La celebración de las fiestas patrias, o fiestas nacionales, que Perú celebra los días 28 y 29 de julio, desde su independencia, tuvieron este año una connotación especial por coincidir con la toma de posesión del nuevo presidente de la república, Alan García, del Partido Aprista Peruano (PAP), y la juramentación del gabinete ministerial.

Varios analistas señalan algunos vacíos en el programa presidencial, como la timidez de las medidas propuestas frente a las grandes empresas mineras y de hidrocarburos y el silencio frente al tema de los derechos humanos y las reparaciones para las víctimas de la violencia política que siguen pendientes a casi tres años de la presentación del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). Sobre el punto se limitó a elogiar y defender a los militares y a recordar a los 1.200 militantes de su partido que fueron asesinados durante el conflicto armado interno, pero nada sobre las restantes casi 68 mil víctimas campesinas de la población civil. Alan García se olvidó tambien de referirse a la lucha anticorrupción y al proceso de extradición que afronta el ex dictador Alberto Fujimori. Esta falta resulta significativa, no sólo porque recién se inicia el gobierno aprista, sino porque hace tres días el abogado Alfredo Etcheberry, que representa al Perú en el proceso de extradición contra Fujimori, llegó a Lima para advertir que el prófugo ex mandatario podría fugarse de Chile.

Susana Villarán de la Puente, ex miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se pregunta: “¿Y el cumplimiento de las recomendaciones de la CVR? Nada. Ni una sola palabra. El presidente Garcia no habló del diagnóstico que la CVR nos dio de nuestra sociedad excluyente y discriminadora. Más bien, fue un mensaje ambiguo a las Fuerzas Armadas en el que se compromete a fortalecer su honor, devolverle su autoestima y hacerles recuperar su lugar. ¿De qué se trata? ¿Recogió el guante echado en el tedeum por el cardenal Cipriani contra la CVR? Entonces, ¿devolver el honor a las FF.AA. significaría no su reforma profunda y la dignificación de sus vidas y trabajo en una visión moderna de la defensa democrática, sino la impunidad para quienes violaron derechos humanos, manchando con ello al conjunto de las instituciones armadas? Sin cumplimiento de las recomendaciones de la CVR no habrá cambios de fondo entre el estado y la sociedad y en la forma cómo nos tratamos entre peruanos. No habrá justicia para las miles de víctimas del conflicto armado interno, las decenas de miles de campesinos, quechua hablantes, pobres. La mayor parte de los que siguen esperando verdad, resarcimiento, justicia”.

Teivo Teivainen (director del programa de estudios sobre democracia y transformación global de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima y miembro del consejo internacional del Foro Social Mundial como experto de la ONG de Helsinki NIGD) analiza que “en el discurso del nuevo presidente de la república Alan García, un elemento para tomar en cuenta es su posición sobre la pena de muerte. Ha tomado una posición muy fuerte a favor de pena de muerte para violadores de niños. Un dato clave es que establecer pena de muerte en el Perú significaría salir del pacto de San José de Costa Rica, o sea renunciar a pilares claves del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Pienso que una de las motivaciones de Alan García para promover la pena de muerte es justamente que eso provocaría un conflicto con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Como el tema de pena de muerte para violadores de niños goza de mucha popularidad en la población peruana, le podría permitir al gobierno de García salir de pacto de San José sin demasiadas críticas internas. Salir del pacto de San José luego fortalecería la impunidad de gente del gobierno de Alan García, incluido él mismo, como de Fujimori, con quienes parece tener algún tipo de entendimiento o quizá hasta alianza en temas de impunidad. Para tomar en cuenta la posibilidad de que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos declare o falle en contra de gente del gobierno de Alan Garcia o de Alberto Fujimori, es entendible (pero lamentable) que Alan García intente buscar una manera de salir del sistema antes de esos fallos. Hay una similitud con la manera en que Alberto Fujimori usó el caso de los chilenos vinculados con el MRTA para declarar la ’salida’ del Perú del Sistema Interamericano de Derechos Humanos; fue una justificación que tuvo bastante aceptación popular. Sin embargo, para mí era y es obvio que la motivación más importante para Fujimori fue salir del sistema antes de que el caso de tribunal constitucional, que podría haber amenazado su segunda reeleccion, entrara a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En suma, lo de Alan Garcia parece una maniobra similar: usar un tema ‘popular’ para intentar salir del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, con el objetivo de evitar futuras condenas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en temas más complicados. Obviamente es arriesgado y problemático especular sobre las motivaciones de la gente. El hecho de que en sus discursos y hechos Alan García ha dado una clara impresión de que quiere reproducir y fortalecer la impunidad en temas de derechos humanos, sin embargo, me hace pensar que hay esta conexión entre sus campañas pro pena de muerte para violadores de niños y pro impunidad para violadores de derechos humanos”.

