Desde su nacimiento, la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño (Cahucopana) ha venido adelantado una constante lucha por la defensa y promoción de los derechos de los campesinos de la región, a través de la denuncia, los espacios de formación, y los refugios humanitarios como mecanismo para prevenir el desplazamiento de las comunidades. Dentro de este proceso ha llevado a cabo tres acciones humanitarias que han buscado romper con el bloqueo militar y paramilitar impuesto en la zona, dar a conocer a nivel nacional e internacional la situación de la región y ser un mecanismo de exigencia hacia el Estado para que respete y garantice sus derechos.

Entre el 15 y 19 de mayo próximo, Cahucopana realizará la cuarta acción humanitaria al Nordeste Antioqueño en la vereda Puerto Nuevo Ité, jurisdicción del municipio de Remedios (Antioquia), evento que busca sensibilizar y dar a conocer la grave situación humanitaria existente en la región, agudizada por el alto número de ejecuciones extrajudiciales y violaciones a los derechos humanos perpetradas por las Fuerzas Militares en el marco de la implementación de la política de Seguridad Democrática (SD) del actual Gobierno Nacional. La acción humanitaria busca romper el silencio y olvido con que se han cubierto los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado en la región hacia la población campesina y sus organizaciones desde hace más de treinta años.

Desde la implantación de la política de SD, el número de violaciones a los Derechos Humanos por parte de las Fuerzas Militares se ha incrementado notoriamente (1). El caso del Magdalena Medio, en especial del Nordeste Antioqueño, ejemplifica la estrategia de muerte y desarraigo que se encuentra detrás de esta política, en la que campesinos, jóvenes, y líderes de las organizaciones de la región son asesinados y posteriormente presentados como guerrilleros dados de baja en combate, generando temor, desplazamiento, dolor y sobre todo negando todo tipo de derechos a las comunidades de la zona.

Unas pocas historias entre muchas…

El día 6 de enero de 2007 miembros del Batallón Plan Especial Energético y Vial No. 8 del Ejército Nacional asesinaron a Heriberto Correa, reconocido campesino de la vereda Santa Marta del municipio de Remedios en un caserío cercano a su casa. Este hecho ocurrió en el marco de la operación Atenea que desde agosto del año 2006 se implementa en la zona. El hecho se dio cuando los militares simularon un combate.

Para esta época el boletín semanal de reportes de resultados de la pagina web del Ejército reportaba el suceso así: “(…) En hechos similares, esta vez en el desarrollo de la operación ‘Atenea’, efectivos del Batallón Especial Energético y Vial No.8 ‘Mayor Mario Serpa Cuesta’, dieron de baja a un terrorista de la cuadrilla 4 de las Farc, en el área rural del municipio de Remedios (Antioquia). Un revólver y munición para el mismo fue el material decomisado por los soldados.” (2)

El 5 de febrero, el Ejército capturó y asesino a William Hernán Sánchez, quien fue presentado como guerrillero dado de baja en combate. Esto ocurrió en la vereda Cancha de Manila, jurisdicción de Remedios, Antioquia. Esta acción fue presentada por el ejercito así: “ (…) Otro terrorista, esta vez de la Cuarta cuadrilla de las Farc, murió en enfrentamientos armados contra tropas del Batallón Especial Energético y Vial No.8, de la Décima Cuarta Brigada, destacadas en el sitio conocido como Cancha Amarilla, en la población de Remedios, Antioquia.” (3)

Por su parte, la Fuerza Aérea presento el asesinato del campesino de esta forma: “En otro hecho, ocurrido en el sector de Cacha Manila, zona rural del municipio de Remedios, esta misma unidad militar, en el marco de la Operación “Atenea”, dieron muerte en combate a un presunto subversivo de la cuadrilla 4 de las Farc, quien respondía con el alias de William. Según el informe castrense, el sujeto vestía prensas de uso privativo de las Fuerzas Militares. Asimismo, tras los combates, los militares recuperaron un arma de corto alcance, un fusil AK-47 calibre 7,62 con un proveedor para el mismo con su respectiva munición.” (4)

En otra de las acciones del Ejército, fue desaparecido por miembros del Batallón Calibío el campesino Parmenio Manuel Hernández Amaya. Fue encontrado asesinado cinco días después en la morgue de la ciudad de Barrancabermeja. Esto ocurrió el 28 de diciembre de 2007 en la vereda La Poza del municipio de Cantagallo, Sur de Bolívar.

