Judicializada y exiliada, la abogada y activista colombiana Paola Andrea Salgado (Ibagué, Tolima, 1982) reside desde octubre de 2015 en Buenos Aires. En Argentina continúa con la militancia feminista, en el Congreso de los Pueblos (capítulo argentino) y participa en el Foro Internacional de Víctimas (FIV), iniciativa ciudadana que nació en 2014 –en el contexto de las negociaciones de paz de La Habana- para dar voz a más de siete millones de colombianos que según el Foro residen en el extranjero. Dentro de la campaña “Ser líder no es un delito”, el Congreso de los Pueblos denunció el pasado 21 de abril la detención “arbitraria” de defensores de los derechos humanos ordenada por las autoridades judiciales y la Fiscalía General en los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca.

Entre las detenidas se hallaba Sara Liliana Quiñonez Valencia, defensora de las comunidades negras del Alto Mira y Frontera (Tumaco), forzada junto a su familia a desplazarse -a causa de las amenazas- a Cali; en el operativo también fue detenida su madre, la lideresa Tulia Marys Valencia; sobre ellas pesan las acusaciones de rebelión y colaboración con la guerrilla del ELN. Otra de las incriminadas es Alejandra Dizú, Vicegobernadora del Cabildo Nasa de la Comunidad de Pueblo Nuevo (Jamundí) y delegada ante el Tribunal de Justicia de la Organización Regional Indígena del Valle del Cauca (ORIVAC).

Paola Andrea Salgado ha participado en un coloquio titulado “Represión estatal contra la lucha de las mujeres en Colombia”, organizado por la Coordinació Valenciana de Solidaritat amb Colombia en la sede de CEDSALA. El ocho de julio de 2015 la defensora de derechos humanos y otras 14 personas fueron detenidas por la presunta relación –según la versión de las autoridades y los medios colombianos- con dos explosiones acaecidas en Bogotá a primeros de julio de 2015, una protesta “violenta” en la Universidad Nacional que tuvo lugar dos meses antes y una supuesta “red urbana” del ELN. Dos de los capturados fueron puestos en libertad pocas horas después; el 28 de julio la Juez 72 de Control de Garantías aceptó la petición de la Fiscalía para que los 13 detenidos ingresaran en prisión preventiva.

“Fue una captura masiva dentro de un operativo policial totalmente espectacular y desmesurado”, afirma Paola Salgado respecto al allanamiento, antes de la celebración del acto en la sede de CEDSALA de Valencia; “Policías, antiexplosivos, helicópteros, presencia de los medios informativos… Hubo detenciones en casas y centros de trabajo a las 6,00 de la mañana”. Al operativo desplegado en la capital se adhirió con unas declaraciones el presidente de la República, Juan Manuel Santos, quien en su cuenta de Twitter felicitó a la Fiscalía General y a la Policía Nacional por la detención de “11 personas del ELN responsables de petardos en Bogotá”; “no hemos generado capturas de ángeles”, afirmó en un programa de radio el entonces director general de la Policía, Rodolfo Palomino.

El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU declaró al periódico El Tiempo: “No hay decisiones judiciales que les declaren culpables, y así han sido presentados”; por ejemplo, los medios informativos hicieron uso de fotografías (de algunos de los detenidos) tomadas de las redes sociales, en las que se les mostraba como autores de los presuntos delitos. Además, cerca de 60 organizaciones sociales, defensoras de derechos humanos, estudiantiles, sindicales y ambientalistas firmaron un comunicado conjunto tras los apresamientos. El Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, entre otros, exigieron en el documento la libertad de los incriminados y denunciaron la “violación grave” de los derechos de asociación, protesta, al debido proceso, expresión y la presunción de inocencia. Subrayaron que, en la mayoría de los casos, se trataba de “reconocidos” dirigentes estudiantiles, campesinos, periodistas, funcionarios de la Alcaldía Distrital y defensores de derechos humanos.

Por ejemplo, la estudiante de 21 años (en el momento de la detención) Liceth Johana Acosta, miembro del Proceso Nacional Identidad Estudiantil, del Congreso de los Pueblos y dedicada a la construcción de consejos estudiantiles en la Universidad Pedagógica Nacional; o la joven politóloga Lorena Romo Muñoz, quien fue integrante de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE), lideresa barrial en las localidades de Teusaquillo y Chapinero (Bogotá) y activista en espacios como el Frente Amplio por la Paz y Clamor Social por la Paz. Por su compromiso social Lorena Romo fue amenazada de muerte. Entre los imputados también figuraba Sergio Campos, periodista de la agencia de comunicación independiente Colombia Informa y miembro de Tejido Juvenil Nacional Transformando a la Sociedad (TEJUNTAS); el reportero cubría informaciones relacionadas con la paz y el conflicto armado, y en 2014 recibió amenazas del grupo paramilitar “Águilas Negras”. Además denunció que durante el allanamiento se le requisó una parte del archivo periodístico.

