El día 10 de junio de 2018 la vereda Miraflores en el municipio de Quinchía, Risaralda, amaneció militarizada luego de que las familias de esta comunidad fueran notificadas de una orden de desalojo proferida por la Alcaldía Municipal en contra de alrededor de 400 mineros de subsistencia que trabajan en este cerro del territorio de Karambá, en Quinchía. Está zona ha sido utilizada por familias de aproximadamente 11 comunidades por más de 100 años, comunidades indígenas y campesinas de la zona, que ahora están en peligro de desalojo por la pérdida del título de formalización que fue adquirido por una empresa multinacional en un contexto de vulnerabilidad ocasionado por el conflicto armado en la zona y por la criminalización estatal de la minería tradicional.

Historia del conflicto minero

En un escenario de vulnerabilidad, tras el asesinato de 3 líderes y el desplazamiento forzado de los mineros de subsistencia, durante la oleada de violencia proferida por el Bloque Central Bolívar de las AUC en Quinchía, Risaralda, en el año 2003, la Asociación de Mineros de Miraflores “cedió” el título 010-87M que actualmente es propiedad de la Compañía Minera Miraflores, operadora de la Multinacional australiana METMINCO Resources. Esta operación se realizó sin haber consultado con la comunidad de mineros que se beneficiaban colectivamente de los frentes de trabajo, ni con las comunidades indígenas asentadas en la zona, las cuales dependen de manera directa e indirecta de dicha actividad.

Alrededor del año 2009, la multinacional empezó a hacer presencia en el territorio bajo el nombre de Minera Seafield S.A.S. caracterizándose por asumir una posición de confrontación con las comunidades indígenas, irrespetando su autoridad ancestral y sus garantías de ser consultados sobre las decisiones que les afectan. De la misma manera, las comunidades de mineros han sido víctimas de numerosas promesas sobre educación, salud y jubilación siempre incumplidas, lo que además ha aumentado la conflictividad entre quienes se niegan a ser desalojados y quienes quieren llegar a un acuerdo.

La perforación con diamantina para la búsqueda de nuevos yacimientos de oro ha causado, además, la pérdida de algunas microcuencas que abastecen de agua numerosas veredas. Esta situación, a pesar de ser denunciada por los líderes de los acueductos rurales, no ha sido verificada por las autoridades ambientales, quienes han otorgado permisos sin tener suficiente información ambiental sobre la zona.

Perspectiva del proyecto minero

La mina la Cruzada está propuesta como la punta de lanza del proyecto minero Quinchía, compuesto por 11 títulos mineros que comprometen alrededor del 80% del municipio de Quinchía, otorgados en su mayoría entre los años 2008 a 2013, dentro de la conocida “subasta minera de Ingeominas”.

Hasta ahora, la multinacional ha detectado dos yacimientos adicionales en las veredas Santa Sofía y Santa María y en la vereda el Chuscal, proyectando una gran explotación cuyos residuos irán a parar al río Cauca, que pasa por el corregimiento de Irra.

La localización de este proyecto es clave dentro del complejo extractivo nombrado por las multinacionales mineras como el Bloque Aurífero del Cauca Medio —dentro del cual se encuentran los polémicos proyectos regionales La Colosa y Quebradona de la multinacional sudafricana Anglo Gold Ashanti.

El desalojo

La Multinacional METMINCO interpone queja ante la personería por una supuesta situación de riesgo de deslizamiento en la vereda de Miraflores. Esta situación de riesgo, si bien no ha sido técnicamente constatada, ha sido promovida por la misma empresa que irresponsablemente ha enviado personas para que abran frentes de explotación en la zona alta de la montaña. A causa de la inestabilidad geológica de esta zona, los mineros de subsistencia se han abstenido de realizar sus actividades allí durante los más de 100 años que llevan trabajando. Sin embargo, la empresa avanza en la construcción de 2 kilómetros de túneles exploratorios en el interior de la montaña.

Esta compañía a través de la solicitud del amparo administrativo con el apoyo de la fuerza pública (Ejército Nacional y Policía Nacional) amenazó con el desalojo, anunciado para el 13 de junio (sin notificación escrita), del frente de trabajo denominado La Cruzada construido por la comunidad de mineros de subsistencia, lo que implicaría la revictimización de más de 400 familias integradas por comunidades campesinas e indígenas de la comunidad Embera Karambá.

Aunque no se ha hecho efectivo el desalojo hasta el momento de redacción de esta nota (14 de junio de 2018), el delegado de la Agencia Nacional de Minería le expresó a la gobernadora mayor de la parcialidad indígena embera Karambá que “la próxima vez entrarán por la fuerza”, dejando a las comunidades de mineros en la zozobra de no saber en qué momento serán desplazados mediante el uso de la violencia de la fuerza pública para favorecer intereses de capital extranjero.