Días después, el Ejército Nacional publicaba en su pagina de internet en uno de los reportes de resultados de las operaciones militares que adelantan en varias regiones del país, la muerte de un miembro del comando Raúl Eduardo Mahecha, presentándolo así: “El (…) hecho fue adelantado por efectivos del Batallón de Ingenieros No.14 “Batalla de Calibío”, en la Vereda Bocas de Don Juan del Municipio de Yondó, donde perdió la vida un subversivo, de la compañía ‘Raúl Eduardo Mahecha’ de las FARC.”

De esta manera, las tropas de la Decimocuarta Brigada continúan desarrollando operaciones contra todas las estructuras de las FARC, con el propósito de neutralizar su accionar terrorista y garantizar el libre ejercicio de los derechos y libertades a todos los habitantes del Nordeste Antioqueño, Magdalena Medio y Sur de Bolívar.” (5)

Estos son unos pocos de los muchos casos de ejecuciones extrajudiciales que se han presentado en la región del Valle del Río Cimitarra desde el año 2004 (6), desarrolladas en medio de una fuerte militarización de la Séptima y Segunda División en el marco de la operación Atenea, que según el ejército nacional, tiene como finalidad contrarrestar el poder del Bloque Magdalena Medio en las regiones del Nordeste Antioqueño y Sur de Bolívar; además que desde hace varios años se desarrollan en esta regiones operaciones en el marco del Plan Colombia.

De la Seguridad Nacional a la Seguridad Democrática: dos escenarios de muerte

La política de SD, es concebida por el gobierno nacional como la única alternativa para garantizar el disfrute de los derechos humanos y el desarrollo social y económico que el país requiere, ya que según este, producto de la existencia de los grupos guerrilleros la población colombiana no ha podido ejercer sus derechos y disfrutar de condiciones de vida digna. No obstante, desde que se dio inicio a esta, las violaciones a los derechos humanos por parte de miembros del ejército y la policía se han incrementado notoriamente. Según el informe de la Misión Internacional de Observación sobre Ejecuciones Extrajudiciales e Impunidad en Colombia, desde el año 2002 han sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales 955 personas en diferentes regiones del país y 235 han sido desaparecidas forzadamente por miembros la fuerza pública (7). Muchos de estos casos están acompañados de torturas físicas y psicológicas hacia las victimas, así como amenazas, hostigamientos, desplazamiento para sus familiares, amigos, comunidades y organizaciones que se atreven a denunciar.

Los resultados son completamente distintos a como los presenta el gobierno, y en vez de ser una alternativa verdaderamente democrática que lleve al país hacia una paz con justicia social, ésta representa el retorno a la época de la Doctrina de Seguridad Nacional, en la que el enemigo se encontraba en todo aquel que no estuviera afín a los intereses hegemónicos, siendo estos presentados como amenaza que sólo debe y puede ser tratada de forma represiva, legitimando así el accionar y poder de las fuerzas militares por encima de cualquier tipo de derecho. Al igual que en el pasado, estos hechos son presentados en un contexto de supuesta polarización: comunistas contra ciudadanos de bien, subversivos contra amantes de la democracia, y ahora uribistas contra terroristas, que bajo esta lógica sólo pueden ser eliminados.

La Doctrina de Seguridad Nacional marcó el inicio de un ciclo de dolor y violencia en Colombia. Uno de los principales puntos sobre los cuales fundamentaba su éxito, hacía referencia al excesivo poder de la Fuerzas Militares, buscando crear una “trilogía del poder” junto con el Estado y la población, cuya única finalidad era lograr la seguridad de la nación (8). De allí la urgencia de involucrar a la población civil en la guerra a través de operaciones de inteligencia y cívico-militares, que posibilitaran el contacto más directo con las supuesta base de la insurgencia. Harold Bedoya (ex comandante de las Fuerzas Militares y creador del grupo paramilitar conocido como “Triple A”) afirmaba que: “Necesitamos que todos los colombianos nos sintamos mancornas con el ejército”, lo cual implica que los civiles y sus organizaciones deben quedar subordinadas ante los intereses de las Fuerzas Militares.

Dentro de este marco se hace necesaria la militarización de todos los espacios sociales, políticos y económicos. El Gobierno Nacional en repetidas ocasiones ha señalado que sólo a través de la SD se logrará superar las brechas sociales y alcanzar el desarrollo para el país. En el caso del agro, el ex ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias señalaba que: “El gobierno quiere hacer una reforma agraria de ultima generación, basada en la política de extinción de dominio y en fortalecimiento de la Seguridad Democrática, a través del incremento de los batallones de alta montaña y de brigadas móviles. La idea es ir liberando el territorio e ir sustituyendo el que es liberado con actividad económica formal, así pues el manejo social del campo se consolida como el aliado natural de la seguridad democrática, entre ambas políticas, las fuerzas narcoterroristas de la subversión serán completamente derrotadas y sometidas por los ciudadanos de bien”.