El Congreso de los Pueblos, el colectivo Vamos por los Derechos y Marcha Patriótica, entre otros movimientos, organizaron el 10 de julio plantones solidarios en el complejo judicial de Paloquemao, en Bogotá, y frente al edificio de la Fiscalía en Cali. El lema de la convocatoria fue "No más falsos positivos judiciales", que se sustentaba en una cifra: “8.600 personas fueron vinculadas entre 2009 y 2012 a procesos por supuestas relaciones con la insurgencia”, según una nota informativa del Congreso de los Pueblos; a más del 75% de los detenidos durante los tres años, añadía el comunicado, se les puso en libertad al no poderse probar las acusaciones por delito de rebelión y terrorismo; de ahí la analogía con el escándalo de los “falsos positivos”, que supuso la ejecución extrajudicial –por parte de las Fuerzas Armadas- de miles de civiles de origen humilde a quienes se hizo pasar por guerrilleros muertos en combate; los crímenes de estas características se dispararon durante la presidencia de Uribe Vélez (2002-2010), con Juan Manuel Santos al frente del Ministerio de Defensa en el periodo 2006-2009.

En el momento del allanamiento y detención, Paola Salgado Piedrahíta hacía parte de la Confluencia de Mujeres del Congreso de los Pueblos, la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres y la Red Nacional de Mujeres. La mayoría de los detenidos militaban en el Congreso de los Pueblos y habían participado, entre otras acciones, en la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular de 2014, la Campaña al Senado del mismo año y el Congreso para la Paz de 2013. “Los procesamientos fueron un ‘golpe’ para deslegitimar el trabajo que estábamos realizando”, afirma Salgado. En septiembre de 2015, un juez de segunda instancia de Bogotá ordenó la puesta en libertad de los 13 detenidos al considerar ilegal el procedimiento de captura y nula la medida de “aseguramiento” (privación de libertad en centro carcelario). “Pero el proceso continúa abierto, y las imputaciones de la Fiscalía podrían implicar una pena –con las agravantes- de hasta 32 años de prisión”, informa la activista acerca de su situación penal.

¿Por qué decidió abandonar Colombia y exiliarse en Argentina? “Por el riesgo de que la Fiscalía dictara otra orden de captura mediante algún procedimiento irregular”. Paola Salgado señala como segundo factor el “montaje” judicial al que se han visto sometidos; de hecho, durante la investigación los militantes han denunciado la utilización de “testigos y pruebas falsas, fotografías, la intervención de agendas, celulares y tanto la realización de seguimientos como la interceptación de llamadas”. Las organizaciones sociales sostienen que, con el fin de criminalizar a los militantes, la Fiscalía presentó -en calidad de prueba- banderas del Congreso de los Pueblos, trabajos académicos, libros e imágenes del sacerdote revolucionario Camilo Torres Restrepo (miembro del ELN) y carteles de movilizaciones. “Hay un historial bastante largo en Colombia de ‘actuación’ policial -mediante grupos paramilitares o parapoliciales- cuando los montajes judiciales no funcionan; el objetivo es que la gente se calle y aísle; temíamos que se produjera algún atentado después del ‘espectáculo’ de la detención y que un juez nos hubiera puesto en libertad”, explica la activista.

“El ser feminista y realizar un trabajo en defensa de las mujeres también se ha utilizado para deslegitimarme en lo personal y justificar la judicialización”. La abogada ha militado por la legalización del aborto y en la denuncia de la violencia sexual contra las mujeres en el contexto del conflicto armado. También coordinó en el Hospital de Suba, entre 2013 y 2015, el Programa de Servicios Amigables en Salud Sexual y Reproductiva para mujeres de la Secretaría de Salud de Bogotá. La iniciativa incluía asesoramiento a mujeres sobre métodos anticonceptivos, detección de infecciones de transmisión sexual, prevención del cáncer de cuello uterino y de mama, y para decidir sobre una posible interrupción del embarazo; integraban el servicio profesionales de diferentes áreas: médica, psicológica, trabajo social, enfermería (jefa y auxiliar), además de una coordinadora y una gestora comunitaria.

Las dos primeras experiencias se desarrollaron en los hospitales de Suba y Centro Oriente, en Bogotá. “Trabajábamos en localidades y barrios pobres, con mujeres jóvenes y sobre todo cabezas del hogar, también con las que tenían muchos hijos o trabajaban en la calle”, recuerda Paola Salgado. Al año de comenzar el programa (mayo de 2014), se habían realizado en los dos centros cerca de 8.000 atenciones sobre salud sexual y reproductiva, de las que la mitad correspondían a asesorías en anticoncepción; el servicio se extendió después a los hospitales de Sur y Rafael Uribe. En mayo de 2016, la alcaldía de Bogotá informó que en tres años la iniciativa hizo posibles 989 “procedimientos de interrupción voluntaria del embarazo” en hospitales públicos de la capital, la mayoría a causa del riesgo para la vida o salud de la mujer (uno de los tres supuestos para los que la Corte Constitucional despenalizó en 2006 el aborto en Colombia); “ésta era la parte más importante del programa, concluye Salgado, la práctica del aborto legal en los centros de atención”.