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Transcurre audiencia para esclarecer la desaparición forzada de Víctor Manuel Isaza
Agencia Prensa Rural / Miércoles 31 de enero de 2018
 

El 30 de enero se llevó acabo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el primer día de audiencia para esclarecer la desaparición forzada del sindicalista y miembro de la Unión Patriótica Víctor Manuel Isaza. Hoy se espera finalice la audiencia.

Víctor Manuel Isaza Uribe se encontraba recluido en la cárcel de Puerto Nare, Antioquia, el 19 de enero de 1987 fue desaparecido del penal por paramilitares con respaldo de la Fuerza Pública colombiana, precisa la demanda por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La desaparición del sindicalista llega a la CIDH el 3 de abril de 2016, cuando la Comisión determina que el Estado no brindó la información necesaria para esclarecer los hechos, según su informe “El Estado se limitó a validar la versión oficial de fuga, sin investigar adecuada y exhaustivamente los hechos tomando en cuenta todos los indicios que apuntaban a la hipótesis de la desaparición forzada. Dichos hechos se encuentran en el marco de violencia por parte de agentes del Estado contra personas vinculadas al partido político Unión Patriótica”.

Isaza era miembro del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria de Materiales de la Construcción y miembro del partido político Unión Patriótica, en el tiempo en que ocurren los hechos era usual el exterminio de sindicalistas de esa entidad en el municipio de Puerto Nare, además de la “existencia de patrones de acción conjunta entre la fuerza pública y grupos paramilitares en la zona”, dicta el informe.

El presidente de la Comisión, Francisco Eguiguren, manifestó en la audiencia que han trascurrido 30 años de la desaparición forzada de Manuel Isaza y aún no se conoce su paradero, incluso “las investigaciones penales estuvieron archivadas por más de 13 años y a la fecha se mantiene en una etapa preliminar".

El Estado al tener la custodia de Isaza debía garantizar su protección, la cual omitió, a pesar de tener conocimiento del peligro de ser atacado por grupos paramilitares que operaban en la zona. Como aclaró Eguiguren "grupos paramilitares actuaban bajo el auspicio legal del Estado de Colombia o actuaron conjuntamente con la Fuerza Pública que operaba en la zona. Era ampliamente conocida esta situación”.

La representación del Estado colombiano está a cargo de Carlos Enrique Arévalo, para quien los alegatos sobre el contexto no son suficiente, “No basta con demostrar un contexto general de colaboración y aquiescencia entre agentes del Estado y los terceros que perpetraron las violaciones a los derechos humanos, sino que es necesario adicionalmente que esa violación se desprende de la colaboración, asistencia, aquiescencia, ayuda, tolerancia del Estado. Sin demostrar ese vínculo real no puede atribuirse la responsabilidad internacional".

Por su parte Carmenza Vélez, esposa de Manuel Isaza, exigió justicia, investigar a los autores y encontrar a su esposo y los cuatro hombres que desaparecieron con él.

"Hasta hoy no ha habido ningún condenado por los hechos. Me aterra y me llena de dolor saber que en ese pueblo ellos asesinaban y hacían desaparecer personas. El Gobierno nunca fue a ayudarle a la gente, a defenderlos de esos grupos que estaban ahí. Esos grupos paramilitares en Puerto Nare eran la ley", atestiguó Vélez.

Hoy continúa la audiencia con los argumentos finales de los implicados.