Han pasado cinco años desde que el gobierno de Juan Manuel Santos instaló el proceso de restitución de tierras en el Urabá antioqueño y hoy los campesinos están muriendo de viejos sin que la devolución de sus predios haya sido una realidad.

En esta región hay más de 7.000 procesos de reclamación inscritos ante la Unidad de Restitución de Tierras. La mayoría de campesinos fueron despojados de sus predios en medio de la violencia paramilitar, principalmente entre los años 1996 y 1998, durante el gobierno del expresidente, Álvaro Uribe Vélez.

"O vende usted o vende la viuda", fue la frase de intimidación con la que miles de labriegos terminaron vendiendo sus predios por la fuerza y a precios irrisorios, en medio de masacres, enfrentamientos , desapariciones forzadas y agresiones físicas y psicológicas, protagonizadas por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Lo que piden las víctimas es celeridad en el proceso y garantías para reclamar y para retornar, en caso de resultar beneficiados, ya que muchos de los opositores continúan usando a los grupos paramilitares para impedir el proceso de restitución.

En zonas como Macondo, Blanquicet, Villa Eugenia, Guacamayas y, en general, en el territorio del Consejo Comunitario de La Larga Tumaradó, los reclamantes que han retornado han sido víctimas de homicidios, amenazas, ataques físicos, hurtos y la quema de sus viviendas por parte de grupos paramilitares al servicios de empresarios y terratenientes.

Y esto ocurre, pese a que los reclamantes están protegidos en el territorio con medidas cautelares emitidas en el auto 00181 de 2014 por el Juzgado Primero de Restitución de Tierras de Quibdó.

La pregunta es: ¿Qué pasa con la reparación y las garantías de NO repetición para las víctimas en Urabá y en general en Colombia?