Foto: Ministerio de Defensa

Rotundo rechazo a la afirmación del ministro de defensa Guillermo Botero, dicha en el Congreso de Confecámaras, donde afirmó que “con dineros ilícitos, grupos armados organizados vinculados al narcotráfico, junto a mafias internacionales, financian la protesta social ”.

En momentos que el país y la comunidad internacional se encuentran escandalizados con los asesinatos sistemáticos y selectivos de líderes y lideresas sociales, en áreas fuertemente militarizadas, una afirmación de esta naturaleza lanza a los sicarios contra la inconformidad social. De hecho queda en el ambiente la pregunta sobre la relación entre el modo sanguinario de pensar del ministro y los asesinatos de líderes y lideresas sociales.

Ya durante su gobierno, el entonces presidente Uribe afirmó en varias ocasiones que los defensores de derechos humanos y los sindicalistas eran terroristas, luego sobrevinieron cientos de asesinatos contra líderes sociales y también los llamados “falsos positivos”.

No es la primera vez que el ministro manifiesta este tipo de infundios temerarios y tendenciosos. Hace unas semanas expresó que “la protesta social debe ser regulada”, hecho que desató múltiples expresiones de rechazo.

Solo en las dictaduras se reglamenta para impedir las manifestaciones sociales, pues en cualquier sociedad democrática las protestas son un derecho fundamental, se hacen en las calles, carreteras y plazas públicas, son rebeldes y beligerantes y buscan manifestar una inconformidad contra las arbitrariedades del sistema. Es un absurdo pretender reglamentar un estado de ánimo inconforme ante los abusos de una tiranía.

En el reciente pasado empresarios como Botero, usaron grupos paramilitares, los entrenaron y armaron para asesinar a dirigentes sindicales. Se conocen las confesiones públicas del ganadero Lafaurie reconociendo que su gremio financio grupos paramilitares para cuidar sus intereses privados.

Ojalá el Presidente Duque nos diga, a un mes de su gobierno, si la ruta que está tomando de limitar las libertades públicas, atentar contra las consultas populares, la consulta previa y las tutelas, seguir tolerando los asesinatos políticos, declarar un estado de guerra contra las expresiones organizadas, tienen el objetivo de una dictadura civil.

Un país como Colombia que se esfuerza por superar una confrontación de 50 años y que anhela la paz, lo único que puede reclamar en este momento es la renuncia del Ministro de Defensa, Guillermo Botero, por cuanto su actitud ofende la dignidad del pueblo colombiano.