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Denuncia
Intento de falso positivo en Casanare
El respeto y garantía de los derechos humanos es obligación incondicional del Estado. No más falsos positivos.
 

Corporación Social Para la Asesoría y Capacitación Comunitaria

Del movimiento hacemos parte mujeres y hombres, comunidades de diverso origen étnico, cultural y generacional, organizaciones sociales, sindicales y políticas que hemos vivido el impacto de la violencia generada por el estado colombiano, a través de violaciones masivas y sistemáticas de nuestros derechos individuales y colectivos, políticos, económicos, sociales, culturales.

El 11 de enero del año en curso, tropas pertenecientes al Batallón de Infantería Ramón Nonato Pérez –BIRNO 44- adscrito a la Décimo Sexta Brigada del Ejército Nacional, arribaron a la vivienda de Andrés Camilo Barrera Patiño y Diana Carolina Saganome Cárdenas, ubicada en la vereda Volcán Blanco, jurisdicción del municipio de Aguazul en Casanare. Acto seguido procedieron a instalar campamento en el patio del referenciado lugar. Ante esa situación sus propietarios le solicitaron al Capitán Álvaro José Arroyo, que se retiraran a mayor distancia, a fin de evitar colocar en riesgo la integridad de los habitantes de la casa. El oficial indicó que se retirarían, aunque permanecieron toda la noche.

Al día siguiente, siendo las 7:30am, el Capitán Arroyo le solicitó a la pareja, hacerle el favor de llevar una encomienda hasta la vereda El Charte, la cual deberían entregar a alguien que los estaría esperando. Ellos accedieron. Posteriormente, en el camino decidieron revisar el contenido, encontrando que lo que transportaban eran elementos propagandísticos de la insurgencia,
banderas y panfletos alusivos al Ejército de Liberación Nacional, ELN. Ante esta situación regresaron de inmediato, devolviendo el paquete al oficial y haciendo reclamos ante dicho comportamiento, de igual manera informaron a organizaciones defensoras de derechos humanos y a la Defensoría Regional del Pueblo, quienes coordinaron una misión e hicieron presencia en el lugar.

Los funcionarios y defensores de derechos humanos, se presentaron a los militares y entraron en conversación con el Capitán Arroyo, persuadiéndolo de la gravedad de lo sucedido, a lo que él señaló que “los vecinos de la comunidad apoyan a la guerrilla más que a la fuerza pública” de igual manera manifestó “el paquete no fue utilizado con mala intención, sólo tomarle fotos y enviarlas a los superiores”.

Lejos de cumplir con el mandato constitucional, estos comportamientos cobardes colocan en peligro la vida e integridad de los habitantes de la región, quienes desde hace varias décadas y de manera sistemática han sido víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. Cabe recordar que Casanare, es uno de los departamentos con mayor número de desaparecidos, calculándose más de 2.500 víctimas. Ha persistido la persecución al movimiento social dejando como resultado el exterminio de la Asociación Departamental de Usuarios Campesinos ADUC, la judicialización a líderes sociales y la criminalización de la protesta social. Es imposible sacar de la memoria la paramilitarización del territorio, sumado a un gran número de víctimas de ejecuciones extrajudiciales con modalidad de “falsos positivos”, razón por la cual es investigado penalmente el General del Ejército Nacional Henry Torres Escalante.

Rechazamos toda acción que esté en contra de la población civil, infringiendo el Derecho Internacional Humanitario, cualquiera que sea el responsable y en efecto instamos a los actores en conflicto a desvincular a la población civil y respetar los bienes protegidos.