Agencia Prensa Rural
Mapa del sitio
Suscríbete a servicioprensarural

Denuncia pública
Militares violan derecho humanitario en Tuluá (Valle)
 

Al suroccidente de Colombia, sobre la Cordillera Central, en el departamento del Valle del Cauca, municipio de Tuluá. En desarrollo de acciones arbitrarias y sistemáticas, integrantes del ejército del estado colombiano desarrollan allanamientos ilegales, actos de señalamiento y pillaje, y ponen en riesgo la vida e integridad personal de humilde familia campesina.

De acuerdo con denuncias recibidas recientemente:

Militares del estado colombiano, integrantes de la Brigada Móvil No. 20, agregada operacionalmente a la Tercera Brigada, adscritos a la Tercera División del ejército del estado colombiano, en desarrollo de la doctrina de la acción integral y su política de consolidación de la "seguridad democrática", continúan desplegando acciones sistemáticas de terror de estado concretadas en allanamiento ilegal, señalamiento, amenaza, chantaje y destrucción de bienes de civiles; y en acciones militares indiscriminadas en zonas pobladas, en enfrentamientos armados con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP), cae un artefacto explosivo que no estalla en el patio de un humilde hogar campesino.

Como política de estado, los “soldados de la patria” del presidente Álvaro Uribe Vélez, en desarrollo de su accionar militar violan frecuente y reiteradamente los principios de humanidad, necesidad militar, distinción, inmunidad civil y proporcionalidad y sobre todo el carácter de protección que tienen los civiles y sus bienes.

Esta clase de acciones que en la Cordillera Central tienen amedrentadas a las comunidades campesinas, son ejecutadas como política de estado y a diario se desarrollan en Colombia, por lo tanto, responsabilizamos al estado colombiano en cabeza del señor Álvaro Uribe Vélez, al gobernador del departamento del Valle del Cauca, señor Juan Carlos Abadía, y a las Fuerzas Militares por las violaciones al derecho internacional de los derechos humanos (DIDH) y las infracciones al derecho internacional humanitario (DIH) en el municipio de Tuluá.

Hechos

Al suroccidente de Colombia, sobre la Cordillera Central, en el departamento del Valle del Cauca, municipio de Tuluá

Viernes 24 de abril de 2009

En el corregimiento La Moralia, finca La Alejandría, lugar de residencia del humilde ciudadano campesino Erle Olavo Hernández, cerca de las seis la mañana, hace presencia un grupo de seis mMilitares del estado colombiano pertenecientes a la Brigada Móvil No. 20. Minutos más tarde el señor Erle Olavo sale de su hogar a realizar labores agrícolas.

Luego, el grupo de militares del estado colombiano ingresa al hogar campesino en donde se encontraba la señora Enalba Rosa Pacheco (esposa de Erle Olavo) y sus cuatro hijos menores de edad. Los militares interrogan a los niños, diciéndoles que si no decían “qué guardados había en la casa y quiénes pasaban por la finca o se quedaban en la casa, procederían a colocar una bomba en la casa”. Más tarde les ofrecen dinero a los menores de edad por dicha información.

Los niños, asustados, reaccionan llorando y gritando. Ante esta situación, el grupo de militares allana ilegalmente la residencia y causa daños en la estructura de la casa al arrancar tablas del piso y pedazos del encielado del techo.

Más tarde amenazan con palabras soeces a las personas de la casa y dicen que volverán al otro día a continuar dicha inspección. Hacia las diez de la mañana el grupo de militares se retira del lugar.

Sábado 25 de abril de 2009

Corregimiento Venus, Finca Monte Bello, cerca de las cuatro de la tarde, en momentos en que militares del estado colombiano, pertenecientes a la Brigada Móvil No. 20, desarrollaban enfrentamientos armados en una zona poblada en contra de integrantes de las FARC-EP, cae un artefacto explosivo (bomba) en el patio de la residencia del campesino Roberto Poscué. El artefacto no explota y durante varios días permanece en el humilde hogar campesino.

Generalidades

El grupo de militares del estado colombiano, perteneciente a la Brigada Móvil No. 20, que desde hace cerca de dos meses se encuentra asentado en el corregimiento de Venus, frecuentemente ingresa a las casas de civiles y escuelas de la zona, ven televisión en los hogares campesinos y colocan a cargar los celulares de manera inconsulta y sin cancelar el valor de la energía gastada.

Ante el temor expresamente fundado de las comunidades frente a las extralimitaciones en el ejercicio de la fuerza por parte de militares colombianos en el sector de comunidades campesinas y los lamentables precedentes de acciones similares, denunciamos públicamente el terrorismo de estado en contra del pueblo colombiano, señalando que:

Erle Olavo Hernández, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.219.349 de Candelaria (Valle del Cauca), es afiliado a la Asociación de Trabajadores Campesinos del Valle del Cauca (Astracava), filial de la Federación Nacional Unitaria Agropecuaria (Fensuagro-CUT).

Responsabilizamos

Al estado colombiano, y en particular al mayor general Justo Eliseo Peña Sánchez, comandante de la Tercera División del Ejército de Colombia, al comandante de la Brigada Móvil No. 20, por las violaciones a los derechos humanos cometidas por integrantes de las fuerzas regulares del estado colombiano en la zona de operaciones de las unidades militares que dirigen.

