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¿Por qué citaron al Alcalde de Medellín a una audiencia pública en derechos humanos?
1.147 casos de desplazamiento forzado que afectan a más de 2.000 personas, el aumento de la tasa de homicidios y 131 mujeres asesinadas entre 2016 y lo corrido de 2018, son algunas de las razones.
Yhoban Camilo Hernández Cifuentes / Jueves 11 de octubre de 2018
 
Como parte de las actividades de la audiencia pública en derechos humanos para Medellín, este jueves 9 de octubre actores del teatro Hora 25 realizaron una intervención artística en la avenida San Juan y en el centro administrativo La Alpujarra, centro de la ciudad, para llamar la atención por la violencia contra las mujeres en la capital antioqueña.

Las cifras no respaldan la gestión del Alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, que desde su campaña anunció la seguridad como estrategia bandera. Contrario a eso, la vulneración de derechos humanos aumentó durante su gestión. Por eso, ciudadanías y organizaciones sociales lo citaron a rendir cuentas este 11 de octubre en el Museo de Antioquia.

“La audiencia pública: de la ficción a la realidad, es un llamado al Alcalde para que comencemos a pensar en la verdadera ciudad que estamos habitando, versus la ciudad que él nos quiere vender”, afirmó Martha Cardona, ciudadana e impulsora de la iniciativa.

Es que pese a la favorabilidad que ha logrado Federico Gutiérrez en las redes sociales y en las encuestas de percepción conocidas hasta ahora, y las muy difundidas imágenes del mandatario persiguiendo fleteros o coordinando acciones de la policía, la ciudad que gobierna atraviesa “una crisis humanitaria”, en palabras de Teresa Aristizábal, vocera de la Ruta Pacífica de las Mujeres.

“Entre 2016 y 2017 fueron reportadas 102 mujeres asesinadas, y en lo corrido de 2018 estamos hablando de 29 casos. Y uno de los asuntos más relevantes, en esta grave crisis humanitaria que tenemos las mujeres, es la afectación por violación y violencias sexuales en menores de 18 años y, mucho más, en niñas menores de 14 años”, denunció la lideresa.

La crítica que hace Teresa Aristizábal, es que en Medellín la concepción de la seguridad pública y la seguridad humana está siendo “enmarcada en armas, en confinamiento en los territorios y, por su puesto, en una violencia privada que afecta de forma particular la vida y el cuerpo de las mujeres”.

Quienes convocan la audiencia también están preocupados por problemáticas como el incremento de homicidios, con 53 casos más en lo corrido de 2018. De acuerdo con los datos del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia de la Alcaldía de Medellín (Sisc), al 10 de octubre han ocurrido en la ciudad 479 muertes violentas, mientras que en igual periodo del año anterior la cifra era de 426.

Esto contraría la meta que planteó el Alcalde en su plan de desarrollo, de reducir la tasa de muertes violentas a 15 homicidios por cada cien mil habitantes. En 2015, Gutiérrez recibió la ciudad con una tasa de 20.93 homicidios por cada cien mil habitantes, cifra que comenzó a ascender de manera progresiva durante su mandato, pasando de 21.4 en 2016 a 23.08 en 2017. Para el 2018, la tasa estimada a diciembre es de 24.51 según los datos del SISC.

Algo similar sucedió con otros indicadores de inseguridad y delitos de alto impacto, expresó Juan Esteban Jaramillo, analista del Observatorio de Derechos Humanos y Paz del Instituto Popular de Capacitación (IPC). En el periodo de gobierno de Federico Gutiérrez, “el hurto a personas creció de 307.2 casos por cada cien mil habitantes en 2015 a 779.31 en 2018; y los delitos sexuales pasaron de 57.3 por cada cien mil habitantes en 2015 a 69.49 en 2017, según datos de la misma administración municipal”

Y en materia de desplazamiento forzado, las cifras de la Defensoría del Pueblo indican que de 2013 a 2016 no se reportaron en la ciudad eventos de desplazamiento masivo, pero de 2016 a la fecha se han registrado 6 casos en la Comuna 13 (San Javier) y en el corregimiento Altavista, occidente de la ciudad.

Este contexto, dice Teresa Aristizábal, “no solo nos afecta al 52% de la población, que somos las mujeres, sino que también muestra los resultados de una administración que, en el plan de desarrollo, le ha mermado presupuesto, en más de un 40%, al trabajo de prevención y atención a las mujeres”, expresó la lideresa.

Justamente las organizaciones y ciudadanos convocantes consideran que el aumento en la vulneración de derechos humanos y el deterioro de la seguridad en Medellín, se corresponde con los problemas de enfoque, ejecución y resultados que tienen las políticas de la administración encabezada por Federico Gutiérrez.

“Estamos ante una política de seguridad que está basada en la espectacularidad mediática y en una eficacia de mentiras, pero que materialmente es inepta”, aseveró Leyder Perdomo, analista de Viva la Ciudadanía.

Desde este punto de vista, las organizaciones sociales cuestionaron que el Alcalde busque protagonismo mediático en asuntos como la persecución de fleteros, pero no se haya siquiera pronunciado, o adelantado una acción eficaz, ante la desaparición de tres jóvenes en la Comuna 13.

Estas incoherencias, dice Perdomo, se originan por el enfoque que en la práctica asumió el gobierno local. En el plan de desarrollo, la administración municipal se comprometió a realizar una gestión integral de los derechos humanos, “pero lo que encontramos hoy es que esta Alcaldía se propone gastarse 277 mil millones de pesos en cámaras, equipamiento policial y demás; de los cuales ha ejecutado 57 mil 500 millones”.

La conclusión de Perdomo, es que lo que hay es un enfoque de “fortalecimiento burocrático y de aumento de la industria de control del delito, de mecanismos de control y de represión, pero no existen en la política unos planes o metas dirigidas hacia un enfoque integral como se propuso”.

Por eso una de las preguntas que plantean quienes convocan a la audiencia es si ¿Más policía y más tecnología es sinónimo de seguridad? Junto a esta, dejan otra serie de inquietudes que esperan responda el mandatario local durante la audiencia: ¿qué ha pasado con la Política Pública de Seguridad y Convivencia de Medellín (Acuerdo 21 de 2015)? ¿Se cambió el enfoque de ese acuerdo? ¿Por qué esta Alcaldía no continuó con el proceso de exhumación y búsqueda de personas desaparecidas en La Escombrera? ¿Por qué se han diezmado las estrategias de atención a víctimas del conflicto armado en la ciudad? Y ¿Qué pasó en realidad con el exsecretario de Seguridad, Gustavo Villegas? Acusado, investigado y sancionado por su relación con combos de La Oficina.