Pero el campo ha sido el más perjudicado con la militarización de sus áreas y el involucramiento de la población civil campesina en la guerra. Al igual que en la Doctrina de Seguridad Nacional, la política de SD también hace uso del mecanismo de vincular a civiles en la guerra. Este es uno de sus pilares. Las redes de informantes, los soldados campesinos, las familias guardabosques hacen parte del reencauche. Esto ha traído graves consecuencias para la población campesina, ya que gran cantidad de las victimas de ejecuciones extrajudiciales son campesinos, además muchos de estos casos muestran como característica que las víctimas anteriormente habían sido señaladas por informantes, desmovilizados, encapuchados o miembros de las comunidades que se acogieron al programa de reinserción como falsos miembros de la guerrilla, información que puede ser falsa y que dentro del accionar de las Fuerzas Militares es susceptible de no ser verificada.

A esto se suma los incentivos a los miembros de las Fuerzas Militares, los cuales reciben bonificaciones, licencias o asensos por los éxitos numéricos que obtengan en las operaciones en las que participan. Sin embargo, este hecho debe ser mirado con detenimiento, ya que desde la oficialidad se ha querido poner como la principal causa de las violaciones a los derechos humanos que cometen los miembros de las Fuerzas Militares, presentando la situación como la falta de valores y de ética de sus miembros o la avaricia de estos, desconociendo que se trata de una política estatal escondida bajo el manto de la impunidad.

El panorama se agrava cuando se mira holísticamente la situación. Además de los casos del Magdalena Medio se suma el alto número de asesinatos en otras regiones como Arauca, Boyacá, Catatumbo, Huila, Meta, Sucre, Tolima y Valle del Cauca. En algunas de éstas, los jóvenes de las áreas urbanas son presentados como ladrones de ganado, extorsionistas o vendedores de drogas, mientras que los campesinos son presentados como guerrilleros muertos en combate. En algunos casos se ha registrado el asesinato de personas discapacitadas o con enfermedades mentales o indigentes. También han ocurrido asesinatos de niños y niñas, mujeres, indígenas, líderes sociales y desplazados. Esto evidencia que es una práctica sistemática y generalizada, con la cual el Estado se está deshaciendo de los sectores sociales que históricamente le han representado un obstáculo.

El contexto de impunidad

Son muchos los factores que han intervenido en que los casos de ejecuciones extrajudiciales se encuentran en la impunidad: falta de pruebas, alteración de los lugares donde ocurrieron los crímenes, amenazas, hostigamientos, etc., factores en los que ni las autoridades militares ni judiciales han tomado medidas, evidenciando la falta de voluntad de encontrar la verdad, esclarecer los hechos y castigar a los responsables.

Aunque en teoría las violaciones a los derechos humanos realizadas por miembros de la fuerza pública deben ser juzgadas por la justicia ordinaria, muchos de los casos de ejecuciones extrajudiciales están siendo investigados por la justicia penal militar, rompiendo con el principio de imparcialidad e independencia que debe tener el ente investigador, impidiendo de tal manera que se llegue a la justicia y al esclarecimiento de los hechos. Además de esto, muchos de los jueces realizan sus actividades en los batallones o bases militares, lo cual genera temor e inseguridad entre las víctimas, e imposibilita que los familiares busquen la verdad y la justicia.

A esto se debe sumar la el papel que desempeña la Fiscalía en estas investigaciones. En muchas ocasiones los procesos son enviados por la Fiscalía a la justicia penal militar, desconociendo su labor como ente investigador e irrespetando el debido proceso. También se suma que en ocasiones la Fiscalía actúa conjuntamente con el ejército, lo cual le resta imparcialidad a las investigaciones. Es conocido que muchas de las investigaciones son trasladadas a regiones distantes de donde se encuentran los familiares de las victimas o de donde ocurrieron los hechos, imposibilitando que se aporten pruebas y testimonios y que las familias estén al tanto de la investigación.

Las modificaciones en los lugares donde ocurrieron los crímenes permitan que se eliminen pruebas y elementos que den luces en la investigación. Esto ocurre porque muchos de los levantamientos de los cadáveres son realizados por los mismos responsables de los crímenes, lo cual viola todos los procedimientos.

