La incidencia política, las constantes denuncias y advertencias que se han presentado ante las autoridades competentes, han permitido visibilizar las múltiples violaciones de derechos humanos cometidos contra la sociedad civil, especialmente las perpetradas en los últimos dos años (2016 a 2018) contra las y los líderes sociales; quienes han tenido que soportar diversos ataques y agresiones, que transgreden la vida e integridad física de las personas que día a día, trabajan de manera incansable por mejorar las condiciones, y la calidad de vida de sus comunidades.

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH), junto con diferentes organizaciones, ha señalado varias preocupaciones al Estado colombiano.

Lamentablemente a la fecha no se han tomado las medidas eficaces y necesarias, a fin de frenar y evitar la creciente ola de violencia.

Actualmente no existe una política clara de prevención y protección a los líderes sociales.

A la fecha, se ha terminado de vil manera con la vida de cientos de líderes y lideresas sociales, defensores y defensoras de derechos humanos, sin que existan avances significativos en las investigaciones y se logre desenmascarar a los responsables de tan nefastos hechos.

En diferentes oportunidades se ha insistido en denunciar, pero en las actuales circunstancias, se hace por parte de la sociedad civil, un enérgico llamado al recién posesionado gobierno en cabeza de Iván Duque, para que se ponga punto final de una vez por todas a un segundo genocidio.

No han bastado para el Estado colombiano, los pronunciamientos por parte de organismos internacionales que han insistido, en que se deben ofrecer garantías para el trabajo y desempeño de la labor que desempeñan los líderes en sus territorios.

En este momento debe ser una prioridad por parte del Estado que ofrezca verdaderas garantías de no repetición.

No se puede continuar con la espiral interminable de victimizaciones y revictimizaciones que han soportado los líderes sociales en Colombia, más ahora, cuando toda la atención debe girar en torno a la implementación y respeto por lo acordado.

De esta manera se logrará construir verdaderos cimientos de una convivencia y reconciliación propias de una Paz estable y duradera.