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Prenden alarmas por paramilitarismo y falsos positivos en el Meta
Iván Augusto Briceño Suárez / Lunes 7 de mayo de 2018
 

En las últimas horas se dio a conocer un detallado informe que revela que las estructuras paramilitares, que azotaron al Meta en el pasado, siguen intactas, y ahora están al servicio de empresarios y dueños de tierras en el Llano.

El informe “No son líos de faldas, son líos de tierras” elaborado por el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política de Cinep/Programa por la Paz, fue dado a conocer este viernes en Bogotá, y advierte que hasta el momento se registran 90 reclamantes de tierras amenazados en el Meta. Adicionalmente, el Cinep llamó la atención sobre la situación de derechos humanos en Meta y Guaviare.

Según el director de Cinep Luis Guillermo Guerrero, “la guerra sucia sigue vigente en Colombia y las noticias no son las mejores en materia de DD.HH. y el DIH”.

Guerrero prendió las alarmas, al asegurar que el año pasado se registraron 138 muertes por ejecuciones extrajudiciales (falsos positivos) por abuso de autoridad, intolerancia social y persecución política por agentes directos o indirectos del Estado.

Estos casos se incrementaron en comparación con el año 2016 en un 20%, pasando de 115 víctimas a 138 en el 2017.

El informe indica que la mayor responsabilidad es atribuida a grupos paramilitares quienes utilizaron la amenaza como método de victimización con 609 casos.

Seguido por la Policía Nacional quienes implementaron acciones represivas especialmente por medio del Esmad, con un total de 540 victimas, entre ellos 31 ejecuciones extrajudiciales y 134 detenciones arbitrarias.

Las acciones por parte del Ejército Nacional aumentaron en el 2017 de manera significativa con un 22% más en comparación con el año 2016, con 141 victimizaciones.

Con respecto a la naturaleza del fenómeno paramilitar que sigue vigente, el sacerdote Javier Giraldo, aseguró que “el lenguaje oficial se ha dedicado a cambiarles el nombre, su naturaleza o sus características. Pero en la información del Banco de Datos se demuestra que no es así”

Por su parte, el director del Cinep, destacó tres conclusiones importantes sobre el informe: “primero, que no se ha reducido la violencia, sino que han variado los métodos con que se ejerce, segundo, que el Estado y la sociedad tienen un compromiso con las víctimas que deben asumir; y tercero, que hay fuerzas políticas que están desestabilizando la implementación de los acuerdos de paz”.

El tema a resaltar en el informe es la violencia que coarta los liderazgos en torno a la restitución de tierras. El Cinep/PPP conoció y documentó en el año 2017, 22 casos cometidos contra líderes de restitución de tierras que causaron un total de 56 víctimas individuales y 30 victimizaciones colectivas.

El informe también muestra que el departamento con mayor número de victimizaciones asociado al tema de tierras es Chocó. En segundo lugar, está Antioquia, sigue Córdoba y después Cesar y Arauca. En su mayoría la presunta responsabilidad es de paramilitares.

Luis Enrique Amado, de la Pastoral Social del sur, explicó que “Tenemos que dejar de ver a la tierra como un hecho mercantil. Para las comunidades, la tierra es su propia piel. Cuando hay despojo es como si les arrancaran el pellejo”.

Así mismo, Omar García, del Banco de Datos del Suroriente colombiano, hizo un llamado sobre las afectaciones de las comunidades por la defensa de su territorio y el medio ambiente: “La explotación petrolera en las faldas de la cordillera está poniendo en riesgo la matriz de las aguas. Líderes se han visto amenazados por su acción de defensa ambiental”.