Por cuenta de la erradicación forzada y la falta de políticas coherentes frente al manejo de cultivos de uso ilícito, se agrava la situación en el sur del país. El Gobernador de Nariño, Camilo Romero, lamentó el asesinato de José Jair Cortés, ocurrido el pasado martes en la zona rural de Tumaco. Cortés era líder miembro del Consejo Comunitario del Territorio del Alto Mira y Frontera y la Pastoral Social de Tumaco. [1]

Cortes fue uno de los líderes que denunció la masacre de la comunidad campesina, afro e indígena ocurrida el 5 de octubre en la Vereda Puerto Rico del Municipio de Tumaco, Nariño, donde 6 personas fueron asesinadas y un herido de gravedad murió días después, según las autoridades. Por su parte, los campesinos de la zona hablan de más de 50 heridos y muchos más muertos.

Los móviles del asesinato de José Jair están por investigarse, sin embargo el gobernador de Nariño exigió al Gobierno Nacional tomar las medidas de protección para que el posacuerdo no sea simplemente un símbolo puesto en la solapa, como aseguró a el diario El Espectador.

Según fuentes en la región, hasta hoy en horas de la mañana el cuerpo de José Jair Cortés no había sido levantado. Lo que recuerda el tratamiento que también se le dio por parte de las autoridades a otros líderes sociales en el país, como William Castillo asesinado el 7 de marzo del 2016 en el municipio de El Bagre, Antioquia, en el cual las autoridades también tardaron horas en acercarse.

Después de las denuncias hechas por las comunidades rurales de Tumaco, frente a los hechos de la masacre, las condiciones de seguridad de los líderes comunitarios cada vez son más difíciles, hechos que fueron puestos en conocimiento de las autoridades correspondientes. En esta zona se están llevando las erradicaciones forzadas ordenadas por el Gobierno y según éste hay presencia de diversos grupos armados, lo que pone en riesgo total a la población.

Organizaciones sociales como la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (COCCAM) y Marcha Patriótica, además de las comunidades campesinas, afros e indígenas han sido críticos de la manera como se está llevando la política de erradicación por parte del Gobierno, pasando por encima de la problemática y del Acuerdo de paz que especifica cómo se debe tratar este tema, de manera gradual, voluntaria e integral.

Adicionalmente, en las comunidades de Nariño también corre el rumor de una masacre contra 6 excombatientes de las FARC, pertenecientes al antiguo frente 29. Este hecho sin confirmar habría sucedido en el sector de San José del Tapaje, en el punto de Isupí, municipio del Charco. La dirección de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Aldemar Galán “insiste en que esta información es parcial, pues las comunicaciones con el sitio de los hechos han resultado muy complejas”.