Es una verdad incontrovertible que la clase que detenta el poder en una sociedad dividida en clases, cuando sus privilegios están amenazados y es consciente que ya con el pueblo se le han agotado todas las formas de engaño habidas y por haber en su indesmayable intento por perpetuarse en el poder; cuando hoy día ninguna de las maniobras demagógicas que antes le funcionaron a las mil maravillas, le dan resultado, un sector de esta clase política dominante, el más atrasado; el más reaccionario, no encuentra otra forma de frenar el desarrollo de las leyes objetivas de la historia, sino borrando de la vida a todos aquellos que considera sus adversarios políticos, en quienes ve a los portadores del cambio social.

En el caso colombiano, existe un sector cuyas características coinciden con el grupo anteriormente referenciado, convencido de que las contradicciones de clase en Colombia han alcanzado un nivel tan alto, que la Fuerza Pública dentro y en base a la legalidad constitucional, ya no puede ni está en capacidad de defenderle sus intereses de clase, razón ésta por la cual, se ve en la necesidad de crear una fuerza “ilegal” (paramilitares) como complemento de la Fuerza Pública institucional, para que realice el trabajo sucio: asesinar a líderes sociales; a defensores de los derechos humanos; a excombatientes de las FARC reincorporados a la vida civil, etc.

Esta fuerza (paramilitares) es sostenida, financiada y sus crímenes direccionados políticamente por el maridaje como resultado de la comunidad de intereses, de los sectores más retrógrados: algunos terratenientes, contados empresarios, ciertos ganaderos, algunos narcotraficantes y una parte de altos oficiales de la Fuerza Pública, tanto retirados como activos. Su actividad criminal es amparada y coordinada con elementos de la Fuerza Pública.

El ejemplo más doloroso, pero al mismo tiempo más vergonzoso, de cómo actúa esta fuerza fue el exterminio físico de 5.000 integrantes de La Unión Patriótica. Un movimiento político que surgió a la luz de Los Acuerdos de La Uribe en 1986, durante el gobierno del presidente Belisario Betancourt, donde al igual que hoy, el Ejecutivo se comprometió con toda la institucionalidad a brindarle a los integrantes de este nuevo movimiento la necesaria seguridad jurídica y física, para que pudieran hacer política en igualdad de condiciones con los integrantes de los partidos tradicionales: Liberal y Conservador.

Todo lo anterior, no dejó de ser solo una buena intención del presidente Betancourt, con el agravante que la mayoría de los crímenes contra La UP, incluyendo los magnicidios, fueron realizados por agentes de seguridad del Estado, crímenes estos calificados como Terrorismo de Estado, porque fueron precisamente los escoltas estatales que le puso el gobierno a cada uno de los líderes del Nuevo Movimiento para que velaran por la integridad física de los mismos, los que realizaron la inteligencia para el exterminio físico de sus protegidos.

Fue un genocidio político lo cometido contra La UP, por el único crimen de querer forjar una Colombia donde cupiéramos todos sin distingos de origen social, raza, credo religioso o político. Pero no, los cavernarios de ayer, que son los mismos de hoy, a sangre y fuego desvanecieron la esperanza de las grandes mayorías. Y lo más llamativo, por no decir lo más extraño, fue que todos estos crímenes de Estado fueron cubiertos bajo un espeso e impenetrable manto de impunidad que se conserva hasta nuestros días.

En un año han sido vilmente asesinados 311 líderes sociales; y en los últimos 6 meses van 104, sin incluir los más de 80 asesinatos de reincorporados y familiares de Las FARC. La orgía de sangre sigue imparable, y los autores intelectuales de la misma continúan como siempre, intocables.

Hace pocos días el presidente Santos tomó una serie de medidas en un intento fallido por poner fin a las sistemáticas y escandalosas muertes de los líderes sociales, muertes éstas, que al parecer comenzaron a sensibilizar a una sociedad de por sí ya adormecida, pero los hechos se están dando de tal forma, que es imposible ignorarlos, y peor aún, justificarlos. Ante este festín de la muerte el mundo entero está escandalizado.

Y digo que es un intento fallido del Presidente Santos, porque no toca la verdadera causa de estas muertes. A esta práctica perversa se le pone fin, no reforzando los esquemas de seguridad de los protegidos, como contempla una de las medidas tomadas por el Presidente, sino tomando “el toro por los cuernos”, es decir, desenmascarando públicamente a los autores intelectuales y financiadores de estos grupos de gatilleros, los que solo viven de matar y para matar.

Tanto el Presidente Juan Manuel Santos como su Vicepresidente el general Naranjo, saben quiénes son los autores intelectuales y financiadores de estos grupos. La pregunta es, ¿Por qué no hacen público sus nombres; por qué no los capturan; por qué no los judicializan? El Fiscal Néstor Humberto Martínez también sabe quiénes son. Porque si no lo supiera, no hubiera puesto tanto empeño en limar las aristas de La JEP, que obligaban a los que han tenido relación directa o indirecta (autores intelectuales y financiadores) con el conflicto armado, a presentarse de manera obligatoria a La JEP. El Fiscal dispuso que la presentación de los terceros a La JEP no fuera obligatoria, sino voluntaria.

Si mal no entendí, se está convocando a todos los defensores y amantes de la paz con justicia social, a movilizarse el 7 de agosto en todo el país, como señal de protesta por esta racha de crímenes de líderes sociales. Considero que sería importante que la gente lleve pancartas con los nombres de los autores intelectuales y financiadores de los grupos paramilitares; los nexos de estos últimos con militares activos y en retiro; con políticos corruptos y algunas trasnacionales.

Tampoco es un secreto que mucha gente de la amenazada sabe con certeza de dónde le proviene la amenaza que luego terminará en muerte. Si callamos nos matan y si hablamos también. Entonces es necesario organizarnos para que vayamos señalando y denunciando ante el país y el mundo a los autores intelectuales, financiadores y beneficiarios de estos crímenes.

Si desde ya no se toman medidas colectivas, oportunas y de contención, esta estela de muertes no la parará nadie. Porque los autores intelectuales de esta política de exterminio ya han dado suficientes pruebas de que no se detienen ante nada ni ante nadie con tal de defender sus mezquinos intereses, así les toque matar no a 5.000 como lo hicieron con La UP, sino a los 8 millones de colombianos que se expresaron en las urnas, y que están comprometidos con la política de paz, respetando, desarrollando e impulsando los Acuerdos de La Habana.