Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras de Guamocó
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Violaciones de derechos humanos por parte de grupos armados en Guamocó y Bajo Cauca
Aheramigua / Jueves 1ro de febrero de 2018
 

La Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras de Guamocó, AHERAMIGUA denuncia públicamente actos violentos y violaciones a los derechos humanos por parte de bandas criminales, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, quienes los vienen cometiendo en la región del Bajo Cauca Antioqueño (Caucasia, Nechí, El Bagre, Zaragoza, Tarazá, Cáceres) y en el sur del departamento de Bolívar (específicamente en Montecristo y Santa Rosa).

El 17 de enero, al parecer grupos de bandas criminales se enfrentaron entre la vereda de El Brasil y el corregimiento de La Concha del municipio de Caucasia, el enfrentamiento armado dejó varias personas sin vida, entre los que se encuentra la hija de un gobernador indígena y algunos heridos. A esto se suma a los patrullajes que hacen sujetos armados, presuntamente de grupos paramilitares por el corregimiento de Las Conchas y Cáceres.

El 23 de enero fue asesinado un mototaxista en el municipio de Nechí, se desconocen las razones y se presumen que fueron bandas sucesoras del paramilitarismo.

El mismo día, en horas de la mañana en el municipio de Caucasia le realizaron un atentado al dueño de la discoteca Bora Bora, lugar que en diciembre del 2017 sufrió un atentado con granada que dejo 31 personas heridas. Esta acción fue atribuida al Clan del Golfo.

El 26 de enero, en el sector de la vía que conduce de Caucasia a Zaragoza, desconocidos incendiaron maquinaria pesada del Proyecto Vial Autopista del Nordeste, entre las que se encuentran volquetas y maquinaria amarilla.

El 28 de enero a las 11:45 pm, en el corregimiento de Buenavista jurisdicción del municipio de Santa Rosa sur de Bolívar, se presentó la detonación de un artefacto explosivo en la subestación de Policía, destruyendo las instalaciones y dejando como resultado dos uniformados asesinados y dos heridos, uno de ellos a causa de la onda explosiva.

La detonación también afectó las casas que se encuentran ubicadas en la misma cuadra de la estación, una de ellas de propiedad de la señora Carmen Rosa Vela, quien hace parte de la Mesa Municipal de Víctimas y cuyo predio sufrió pérdida total. También resultaron afectados el puesto de salud, la iglesia, el colegio y cuatro casas más a causa de la onda explosiva; durante la acción fue hurtada la moto del señor Velarmino Cruz. Ese mismo día se realizó una visita de verificación por parte de AHERAMIGUA, Mesa Municipal fe Víctimas, ASMAVICCAH, ASOMIND, AVICMAP, ASODEVCOB, ASORVIMM y la JAC de Buenavista, quienes recibieron las denuncias de la comunidad frente a amenazas que existen a personas de la comunidad si llegan a denunciar; la comunidad de siente afectada por el hecho, pues esto ha afectado física y mentalmente su salud y exigen la presencia inmediata del ministerio público. El Ejército de Liberación Nacional, ELN, quien hace presencia en la zona se atribuyó la acción.

El 27 de enero, según el medio de comunicación La Verdad del Pueblo, se realizó la captura de dos personas entre los municipios de Segovia y Zaragoza, uno de ellos conocido como ’Care Niña’ portaba un arma de fuego y al parecer es integrante del Clan del Golfo. Esta persona tenía orden de captura por el delito de homicidio, del líder y tesorero de nuestra asociación William Castillo Chima, en el municipio El Bagre en marzo del 2016. También fue capturado alias ’José’. La asociación saluda estos avances y esperamos que se sigan investigando y persiguiendo a los actores intelectuales de este delito.

Sin embargo, la comunidad y sus líderes tienen una preocupación latente por la falta de garantías para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos, pues se evidencian situaciones como la captura de varios presuntos paramilitares, que la justicia posteriormente deja libres como es el caso de Cristian, alias ‘el Negro` que fue capturado en flagrancia en la vereda Las Conchas del municipio de El Bagre, pero fue dejado en libertad por vencimiento de términos. Además, manifiestan su preocupación por la falta de garantías de implementación del Acuerdo de Paz en el punto de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, pues vienen recibiendo amenazas de muerte por parte de los paramilitares y del ELN, en contra de quienes decidan erradicar voluntariamente.

La situación de derechos humanos se viene agravando a causa del avance en la ocupación y control de distintas partes del territorio por parte de estructuras paramilitares, bandas criminales o grupos armados como el ELN. Esto debido al abandono del territorio por parte de las FARC y la incapacidad del Estado para controlar la región.

Seguimos manifestando el temor que se cierne sobre los liderazgos sociales y los defensores de derechos humanos. El 30 de enero, en el municipio de Cantagallo, perteneciente también al sur de Bolívar, asesinaron al compañero Nixon Mutis, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Chaparral, quien venía promoviendo la sustitución de cultivos de uso ilícito. Nos solidarizamos con su familia y compañeros, afirmamos categóricamente que hay sistematicidad en las acciones en contra de líderes y defensores de derechos humanos.

Las acciones se enmarcan, además, en la disputa entre grupos paramilitares, bandas criminales o sucesores del paramilitarismo, entre el Clan del Golfo y ‘Los Paisas’ o ‘Caparrapos’ y el ELN, quedando en medio la población civil, tal como sucedió en Cáceres donde se presentó el desplazamiento masivo de más de 400 familias y en Uré, Córdoba donde también hubo desplazamiento y se dio el asesinato de un líder. La permanencia de estos actores en la región ha generado un régimen de terror y un nuevo orden social, político y económico que se evidencia en los enfrentamientos territoriales, la continuación de asesinatos y el aumento en el cobro de extorsiones.

Hacemos también un llamado a la necesidad de hacer seguimiento a los municipios del sur de Córdoba como lo es Montelíbano, Uré, Puerto Libertador, Bijao y sus corregimientos, pues la disputa y el accionar de estos grupos se enmarca en el control de amplias zonas territoriales que sirven para el desplazamiento de sus ejércitos y el libre desarrollo de sus economías.

Exigimos al Gobierno Nacional que garantice la efectividad de los derechos de las comunidades de la región de Guamocó, a través del desmantelamiento de los grupos paramilitares de la región y avance con celeridad en la negociación con el ELN, a este último, exigimos que deje de involucrar a la población civil en el conflicto armado y respete los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

Finalmente llamamos a la comunidad nacional e internacional a que exijan la garantía de los derechos de las comunidades mencionadas y observen el ejercicio de los mismos.