente el proceso revolucionario sandinista, financiada por el gobierno de Reagan con los dólares del narcotráfico, gestionados por el teniente coronel del US Marines Oliver North.

Hoy el Bloque de Poder Contrainsurgente (BPCi) dominante en Colombia y del cual forma parte esencial el presidente JM Santos, a través de su ex vicepresidente y candidato presidencial Vargas Lleras, ha cerrado filas y se ha unido en un todo frente y contra el proceso revolucionario que actualmente se desarrolla en Venezuela con el fin de erradicarlo de Latinoamérica.

Además de la “renegociación permanente del Acuerdo de la Habana”, de su no cierre, de que lo único realmente en ejecución y cumplimiento es el componente militar del Acuerdo, como el desminado, el cese al fuego y la entrega de armas por parte de las Farc-Ep; están como pruebas contundentes de la preparación contrainsurgente colombiana: 1- El reforzamiento de las estructuras narcoparamilitares con su estrategia de exterminar gota a gota los dirigentes populares y los reinsertados de las Farc-EP, sin que el Ministerio de Defensa y demás autoridades militares o judiciales muevan un dedo.

2. El tratamiento de guerra a la protesta social cuyo experimento más reciente es el uso de francotiradores militares especializados en la larga distancia contra los dirigentes cívicos del paro de los pequeños mineros en Segovia y Remedios Antioquia, que ya lleva más de 30 días sin resolverse.

3. El surgimiento de un nuevo ciclo de violencia política desde el Estado en los territorios “dejados” o entregados por las Farc-EP, con el manido cuento del “vacío de poder dejado por las Farc” y el combate militar a los Grupos Armados Organizados (GAO) que allí permanecen o han llegado.

Por el contrario, en esta abigarrada realidad de la actual lucha de clases tanto nacional como internacional, el bloque popular contrapuesto al contrainsurgente del Estado, a pesar de los viejos clichés de la unidad de los de abajo, la convergencia de los excluidos y humillados, los frentes anticorrupción, etc., permanentemente invocados después de cada mitin o reunión de la izquierda electoral pero sin materialización concreta, no ha podido concretar una verdadera unidad popular que conduzca a las clases subalternas hacia una posición independiente como alternativa de poder con la que se pueda superar la crisis económica y moral en la que se halla sumida la dominancia colombiana. En cambio, y para aumentar la desesperanza de los dominados y (esos si) explotados por el capital trasnacional, pulula en la mayoría de las organizaciones que se reclaman de izquierda o incluso de oposición, un santismo disfrazado de pacifismo y retorica populachera ignorante de la lucha de clase (que no da ni para ser llamado populista) de hacer una “enorme” coalición electoral pro-paz.

Pueda ser que el tan esperado congreso de las Farc-EP, con el cual se convertirán o transformarán en partido político ya desarmado, no caiga en estos cantos de sirena populacheros ignorantes o negadores de la lucha de clases y mantenga su tradicional independencia política e ideológica con la que fue fundada por Marulanda y Jacobo hace 52 años, y persista o permanezca en su idea de impulsar un proceso constituyente popular y revolucionario como el venezolano, que saque a Colombia de la postración en que está.