Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño
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Verdad y memoria
Masacre de Segovia: la búsqueda de verdad más allá de la justicia
El asesinato de 43 personas en Segovia (Antioquia) fue responsabilidad de un político, paramilitares y militares. Sin embargo, todavía hay puntos por esclarecer.
Beatriz Valdés Correa / Domingo 11 de noviembre de 2018
 
Imagen de archivo del entierro colectivo de la masacre de Segovia en Antioquia. /Fotos: Archivo El Espectador.

Carlos Enrique Restrepo Pérez tenía 77 años el 11 de noviembre de 1988. Era el patriarca de la familia. Un antioqueño de tradición liberal que cambió de color político con la entrada de la Unión Patriótica (UP) al ámbito nacional, en 1985. Él y su numerosa familia se decidieron por las banderas amarillas y verdes de la UP, al igual que gran parte de Segovia, municipio minero del nordeste antioqueño. Así, el 13 de marzo de 1988 eligieron a Rita Ivonne Tobón, miembro de esa nueva fuerza política. Esta decisión democrática marcó la masacre que vivió este pueblo hace 30 años.

Ese día, 43 personas fueron asesinadas por hacer parte del pueblo que les había quitado el poder a los liberales, específicamente a César Pérez García, congresista que mandaba y decidía, a dedo, quién gobernaba en Segovia. Pero contra la familia Restrepo había una intención. Siendo las 6:50 p.m. tres camperos entraron al municipio, 30 hombres se bajaron de ellos y se pasearon con sus armas por la calle de La Reina y abrieron fuego contra todos. Entraron a varios establecimientos y dispararon también contra la casa de esta familia, en el mismo barrio, y asesinaron a Carlos Restrepo Pérez y a sus hijos Carlos Enrique y Gildardo Antonio Restrepo Cadavid.

Durante más de 45 minutos, segovianos y segovianas vivieron el horror, desprotegidos, sin la intervención de la Fuerza Pública. Los paramilitares salieron por donde entraron y empezó un segundo padecimiento: salvar heridos y recoger muertos. La vida del pueblo se partió en dos. La vida de la familia Restrepo, en Segovia, prácticamente se acabó. Entonces vino el desplazamiento forzado.

Así registró El Espectador la noticia de la masacre de Segovia 30 años atrás.

Arminda, una de las hijas del matrimonio Restrepo Cadavid, ahora tiene 71 años y muchas dudas. El día de la masacre no estaba en casa de sus padres, porque vivía con una de sus hermanas en un barrio conocido como La Manga del Cura, un terreno de pasto (en Antioquia, manga) propiedad de la iglesia, en el que la gente empezó a construir. Treinta años después, ella tiene en sus recuerdos las nueve noches posteriores a la masacre. Las últimas que vivió en Segovia. “Uno va porque los tiene enterrados a ellos, pero ya no pa irse a vivir allá”, dice. “Eso nos pasó a nosotros porque hubo un cambio de color político”.

César Pérez García fue el determinador de este episodio. Así lo probaron la Corporación Reiniciar y sus abogadas Luz Stella Aponte y Sonia Pinzón después de casi 20 años de que Pérez fuera llamado a indagatoria por parte de la Fiscalía. “La masacre venía como un castigo a la población que eligió una alcaldesa de la UP y que había tenido en el período anterior un alcalde nombrado por ser la UP mayoría, luego de ser un cacicazgo del Partido Liberal y concretamente de César Pérez García”, dice Aponte.

Pero en los días anteriores a la masacre, y aún el mismo día, hubo situaciones que plantean preguntas. Aponte señala una de ellas: ¿cuál fue el papel de las autoridades? Cosa que también cuestionó Rita Ivonne Tobón desde el exilio. “En el expediente figura un telegrama desesperado que mandaban las autoridades del Concejo municipal al procurador (Horacio) Serpa y le dicen: ‘Intervenga porque nos van a matar’. Lo mandan dos días antes, está la gente oliendo la muerte, y los masacran”, recalca Aponte.

La alianza probada de Fidel Castaño y su ejército paramilitar en pro de intereses políticos y económicos es una constante en las masacres que ocurrieron en 1988 en lugares donde la UP logró poner alcaldes y concejales de manera democrática, quitándoles el dominio a los partidos tradicionales. Ocurrió en Turbo (Antioquia), Buenavista y Tierralta (Córdoba) y Granada (Meta), poblaciones masacradas. “¿No había mecanismos legales ni políticos para el procurador que desatiende ese llamado? Entre otras autoridades, como el ministro de Justicia, porque esta fue una masacre anunciada”, pregunta Aponte.

El caso de Segovia es quizás el único de ese año que tiene condenas contra paramilitares, militares y un político. Por ejemplo, Alonso de Jesús Baquero, Vladimir, fue aceptando su responsabilidad en varios crímenes a medida que avanzaba contra él un juicio por la masacre de La Rochela. Ahí aceptó su participación en Segovia y mediante la figura de sentencia anticipada fue condenado a 30 años de prisión. Esta pena también se la impusieron a Luis Alberto Arrieta Morales, Piraña. Cinco miembros de la Fuerza Pública y dos civiles también fueron condenados. Pero esa verdad judicial no es suficiente.

Carlos Morales, representante de la Corporación Acción Humanitaria por la Paz y la Convivencia del Nordeste Antioqueño (Cahucopana), dice que las víctimas no han sido dignificadas y parte de eso tiene que ver con la falta de verdad, más allá de los procesos. Esta entidad acompaña, desde hace ocho años y con la Corporación Reiniciar, la conmemoración de la masacre. “Para nosotros es fundamental recuperar la memoria, pero también exigir justicia con paz y reconciliación. Esto viene con reparación digna para estas comunidades que fueron asesinadas por el paramilitarismo”, añade Morales.

La idea de la conmemoración, que además acompaña el Centro Nacional de Memoria Histórica, también es acercar a las familias, porque en 30 años de litigio interno e internacional se han disgregado. Unas entraron en la demanda por el genocidio de la Unión Patriótica ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, otras en una demanda también ante esta entidad (que terminó en una solución amistosa) y otros en los casos de condenas a nivel nacional. Cahucopana los llama a unirse en torno a la memoria y la verdad.

El exterminio contra quienes pensaron diferente sigue pendiente de ser esclarecido. Las sentencias están desconectadas, sucedieron en tiempos distintos y sigue habiendo responsabilidades sin atribuir. Luz Stella Aponte lo resume en dos preguntas: “¿Qué pretendió este genocidio? ¿Mantener el poder en manos de unas estructuras caducas que no querían la paz?”. La negativa violenta a la reorganización del poder político por medio de la democracia tiene a Segovia recordando el horror 30 años después. ¿Cómo el Estado, con acciones o con omisiones, permitió que esto pasara? La madre de Arminda Restrepo ya no recuerda el episodio a causa del alzhéimer, pero llora mucho. El dolor no se olvida.

El Espectador