Exigimos

Responsabilidad estatal frente a los derechos a la vida, la seguridad personal, la integridad física y psicológica, la intimidad personal, familiar y su hogar, a la honra y reputación, a la libre movilidad y a la propiedad de los habitantes de la zona rural del municipio de Tuluá que se están viendo afectados por la acción arbitraria del estado colombiano.

A la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos:

- El cumplimiento de su mandato como veedores de que el estado colombiano cumpla con sus obligaciones constitucionales y de los derechos internacionales de los derechos humanos.

Al estado colombiano:

- El inmediato cumplimiento de las reiteradas recomendaciones que sobre el respeto y acatamiento del derecho internacional de los derechos humanos han formulado la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Ccomisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y demás organismos internacionales.\

- Detener las medidas represivas y el amedrentamiento a las que están siendo sometidas las comunidades del municipio de Tuluá en el departamento del Valle del Cauca por parte de las fuerzas regulares del estado colombiano.

- Garantizar los derechos a la vida, la seguridad personal, la integridad física y psicológica, la intimidad personal, familiar y su hogar, a la honra y reputación, a la libre movilidad y a la propiedad de los ciudadanos colombianos Erle Olavo Hernandez, Roberto Poscué y sus núcleos familiares, que se están viendo afectados por la acción ilegal y arbitraria de las fuerzas regulares del estado colombiano.

- Desarrollar las acciones legales necesarias para determinar las responsabilidades colectivas e individuales por las violaciones al derecho internacional de los derechos humanos y las infracciones al derecho internacional humanitario, consagrados en los hechos de esta denuncia pública.

A la Gobernación del Valle del Cauca:

- Detener las medidas represivas y el amedrentamiento a las que están siendo sometidas las comunidades del municipio de Tulúa en el departamento del Valle del Cauca por parte de las fuerzas regulares del estado colombiano.

- Garantizar los derechos a la vida, la seguridad personal, la integridad física y psicológica, la intimidad personal, familiar y su hogar, a la honra y reputación, a la libre movilidad y a la propiedad de los ciudadanos colombianos Erle Olavo Hernandez, Roberto Poscué y sus núcleos familiares, que se están viendo afectados por la acción ilegal y arbitraria de las fuerzas regulares del estado colombiano.

- Desarrollar las acciones legales necesarias para determinar las responsabilidades colectivas e individuales por las violaciones al derecho internacional de los derechos humanos y las infracciones al derecho internacional humanitario, consagrados en los hechos de esta denuncia pública.

A la Defensoría del Pueblo:

- Cumplir con su papel institucional de velar por la garantía y el respeto a los derechos a la vida, la seguridad personal, la integridad física y psicológica, la intimidad personal, familiar y su hogar, a la honra y reputación, a la libre movilidad y a la propiedad de los ciudadanos colombianos Erle Olavo Hernásndez, Roberto Poscué y sus núcleos familiares, que se están viendo afectados por la acción ilegal y arbitraria de las fuerzas regulares del estado colombiano.

- Desarrollar las acciones legales necesarias para determinar las responsabilidades colectivas e individuales por las violaciones al derecho internacional de los derechos humanos y las infracciones al derecho internacional humanitario, consagrados en los hechos de esta denuncia pública.

Solicitamos

A la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos:

- En el marco del cumplimiento de su mandato, prestar toda su gestión para que las actuaciones del estado colombiano se apeguen a las normas internas y externas que se ha comprometido a respetar y que se inicien las investigaciones a que haya lugar por el desconocimiento de las mismas.

Instamos a los organismos de derechos humanos y organizaciones populares a mantenerse atentos y alerta ante la crítica situación de derechos humanos que está afrontando el departamento del Valle del Cauca.

Instituciones a donde se deben dirigir:

Álvaro Uribe Vélez
Presidente de la República
Carrera 8 No. 7 -26 Palacio de Nariño Bogotá
Fax. 5662071
auribe@presidencia.gov.co

Francisco Santos
Vicepresidente de la República
Carrera 8 No.7-57 Bogotá D.C.
fsantos@presidencia.gov.co

Juan Manuel Santos
Ministro de la Defensa
Avenida El Dorado con carrera 52 CAN Bogotá D.C.
siden@mindefensa.gov.co
infprotocol@mindefensa.gov.co
mdn@cable.net.co

Fabio Valencia Cosio
Ministro del Interior y de Justicia
Avenida El dorado con carrera 52 CAN Bogotá D.C.
Fax. 2221874
ministro@minjusticia.gov.co

Mario Iguarán
Fiscal General de la Nación
Diagonal 22B No. 52-01 Bogotá D.C.
Fax. 570 20 00
contacto@fiscalia.gov.co
denuncie@fiscalia.gov.co

Wolmar Antonio Perez Ortiz
Defensor del Pueblo
Calle 55 No. 10 – 32 Bogotá D.C.
Fax. 640 04 91
defensoria@defensoria.org.co
secretaria_privada@hotmail.com

Alejandro Ordóñez Maldonado
Procurador General de la Nación
Cra. 5 No.15 – 80F Bogotá D.C.
anticorrupción@presidencia.gov.co
reygon@procuraduría.gov.co

Carlos Franco
Programa Presidencial De Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario
Clle 7 N° 5 – 54 Bogotá D.C.
Fax. 337 46 67
cefranco@presidencia.gov.co
fibarra@presidencia.gov.co

Nota: favor remitir al siguiente correo los oficios, gestiones e informe de las acciones que adelanten con base en esta información. redfcifuentes@gmail.com, redfcifuentes@yahoo.es