El 25 de septiembre del 2018, en la comunidad del Ocho de Agosto ubicada en el municipio de Pelaya, Cesar, se adelantó diligencia judicial de desalojo por parte del Juzgado Primero Civil Especializado de Valledupar, en cumplimiento de una orden proferida por el Tribunal de Cartagena, Sala Civil Especializada en restitución de tierras contra los campesinos poseedores de los predios La Victoria y Las Delicias.

Esta diligencia tenía como propósito la expulsión de 20 familias desplazadas por operativos militares – paramilitares; que han ocupado de buena fe los predios de manera pública y pacífica por más de cuatro años.

Pese a que el Juzgado se abstuvo a desalojar de manera violenta, hicieron presencia miembros de la Policía Nacional dotados de armas de alto calibre; el escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y tropas del Batallón Especial Energético y Vial Número 3, lo cual constituyó para la comunidad un acto de revictimización e intimidación.

Las familias afectadas con la decisión del Tribunal de Cartagena, se encuentran en extremo estado de vulnerabilidad, por cuanto además de estar en condición de desplazamiento con un alto nivel de pobreza, se les informó por parte del Juez que ya no podrán vivir ni cultivar dentro del predio.

Aunque el Despacho autorizó a la comunidad obtener los frutos de la cosecha, de manera arbitraria decidió que deberán ir a un albergue improvisado que no garantiza la vivienda digna ni el acceso a derechos básicos y vitales como lo es el agua, a lo cual se suman las condiciones de hacinamiento, con las consecuencias que eso genera para la salud física y emocional de las mujeres, niños y adultos mayores que conforman en su mayoría la comunidad del “Ocho de Agosto” .

Por ahora las familias deberán buscar un lugar distinto para alimentar a sus animales puesto que los mismos ya no podrán estar en el predio una vez se cumplan los 15 días de plazo que determinó el Juez titular del Juzgado Primero Civil Especializado de Valledupar, para desalojar definitivamente los dos predios ubicados en el municipio de pelaya – Cesar, y que cuentan con una extensión de 150 hectáreas aproximadamente.

El predio ubicado en la Vereda Santa Ana estuvo por años abandonado, solo que ahora despierta interés por parte de Carmen Victoria Valencia Monsalvo, su hermano José Santos Valencia Monsalvo y de sectores económicos muy fuertes de la región que ven allí una oportunidad para aumentar su patrimonio. La Justicia Civil, como ha sido tradición en Colombia, falla en contra de los campesinos pobres; sus decisiones tomadas desde la distancia desconocen las realidad que afecta a las familias que fueron despojadas de sus predios por el accionar paramilitar.

La lucha histórica del campesino por la tierra, el trabajo y la vida digna no culmina; las condiciones de inequidad, legitima la resistencia. En el caso concreto, si el poseedor del predio fuera una importante empresa palmera, lo más seguro es que la justicia colombiana fallaría a su favor.