“El Congreso nunca tuvo en cuenta que el acuerdo de paz, es un acuerdo especial con vinculación de los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario, contemplado en los convenios internacionales firmados por Colombia”, es la afirmación con la que el Consejero Político de la FARC, Iván Márquez, arranca su balance de un año de la implementación de los acuerdos de paz tanto en el territorio como en el legislativo.

Con la renegociación de los acuerdos de paz de La Habana, luego de la victoria del “No” en el plebiscito, y la posterior firma de los nuevos acuerdos entre el Estado y el comandante en jefe de las FARC-EP, Timoleón Jiménez, se abrió una nueva etapa política para el país: la implementación de la paz.

El trámite

La tarea estaba lista para que las obligaciones bilaterales, fruto del acuerdo, se fueran cumpliendo en la medida que avanzaban los puntos urgentes, entre ellos, la adecuación legal del acuerdo por medio del fast track y la dejación de armas de la guerrilla.

A la par se avanzaría en la reincorporación económica de su fuerza insurgente; así como la transformación en partido político legal. Mientras tanto, el poder judicial se encargaría, a través de la Corte Constitucional de darle legitimidad a lo acordado y los jueces de Ejecución de penas iniciarían el proceso de excarcelación de los combatientes por medio de la ley de amnistía.

Aunque la Corte Constitucional avaló la refrendación, le impuso las primeras modificaciones que le abrieron la puerta a la renegación de los acuerdos y allí las fuerzas políticas de derecha, que prometieron volver trizas el acuerdo, tuvieron una oportunidad de oro. Con un gobierno sin timón político en el Congreso, la oportunidad de dilatar las discusiones y archivar cada una de las iniciativas de paz presentadas por el ejecutivo o la FARC, se hacían evidentes.

Para la FARC el proceso pasa por una crisis que puede ser superable en la medida que el Presidente asuma su responsabilidad: “El proceso tiene una mancha de perfidia en un momento de crisis pasajera, si el Presidente Santos asume exclusivamente la riendas de su conducción y no deja en esa tarea a otros. Confiamos en que pueda tomar las mejores decisiones en lo que sería la mejor obra de su gobierno, la paz”. Pero a la FARC le preocupan en este momento cuatro situaciones puntuales.

La JEP

La primera preocupación de la exguerrilla es la desnaturalización de la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, convenida en La Habana. Ahora parece como una jurisdicción unilateral, es decir solamente para la FARC, mientras se esfuman las impunidades de otros sectores políticos involucradosen el conflicto.

“Era un componente del Sistema de Justicia, Verdad y No Repetición, que vincularía a todos los participantes en el conflicto armado en la JEP. Nos preocupa que se esté afectando su columna vertebral, la verdad. La justicia restaurativa tiene como fundamento la verdad detallada de lo sucedido para acceder a los tratamientos especiales. Lo pactado en La Habana, no contempla impunidad para nadie. Y como están las cosas se pretende desconocer la verdad porque en Colombia hay sectores que le temen más a verdad que el diablo a la cruz”, señaló Iván Márquez.

La extracción de civiles y paramilitares de la JEP, se ve mal. “No se permitió el funcionamiento de la unidad de lucha contra el paramilitarismo como estaba pactado en La Habana, por la simple razón que al Fiscal Martínez, no le gustó, a pesar que dicha unidad hacia parte de ese órgano de investigación. Esta unidad iba actuar solamente si la Fiscalía General de la Nación, no procedía ante los casos denunciados de paramilitarismo que son casi 15 mil con compulsas de copias. Ese solo hecho justificaba la puesta en marcha de la unidad”, subrayó Márquez.

Trampas judiciales

Otra de las preocupaciones por lo aprobado en el parlamento es en relación a la seguridad jurídica de los excombatientes. Márquez se refiere a la batería de proposiciones presentada por el Fiscal Néstor Humberto Martínez, quien en cada debate anunciaba reparos, muchos de ellos, conciliados para contar con la bancada de Cambio Radical en su aprobación. Aun así, para la FARC, quedó la puerta abierta para que los encaucen por la vía ordinaria y pierdan su juez natural, la JEP.

“Sorprende que con la figura de la disidencia, los delitos sexuales y la declaración de bienes o el “testaferrato”, el Fiscal aspire a ver en la cárcel a la dirigencia de la FARC. Sabemos cómo la Fiscalía estaba haciendo montajes, por ejemplo a nuestro compañero Óscar Montero con el sonado caso de Surtifruver. ¿Quién está detrás de estos montajes? Eso nos genera mucha desconfianza. De haber un montaje pues se pueden justificar acciones militares y policiales contra exmilitantes y excomandantes”, señaló en su balance Iván Márquez.

“Hay una práctica común entre los medios de comunicación y la Fiscalía: hacer esos escenarios de prejuzgamiento, llevándose por delante los principios de inocencia. La Fiscalía y las Fuerzas Militares, junto a los grandes medios de comunicación trabajan en sintonía para crear falsos positivos y enjuiciamiento con montajes. Somos los primeros en asumir la JEP, ojalá otros responsables hagan lo mismo”, indicó el candidato a la Cámara por el Atlántico, Jesús Santrich.

Reforma política

Al respecto del hundimiento de la reforma política, el Consejero Político del nuevo partido aclaró: “La reforma política nada tiene que ver con la pactado en La Habana, dijimos que queríamos abrir la puerta de la democracia, dijimos que se debía implementar el voto electrónico para frenar el fraude, pero a cambio nos dieron un brindis, copa en alto declarando larga vida a la corrupción y el clientelismo. Coaliciones para el transfuguismo de los grandes tiburones políticos que no dejarán de destrozar las rentas del Estado”.

Sin reinserción económica

“El Gobierno dice que no hay plata para financiar a nuestra gente”, señala la FARC. Y es que el reclamo en materia de reintegración económica es por la inactividad de los proyectos productivos. De hecho ha sido la guerrilla la que ha venido dando pasos en esa dirección emprendiendo de manera autonómica los proyectos productivos en cada uno de los Espacios Territoriales de Reincorporación, sin iniciativa gubernamental.

“Hay jugosos recursos para los municipios que albergan las zonas de reincorporación. Y las autoridades locales podrán desarrollar proyectos, incluso de salubridad, pero no hay plata para las adecuaciones necesarias en las zonas de reincorporación. Y eso hace que los excombatientes pierdan confianza”, señalan los voceros de la FARC.

Solidaridad internacional

La FARC agradeció cada una de las expresiones diplomáticas por el éxito de la implementación. Se refiere al pronunciamiento del Consejo de Seguridad de la ONU que le reclama al Gobierno nacional, cumplir con lo pactado. De la misma manera se refirió la FARC a lo dicho por el gobierno Noruego, garante del proceso de paz, llamando a que la implementación sea ajustada a los términos de lo acordado.