Además, la falta de denuncias hace que los casos en muchas ocasiones no sean conocidos o precluyan por falta de pruebas. Sin embargo, esto no corresponde a la falta de voluntad de los familiares de las victimas, que en su gran mayoría son mujeres, sino más bien hace parte del contexto de guerra en el que se encuentran, ya que muchos de ellos son amenazados, hostigados y estigmatizados, o sus lugares de vivienda se encuentran bastante alejados de los centros de recepción de denuncias. Otra de las razones que impide el acceso a la justicia es la falta de abogados y asesoría legal para las víctimas. En muchos ocasiones los casos son asumidos por abogados con poca experiencia o que sólo están buscando beneficios económicos, dejando de lado su labor dentro de la búsqueda de la justicia.

Otro factor que abona el ambiente de impunidad en el que se encuentran estos casos es el manejo que los medios de comunicación y las autoridades han dado a los mismos. A pesar de que es conocido que varias de las víctimas no pertenecen a ningún grupo armado, ni el gobierno ni los medios de comunicación han desmentido estas versiones, generando una revictimización y violando el derecho al buen nombre y a la buena honra. Desde los centros de información no se investigan los hechos, ni quien era la victima, ni el estado en que se encuentran las investigaciones judiciales. Esto niega el derecho a una información veraz que realmente dé cuenta de lo que está ocurriendo y que analice las situaciones.

Aunque sobre los casos de ejecuciones extrajudiciales se ha generado una gran polémica, aún no se ha puesto en evidencia la dimensión de estos crímenes. Las ejecuciones extrajudiciales van más allá de los asesinatos. Se encuentran cubiertas de un manto de impunidad, dolor y desarticulación de procesos sociales y comunidades. Además, se encuentran amparados por la desinformación y negación de las situaciones reales en las que ocurren.

Por estas razones, esperamos contar con el apoyo y solidaridad de las organizaciones regionales, nacionales e internacionales en la realización de la cuarta acción humanitaria al Nordeste Antioqueño, y en la labor de defensa y lucha por la vida digna, la verdad, la justicia y la reparación integral de los crímenes que desde hace muchas décadas se han cometido contra los campesinos de la región, los cuales permanecen en la impunidad, sin olvidar que la política de seguridad democrática y las ejecuciones extrajudiciales son sólo una de las expresiones de la forma como históricamente se ha impuesto un modelo socioeconómico excluyente que desconoce las necesidades de los diferentes sectores sociales y cuya única solución ha sido la vía militar.

Fuentes

 Agencia Prensa Rural.
 Francisco Leal Buitrago. La inseguridad de la Seguridad. Editorial Planeta. 2006.
 Informe final de la misión internacional de observación sobre ejecuciones extrajudiciales e impunidad en Colombia. Coordinación Colombia-Europa - Estados Unidos. Bogotá, 2008.
 Pagina web de la séptima división del Ejército Nacional.
 Política integral de acción en Derechos Humanos: Una propuesta desde las víctimas de crímenes de Estado. Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado. Bogotá, 2009.
 Proyecto Colombia Nunca Más. Informe Zona 5. Bogotá, 2008.
 Tras los pasos perdidos de la guerra sucia. Paramilitarismo y operaciones encubiertas en Colombia. Varios Autores. Bruselas, 1995.

Notas:

1. Según el informe de informe de la Misión Internacional de Observación sobre Ejecuciones Extrajudiciales e Impunidad en Colombia de la Coordinación Colombia- Europa- Estados Unidos, desde el año 2002 se incrementaron en un 67% los casos de ejecuciones extrajudiciales en el país. Esto coincide con la fecha de inicio de la implementación de la política de Seguridad Democrática.

2. http://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=188771

3. http://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=189097

4. http://www.fac.mil.co/index.php?idcategoria=17518&facmil_2007=c13d09d682901a44085ca2937d0eebaf

5. http://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=197059

6. En total han sido asesinados al menos 15 campesinos en diferentes veredas del Valle del río Cimitarra, siendo responsables de estos hechos las tropas del batallón Nueva Granada y Batallones Calibío y Plan Energético y Vial N. 8, adscritos a las Brigada 5 y 14 respectivamente. www.prensarural.org/spip/IMG/rtf/Tablas.rtf

7. Coordinación Colombia- Europa- Estados Unidos. Observatorio de Derecho Humanos y Derecho Humanitario. Informe final de la Misión Internacional de Observación sobre las Ejecuciones Extrajudiciales e Impunidad en Colombia. Documentos Temáticos # 4. Bogotá. 2008. Pág. 11.

8. Varios Autores. Tras los pasos perdidos de la guerra sucia. Paramilitarismo y operaciones encubiertas en Colombia. Bruselas.1995. Pág. 10.