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Guerra contra las drogas afecta a los más vulnerables
Agencia Prensa Rural / Miércoles 20 de septiembre de 2017
 

La guerra mundial contra las drogas ha sido un fracaso, así lo dejó entrever el discurso de Juan Manuel Santos en la Asamblea General de la Naciones Unidas donde aseguró que “el remedio ha sido peor que la enfermedad”. En este sentido Colombia es uno de los países que más víctimas ha puesto en la confrontación contra el narcotráfico.

Muchas drogas que antes se exportaban a los países del norte, ahora se producen en sus propios garajes; además el mercado se ha llenado de drogas sintéticas y legales que han entrado en la gama de productos que se ofrecen en las calles debido a la creciente demanda. Pese a ello la lucha contra las drogas, abanderada por EE.UU., continúa con los viejos esquemas: persiguiendo al cultivador como si éste fuera quien se lucra con el tráfico o quien la pone a circular en las ciudades.

La guerra contra las drogas es una iniciativa que los norteamericanos han impulsado desde la administración de Richard Nixon y ha continuado con las diferentes administraciones hasta el día de hoy. Paradójicamente el informe que el presidente norteamericano encargó a la Comisión Shafer, para centrar su política frente a las sustancias psicoactivas, informó que el alcohol también tenía graves consecuencias en la población y que quizás el consumo de éste era más perjudicial que el Cannabis. A pesar de que las conclusiones no eran tajantes la administración norteamericana decidió combatir la producción, distribución y consumo de las drogas que no fuesen certificadas para uso médico.

EE.UU. han utilizado, bajo pretexto de la lucha contra las drogas, la intervención directa e indirecta en diversos países del mundo. Noam Chomsky en relación a este tema argumenta que esta política sirve para suprimir tendencias democráticas en Estados Unidos y es empleada “para justificar las intervenciones y control de amenazas al poder imperial en el extranjero”.

En Colombia, como otros países de Suramérica, el negocio de las drogas ha permeado a gran parte de la sociedad: sectores de la justicia, políticos, fuerzas militares y otros actores más han sido tocados por esta acción, que es fuente para alimentar los conflictos armados internos.

En Colombia las riquezas no ha sido distribuidas equitativamente. El negocio de los cultivos de uso ilícito dinamiza capitales en las regiones más apartadas y pobres. A falta de inversión social, con un baja calidad de vida y ante la ausencia de oferta laboral el campesino, sujeto sociopolítico olvidado durante décadas, termina cultivando coca, amapola y marihuana, no por gusto sino por necesidad económica. Gran parte de una población rural en Colombia está desamparada por el Estado, por tal motivo los labriegos han tenido que cultivar lo que les toque con tal de subsistir.

En ese sentido un campesino del sur de Bolívar manifestó “yo no quisiera cultivar esa joda, pero si cultivo yuca o plátano la ganancia es mínima, los peces están envenenados con mercurio y casi ya no hay, lo que gano me lo tiro en los solos fletes y el gobierno no ofrece alternativas para cambiar de trabajo, no hay inversión social, caminos, trabajo, no hay nada y pues no nos vamos a dejar morir de hambre”

No se puede medir con la misma balanza al campesino pobre que cultiva y vende su fuerza laboral y a aquel que maneja las ollas (expendios de drogas), el discurso del presidente Santos dista mucho de la realidad porque si bien la política antidrogas se ha revaluado en el país, en la práctica se sigue erradicando, no sustituyendo, continúa la coacción y no la concertación.

En el caso del Catatumbo los campesinos quieren la sustitución, pero el Estado persiste con una política de erradicación violenta, sin concertación ni cumplimiento, imponiéndose por encima de los derechos de los más vulnerables.