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Cultivadores alertan sobre posible fracaso de Programa de Sustitución por incumplimientos del Gobierno
 

Luego del proceso de balance y consultas realizado a nivel nacional por la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana - COCCAM, y tras análisis del programa de sustitucion en todas las regiones del país se reitera la grave crisis por la que atraviesa el PNIS, atribuida fundamentalmente a la falta de voluntad política del Gobierno Nacional.

Esto se refleja en la situación humanitarian que en la que se atraviesa, porque pese al acuerdo de Paz, en Colombia persiste el incremento de la violencia política y social en contra de líderes sociales y defensores de derechos humanos, en el cual desde noviembre de 2016 hasta el día de hoy, 261 compañeras y compañeros han sido asesinados (14 en el año 2016, 191 en el año 2017 y 56 en lo que va corrido de año 2018); al día de hoy 31 integrantes de la COCCAM y suscritos al PNIS han sido asesinados, 3 torturados, cientos han sido amenazados y desplazados.

A esto se suma una insuficiente y casi nula implementación del plan de sustitución. En gran parte de los departamentos y municipios donde se está ejecutando no están funcionando las instancias de participación que se proponen en el decreto reglamentario del programa y se presentan incumplimientos en la hoja de ruta acordada para la implementación de este.

Existen dificultades en los desembolsos para algunos campesinos que ya retiraron sus cultivos de coca, el Programa de Atención Inmediata – PAI comunitario no ha comenzado en ningún departamento, no se ha realizado ningún pago contemplado en el PAI para los recolectores de hoja de coca a pesar de que se encuentran inscritos en el PNIS y no existe bancarización de los beneficiarios del programa.

Las estrategias de largo alcance para garantizar el éxito del programa no avanzan como la implementacion del punto 1 Reforma Rural Integral.

El PNIS no cuenta con los recursos necesarios para su implementación, actualmente esta completamente desfinanciado para avanzar con nuevas inscripciones, y el programa no presenta ningún avance respecto a los cultivos de amapola y marihuana.

Además, hay una Ley de Tratamiento Penal Diferencial contra el campaeisno cultivador. El Ministro de Justicia Enrique Gil Botero presentó ante el Congreso de la República con mensaje de urgencia, el proyecto de ley por el cual se desarrollaría el Tratamiento Penal Diferenciado para Pequeños Cultivadores. Este proyecto pretende excluir del beneficio judicial a quienes ya se han acogido o pretendan acogerse al PNIS y conserven o financien plantaciones de cultivos de coca superiores a 1.78 hectáreas.

Dicha definición pone en riesgo la implementación del punto cuatro, pues en los acuerdos colectivos firmados hasta la fecha, un alto porcentaje de las familias manifestaron tener más de 1.78 hectáreas cultivadas, además dicha definición contraviene los acuerdos realizados en el Consejo Permanente de Dirección y los estudios adelantados por la Dirección de sustitución de cultivos de uso ilícito, que definía como el área mínima de siembra de cultivos para que una familia pudiera subsistir un máximo de 3.8 hectáreas.

Los voceros de las organizaciones nacionales que vienen participando en las instancias de dirección del programa, realizaron aportes y recomendaciones al proyecto de ley desde el año pasado, donde manifestaron que los pequeños cultivadores son aquellos que poseen menos de 6 hectáreas, dado que los ingresos que perciben las familias con esta área son los mínimos para garantizar su subsistencia.

La presentación de este proyecto se constituye en una traición flagrante a los campesinos, afro descendientes e indígenas que depositaron su confianza al inscribirse en el programa, ya que esta propuesta genera inseguridad jurídica para las comunidades.

Todo lo anterior, pone de manifiesto la poca voluntad del Gobierno Nacional con la implementación del PNIS y su apuesta por reducir los cultivos de coca, amapola y marihuana sin superar las causas estructurales que los promovieron, repitiendo los errores históricos de anteriores iniciativas de sustitución. Por lo tanto como gesto de buena voluntad y con el firme propósito de aportar a la construcción de una paz estable, duradera y con justicia manifestamos lo siguiente:

1. La COCCAM reitera ante sus bases organizativas, la sociedad colombiana y la comunidad internacional su compromiso con la implementación del PNIS, no obstante manifiesta su preocupación por las dificultades actuales y el posible fracaso del programa debido a la grave situación de derechos humanos en los territorios y los incumplimientos del Estado Colombiano.

2. Le exige al Gobierno Nacional que se tomen medidas efectivas y eficaces para garantizar la vida, integridad y seguridad personal de nuestros líderes y defensores de derechos humanos en los territorios.

3. Solicita la implementación e instalación efectiva, inmediata y de forma participativa de todos los componentes e instancias consagradas en el PNIS, respetando lo pactado en el Acuerdo de Paz de La Habana y superando los errores cometidos en programas similares en el pasado.

4. Exige que en los territorios se cumpla estrictamente la ruta metodológica acordada.

5. Exige que se aclare con qué recursos cuenta el Estado Colombiano para implementar el PNIS. Y que el gobierno nacional realice una rendición de cuentas de los recursos invertidos hasta ahora.

6. Exige que el proyecto de ley de tratamiento penal diferencial para los cultivadores y recolectores, sea retirado del congreso y que se concerté una ruta de discusión para la construcción de esta ley.

7. Convocamos a los campesinos, indígenas y cultivadores a prepararnos para afrontar un incremento de acciones de erradicación forzada por parte del Estado Colombiano en los territorios.

Finalmente, nos declaramos en asamblea permanente y seguiremos adelantando un proceso de socialización sobre el Estado de crisis que atravieza el PNIS y realizando consultas regionales y nacionales para en el menor tiempo posible reunirnos nuevamente, para tomar definiciones frente a una eventual suspensión de nuestra participación en dicho programa en caso de que se mantengan los incumplimientos.

Le solicitamos a la comunidad internacional, especialmente a los países garantes del Acuerdo de Paz: Cuba, Chile, Venezuela y Noruega, realizar las gestiones necesarias ante el Gobierno Nacional para resolver las dificultades anteriormente expuestas.