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Informe "Presencia de grupos paramilitares y algunas de sus dinámicas en Antioquia"
/ Viernes 15 de diciembre de 2017
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El informe sobre “Presencia de grupos paramilitares y algunas de sus dinámicas en Nordeste, Norte, Urabá y Valle de Aburrá de Antioquia”, fue coordinado y elaborado por la Asociación de Víctimas y Sobrevivientes del Nordeste Antioqueño (ASOVISNA), la Corporación Jurídica Libertad (CJL) y la Fundación Sumapaz conjuntamente para la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU) Nodo Antioquia. Este documento es el resultado de un trabajo colectivo desarrollado [1] con otros espacios sociales y procesos organizativos de la región durante el presente año.
Los resultados se presentan en tres ejes: la presencia de los grupos paramilitares que operan en los territorios; dinámicas económicas, principalmente ilegales y dinámicas socioterritoriales que muestran el control sobre la población; agresiones, específicamente homicidios y amenazas contra la labor de los líderes, las lideresas, los defensores y las defensoras de derechos humanos [2]. Las subregiones analizadas son: Nordeste, Norte, Urabá y Valle del Aburrá debido a la fuerte presencia paramilitar, el alto número de violaciones a los derechos humanos y la persecución a la labor de las, los defensores, líderes y lideresas.
Como sostienen diversas organizaciones, plataformas de derechos humanos y movimientos sociales, en estudios y denuncias [3], el paramilitarismo continúa operando en el país. Las estructuras que surgieron posterior al proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) (2003-2006), aunque con variaciones, siguen ejerciendo poder territorial y violando los derechos humanos.
Leer informe completo:
https://issuu.com/corporacionjuridicalibertad/docs/informe_de_paramilitarismo_2017
[1] Este informe contó con el apoyo de la Comisión de Paz del Nodo Antioquia de la CCEEU, la Asociación Campesina de Antioquia, la Asociación Campesina de San José de Apartadó, el Comité de Solidaridad con Presos Políticos, la Corporación Acción Humanitaria del Nordeste Antioqueño, la Corporación Comité de Derechos Humanos Jesús María Valle Jaramillo, la Corporación Gustavo Marulanda, la Corporación Para el Desarrollo y la Paz y el Instituto Popular de Capacitación.
[2] Aunque el Acuerdo de La Habana estableció: (1) una Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres de defensores de DDHH, movimientos sociales o movimientos políticos, que amenacen o atenten contra quienes implementen los acuerdos de paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo (Decreto 898 del 29 de mayo de 2017), (2) un Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (Decreto 895 del 29 de mayo de 2017) y (3) la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (Decreto 154 del 3 de febrero de 2017); su papel y capacidad real de responder a los objetivos propuestos se verá truncado mientras el Estado siga negando la existencia de paramilitares y su responsabilidad en las violaciones a los DDHH, la persecución contra el movimiento social, los asesinatos de ex combatientes de las FARC - EP y la persistente relación con agentes estatales
[3] Informes elaborados por: Indepaz, la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, la Plataforma Política y Social Marcha Patriótica, el Centro de Investigación y Educación Popular/Programa por la Paz, Comisión Colombiana de Jurista, Programa Somos Defensores, Fundación Paz y Reconciliación, entre otros.
