Mientras el país urbano tiene como centro de los titulares de los medios, los debates y las frases de los candidatos y la candidata presidencial y las cifras de las encuestas generan en las redes digitales y aun en los espacios sociales encendidas polémicas, muchas de ellas llenas de rabia y odio, los tambores de guerra redoblan en nuestras fronteras, nororiental y suroccidental.

Si bien no son equivalentes las situaciones en Nariño y Catatumbo sí tienen muchas similitudes. Históricamente las fronteras han sido, en el mejor de los casos, ignoradas por los habitantes de ellas, así ha sido en las fronteras de Colombia con Venezuela y Ecuador, y el pueblo Wayuu es el mejor ejemplo de ello, y en el peor de ellos ante las alcabalas, peajes y restricciones a la movilidad, territorio fértil para el contrabando y de contera para diversos tipos de criminalidad.

Si a eso le añadimos, en este caso, una enorme precariedad en la presencia del Estado y cuando a ello nos referimos, lo hacemos en relación con su obligación de ser garante de derechos y por tanto proveedor de bienes y servicios por un lado, por otro la extensión de los cultivos de coca, (en Norte de Santander, Putumayo y Nariño está más del 60% de las hectáreas sembradas de coca en el país), tanto como alternativa productiva de personas y comunidades enteras ante la inexistencia de opciones productivas legales, como objeto preciado, estímulo y sustento de la macrocriminalidad y también fuente de recursos para la insurgencia, nos encontramos ante una verdadera tragedia a la que el país ha cerrado los ojos por décadas y a la que lamentablemente el gobierno Santos ha respondido recientemente con las dos peores alternativas: la negación de la magnitud de la misma y la respuesta predominantemente militar.

En el caso del Catatumbo hoy se entrecruzan como generadores de violencia, la disputa entre los Pelusos, nombre criminal de antiguos reductos hoy degradados del EPL, con el ELN y a su vez de ambos con los sucesores del paramilitarismo por un lado y bandas criminales del contrabando de gasolina y alimentos de Venezuela de otro lado, por el control de la zona que representa grandes ventajas, el contrabando, la producción de hoja de coca, se calcula la siembra entre 25.000 y 28.000 hectáreas, el paso del oleoducto Caño Limón – Coveñas; y en menor medida las explotaciones de mármol, caliza, carbón y oro.

Desde hace más de treinta años la guerrilla ha tenido presencia en esta región, donde tradicionalmente, el ELN, con su Frente de Guerra Nororiental, ha tenido una influencia importante y sigue siendo el grupo con mayor actividad armada en la región del Catatumbo. Por su parte y ante la transformación de las Farc en partido político tras la dejación de armas, los Pelusos han desarrollado una importante ofensiva para copar territorios antes ocupados por las FARC-EP, dado su fortalecimiento, en buena parte gracias a los beneficios obtenidos de los cultivos de coca y de su comercialización. Hoy estas dos fuerzas se encuentran en un enfrentamiento violento, que según diversas versiones han provocado en el último mes cerca de 100 asesinatos y condenado al confinamiento, al desplazamiento forzado y a la zozobra a miles de habitantes de la región. Como lo dijimos cuando el llamado “paro armado” en el Chocó decretado por el ELN, una abusiva decisión como esa sólo afecta a la población civil.

Toda esa crisis tiene como telón de fondo y soporte factico los indicadores sociales del Catatumbo. La disputa entre el ELN y los Pelusos es la punta del iceberg. Según el Programa de Naciones unidas para el desarrollo, los Municipios del Catatumbo tienen los peores indicadores sociales del departamento de Norte de Santander, ya de por sí malos, situándose por encima del promedio nacional, tanto en pobreza, como en mortalidad infantil, embarazo adolescente, baja cobertura de servicios públicos de acueducto y saneamiento básico, pésima infraestructura en vías, y altísimo desempleo, siendo tanto peores como mayor sea la extensión rural de los mismos. No es casual que sean parte de los municipios priorizados para los PDET, definidos estos por la confluencia entre violencia, pobreza, cultivos de uso ilícito y baja capacidad institucional.

También en el caso de Nariño donde según los cálculos hay más de 50.000 hectáreas cultivadas de coca, y pasa el oleoducto trasandino, hay el enfrentamiento entre el ELN y en este caso las disidencias de las FARC, ambos decididos a tener el control del territorio que antes controlaban las FARC-EP, sobre todo el costero, en razón de las facilidades que los esteros ofrecen para el envío de cocaína al exterior, en la actualidad se encuentran potenciados por el asesinato de tres periodistas ecuatorianos por parte del grupo que comanda alias Guacho y la consiguiente ofensiva militar en ese territorio limítrofe con el Ecuador.

Las poblaciones costeras de Nariño, han vivido, así como en el Catatumbo, en la marginalidad y la exclusión, con altos índices de pobreza y desigualdad, mortalidad infantil, embarazo adolescente, baja cobertura de servicios públicos de acueducto y saneamiento básico, pésima infraestructura en vías, altísimo desempleo, que sufren de manera especial los afrocolombianos/as que son cerca del 75% de la población en esos territorios, que su vez tienen los peores indicadores sociales del país como fruto de la discriminación. Con la excusa del aislamiento geográfico, este territorio ha sido históricamente abandonado por el Estado, a lo que se suman las repetidas, como en el Catatumbo, agresiones a los líderes y lideresas sociales y a las personas que defienden derechos humanos.

Si bien por años ha sido claro para nosotros que la única solución al tema de las drogas psicoactivas, y por tanto de los cultivos de uso ilícito es la legalización y el control de las mismas por parte del Estado no es menos cierto que no hay que esperar a esa solución estructural para avanzar de manera decidida en la implementación de los puntos contenidos en el Acuerdo Final en relación a la Reforma Rural Integral y proceder en consecuencia con una estrategia de alto impacto en reducción de la pobreza y en la provisión de bienes y servicios por parte del Estado, así como atender la dramática crisis humanitaria con la intervención urgente del Sistema de Naciones Unidas, la Defensoría del Pueblo y el Consejo Nacional de Paz, Convivencia y Reconciliación, al tiempo que se da un fortísimo impulso a la sustitución voluntaria de cultivos con particular atención a que el Estado cumpla lo que promete.