En la vereda Lejanías con el acompañamiento internacional de International Action for Peace, sesionó la Asamblea de Mesa Comunal por la Vida Digna del municipio de Remedios con delegaciones de 20 Juntas de Acción Comunal rurales y urbanas, 8 comités y las organizaciones sociales ACVC-RAN y Cahucopana los días 7 y 8 de abril de 2018. En dicha asamblea se acordó hacer el siguiente pronunciamiento:

Los asesinatos de Benjamín Álvarez, presidente de la JAC de la vereda Bóminas, el del fiscal de la JAC de la vereda El Chiquillo Jhon Jairo Torres, y de 5 personas más en los últimos 5 meses, la llegada del microtráfico de drogas alucínógenas a la región, las extorsiones por parte de individuos que hacen parte de grupos armados tanto legales como ilegales, los hurtos, además de las amenazas, son hechos conocidos ampliamente por las autoridades civiles y militares que hoy se encuentran en nuestro territorio.

Las comunidades campesinas y las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos venimos interlocutando, y participando de todos los escenarios propuestos para resolver conjuntamente con la institucionalidad estas problemáticas. Sin embargo lo que se evidencia hoy es la agudización de la crisis de derechos humanos.

En el segundo trimestre del año 2017 conocimos que según lo acordado entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP en el caso del Nordeste Antioqueño los municipios de Remedios y Segovia hacemos parte de un PDET. Esto significa que participamos en una zona priorizada para la implementación del Punto Uno de Reforma Rural Integral. También en la región está ubicado el ETCR del corregimiento de Carrizal.

En este contexto sabemos que tenemos prioridad para el funcionamiento de las garantías de seguridad que fueron fijadas en el Acuerdo Final, en el punto 3 “Fin del Conflicto” y en el punto 2 “Participación Política”. Recordamos que la Oficina del Alto Comisionado para la Paz en su página oficial refiere que el Acuerdo Final “Establece que las garantías de seguridad son una condición necesaria para afianzar la construcción de la paz y la convivencia, y en particular para garantizar la implementación de los planes y programas acordados” y que estas garantías son para todo el campesinado que habita esta región.

Por ello, llamamos a los entes de control, tanto Procuraduría como Contraloría y también a la Fiscalía para que inicien investigaciones con el fin de establecer responsabilidades tanto por acción como por omisión en lo que se configura en falta grave a la obligación de garantía de Derechos Humanos del campesinado por parte del Estado y tome medidas con el fin de que estos hechos dejen de repetirse.