Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra
:: Magdalena Medio, Colombia ::
Mapa del sitio
Suscríbete a servicioprensarural

"El país no puede seguir negando los asesinatos de líderes sociales"
Declaración política encuentro regional del Magdalena Medio: “Arando memorias campesinas para la construcción de paz”
 

El día 16 de marzo del 2018 nos dimos cita más de 150 delegados y delegadas de las comunidades campesinas del Valle del río Cimitarra, Santander, Nordeste Antioqueño y el Sur de Bolívar junto con diferentes organizaciones sociales pertenecientes a la región del Magdalena Medio con el fin de reivindicar y visibilizar nuestras luchas históricas enmarcadas en la resistencia permanente al conflicto armado y social que afronta el país hace más de 50 años.

Para comprender la magnitud de la situación a la que nos hemos enfrentado basta mencionar, entre muchas otras afectaciones, los bloqueos económicos y sanitario que llevó a cabo el Estado y agentes paraestatales en la década de los noventa; la persecución a nuestros lideres y su posterior encarcelamiento injustificado y las fumigaciones aéreas indiscriminadas que destruyeron nuestros alimentos y secaron nuestras tierras. Todos ellos ataques directos a nuestros derechos y nuestra dignidad como campesinos y habitantes pacíficos, que llegamos a estas tierras huyendo de la crueldad de la violencia.

Sin embargo y a pesar de ver morir a nuestros seres queridos, de ser perseguidos y tildados de enemigos de la paz, de correr de un lado para otro con nada más que un costal con panela y sal, hoy vinimos a recordar que nuestra lucha por el territorio es legítima. Hoy más que nunca, sabemos que es fundamental recordar y exigir de vuelta todo aquello que esta guerra, que no pedimos, nos arrebató.

Sabemos que una de las principales causas de que existan impunidad en nuestros territorios es que el Gobierno se ha empeñado históricamente en negarle al campesinado el reconocimiento político que merece, por esto exigimos que se nos reconozca como sujetos políticos de derechos y que se cree una ruta diferencial para nosotros en la reparación de víctimas, tanto individual como colectiva, y una política de protección con una concepción de seguridad integral y una perspectiva comunitaria y territorial. Esta ruta diferencial debe partir del hecho de reconocer que, no sólo tenemos necesidades distintas al resto de la población, sino que nuestra identidad campesina implica un arraigo profundo a la tierra y este se debe ver reflejado en todas las alternativas de reparación que nos sean presentadas. Restituir nuestros predios o legalizar en los que habitamos actualmente, así como alternativas educativas especiales para la ruralidad deben ser pilares fundamentales en dicha reparación diferencial.

En esta misma línea de exigencias quisiéramos traer a colación que la reparación colectiva integral y de protección y seguridad, para nosotros van desde el cumplimiento de los acuerdos que se han dado con el gobierno previamente, hasta las garantías que nos permitan habitar nuestro territorio sin miedo. El gobierno y el país en general no pueden, ni deben, seguir negando la creciente ola de asesinatos y señalamientos a líderes y lideresas que se viene presentando en la región. Si bien nos encontramos en un contexto de implementación de acuerdos de paz y los enfrentamientos armados que nos dejaban en medio han disminuido, seguimos siendo perseguidos, señalados y asesinados por lo mismo: por buscar la construcción de un territorio en paz y con condiciones dignas para la vida.

Así, encontramos en la memoria de nuestras organizaciones y nuestras comunidades la principal herramienta para que lo innombrable no se repita. La construcción de esta memoria colectiva no estará completa hasta que nos digan la verdad, la verdad de todo como parte fundamental de la reparación que aclamamos. Esta verdad no es la verdad a medias, la que han construido otros. Esta verdad deberá venir de aquellos que vinieron a derramar nuestra sangre y de aquellos que desde sus escritorios pretendieron decidir nuestro destino. Y no bastará tampoco con el simple reconocimiento de los daños y las culpas, esperamos gestos que nos dignifiquen y nos permitan perdonar y seguir construyendo la paz que tanto anhelamos.

Por todo lo anterior proponemos la creación de una mesa amplia en el Magdalena Medio que permita que las organizaciones sociales que ya están trabajando en las rutas de reparación colectiva puedan asesorar tanto a otras organizaciones como a comunidades que, colectivamente, han sufrido el impacto y las consecuencias de la guerra. Este espacio permitirá impulsar las demandas de reparación colectiva de las comunidades del Magdalena Medio de forma conjunta con las políticas públicas, haciendo uso de aquellos espacios que se han venido abriendo en el contexto de implementación de los acuerdos.

Las comunidades del Magdalena Medio también ratifican los diversos mecanismos de autoprotección que se han desarrollado a lo largo del conflicto armado, que aún perdura en la región con la presencia y fortalecimiento de insurgencias como el ELN y grupos paramilitares, entre otros. Dentro de estos mecanismos se resaltan las acciones humanitarias, los campamentos de refugio humanitario, los comités de derechos humanos, las comisiones de verificación, entre otros, que han permitido nuestra permanencia en el territorio y fortalecimiento organizativo, pese a las dificultades y los embates del establecimiento en contra de nuestras organizaciones y el surgimiento y apoyo de otras organizaciones hermanas. Así mismo, se destaca la importancia de las formas de organización y de ordenamiento territorial en defensa de la vida y el territorio.

Otros mecanismos que contribuyen a la protección de las comunides son las redes de comunicaciones, los comités mineros, comités de mujeres, mesas comunales e incluso cooperativas y proyectos de economías solidarias comunitarias que apuntan al aprovechamiento de nuestros recursos en pro del desarrollo de la región y sus habitantes.

Estos procesos serán posibles también, en la medida en que se siga contando con el apoyo y el acompañamiento de organizaciones nacionales e internacionales que continúen visibilizando nuestra situación de Derechos Humanos y servir como herramienta para procesos de reconocimiento de la verdad, reparación y no repetición. Por esto continuamos haciendo la exigencia al Gobierno nacional de aunar esfuerzos con las comunidades en la construcción de una política de seguridad comunitaria y territorial incluida en el acuerdo de paz y nuestra participación efectiva en las demás instancias del Acuerdo en torno a Garantías de seguridad.

No dejaremos de recordar a todos aquellos que han dado su vida por la defensa de este territorio y honraremos sus deseos de construcción de paz y de la consecución de una vida digna para todos y todas mirando siempre hacia el futuro.