Foto: Silvia Becerra, Agencia Prensa Rural. 2005

La Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra respalda a la comunidad del corregimiento de Virgencita del municipio de San Pablo Sur de Bolívar. La Asociación tuvo conocimiento de que el 1 de febrero de 2018 a las 11:00 pm se escucharon tres detonaciones a una distancia de 250 metros aproximadamente de una vivienda en donde habitan una campesina con una niña de 8 meses y un niño de 12 años. Luego se escucharon sobrevuelos y posteriormente la habitante vio invadida su vivienda de alrededor de 13 militares del Batallón Nueva Granada, quienes decidieron terminar de pasar la noche en la sala de la vivienda campesina entre ellos se encontraba un cabo a quien llamaban “Caleño”.

Al día siguiente, 2 de febrero de 2018, desembarcó un helicóptero con dos personas que dijeron ser del CTI y llegaron preguntando por el propietario de la vivienda, a lo que respondió Heidy Camacho madre de los menores. Dichos funcionarios llegaron grabando con cámaras de video y manifestando que traían una orden de allanamiento que no le dejaron ver a la señora Camacho. Los del CTI le preguntaron una persona de nombre “Pello Ríos” y que si la señora no colaboraba se la llevaban a la cárcel de mujeres de Bucaramanga, a su hija la entregaban a un hogar sustituto y al niño sobrino de su esposo a Bienestar Familiar. También amenazaron con quemar el rancho en donde almacenan los cultivos de coca.

Frente a todo esto la señora Camacho pidió auxilio a la comunidad, al llegar Yamit Gómez y Miguel Beltrán los mismos fueron retenidos y empadronados, pues les tomaron fotografías a su documento de identidad. Los campesinos manifestaron ser parte del programa de Sustitución de cultivos de uso ilícito. Sin embargo les hicieron firmar un acta de buen trato y les advirtieron que les van a enviar una citación para que se presenten a la Fiscalía en San Pablo.

A eso de las 11 de la mañana llegaron al sitio de los hechos más miembros de la comunidad reclamándole a la fuerza pública y a los funcionarios armados del CTI que respetasen los acuerdos de las comunidades con el Gobierno Nacional para la sustitución de cultivos de coca y que si ese era el motivo de la retención de la campesina y los dos campesinos, exigían su inmediata libertad porque no estaban cometiendo ningún delito y eran gente conocida de la comunidad.

Por todo esto exigimos al Gobierno Nacional, al Ejército Nacional representado en el Batallón Nueva Granada y a la Fiscalía General de la Nación, que respondan por su ataque a la implementación del punto 4 del Acuerdo Final entre el Gobierno Nacional y las Farc.

Y además respondan por los daños sicológicos causados a la niña, el niño, la mujer y los hombres campesinos que fueron víctimas de esta agresión.