Se necesita considerar que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha sido fundamental para investigar y exigir sanción de gravísimos casos de violación de derechos de los peruanos, y que ha jugado un papel importante en la lucha contra el abuso en el Perú y en la búsqueda de que Fujimori y otros jefes de estado rindan cuenta ante la justicia por delitos de lesa humanidad.

Javier Diez Canseco (candidato presidencial por el Partido Socialista) pregunta: “¿La campaña para salir del pacto de San Josè está alentada por la justificada indignación ciudadana ante la falta de seguridad y la criminal violación y asesinato de menores de edad, o habrá otras motivaciones que no salen a luz pero alientan a varios de los promotores? Tanto la CIDH como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han intervenido activamente para que se retomen los procesos por la matanza de los penales durante el primer gobierno de Alan García. Inclusive, han dispuesto se reabran procesos que involucran directamente a García, y en lo que tuvo directa intervención su primer vicepresidente, el vicealmirante Giampietri: el caso del Frontón y la ejecución extrajudicial –probada- de numerosos presos rendidos y desarmados. Y ambas entidades han jugado un papel en buscar efectivizar la extradición de Fujimori, para que rinda cuentas ante la justicia peruana y deje el amparo de las faldas del kimono del gobierno japonés. Hoy, en pleno curso la acción judicial alrededor de esta extradición en Chile, darle un golpe al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y poner al abogado del reo prófugo como representante de la comisión de relaciones exteriores del Congreso no es una casualidad, no son puntadas sin hilo. Tienen harto hilo apro-fujimorista. No es la primera vez que hay segundas intenciones que resultan bastante más importantes que las que aparecen públicamente, y la lucha por la impunidad es una bandera que ha sido expresa desde el 28 de julio, con la homilía de Cipriani y su ataque a la CVR, continuando la campaña desatada por Giampietri. No son ajenas a ello las declaraciones de Alan Wagner, flamante ministro de Defensa, reclamando contra el “injusto” procesamiento de militares comprometidos en delitos de lesa humanidad, denunciados por la CVR y las investigaciones realizadas en relación a violaciones de derechos humanos. La verdad es que las FF.AA. se niegan a identificar a los imputados de graves crímenes que operaban con seudónimos, garantizando su impunidad. Y, claro, la CIDH viene reclamando que se les identifique y se les ponga a dispsición de la investigación judicial. ¿Es eso persecución? Ciertamente, los acusados deben responder ante la justicia y ésta debe determinar su situación. Lo demás es impunidad y a eso huele la campaña en curso sobre la pena de muerte, a cerrarle las puertas a la vigilancia y la acción del sistema interamericano de derechos humanos”.

El ataque del cardenal Cipriani contra la CVR

Como es tradicional, horas antes de la juramentación del nuevo presidente se celebró una misa de acción de gracias presidida por el cardenal Cipriani, arzobispo de Lima y miembro del Opus Dei. En su homilía por la fiesta nacional lo que más polémica causó fue su reclamo por el juicio negativo que el informe final de la CVR formuló hace tres años sobre el comportamiento de la Iglesia en la defensa de los derechos humanos en la diócesis de Ayacucho, de la cual él era arzobispo en esos años, de Huancavelica y Apurimac. “No me conmueven las glorias humanas ni me amedrentan los agravios. De una manera injusta, la CVR ha enjuiciado negativamente a mis hermanos. Rechazo también los juicios que denigran a las Fuerzas Armadas, policiales y a los ronderos, todos fundamentales en la pacificación. No es justo voltear la página sin dejar clara mi posición personal sobre la llamada CVR”, dijo, agregando que la CVR es “una comisión politizada” y que percibe que hubo desigualdades cuando le tocó describir el papel de la Iglesia en esos años.

El primero en pronunciarse fue el obispo emérito de Chimbote, monseñor Luis Bambarén (voz profetica de la Iglesia de los Pobres, inspirada en la teología de la liberación), quien desautorizó al arzobispo de Lima al aclarar que sus críticas contra la CVR no representan la opinión de la iglesia católica. “El cardenal, muchos creen que es jefe de todos los obispos del Perú, no es así; él (Cipriani) es arzobispo de Lima y, por lo tanto, habla como tal. La voz oficial, el vocero de la Conferencia Episcopal Peruana, es su presidente, monseñor Cabrejos. Lo que haya dicho el cardenal es a título personal”, precisó. A diferencia de Cipriani, Bambarén considera que el trabajo de la CVR fue “serio y muy medido en los asuntos de la Iglesia”. También lamentó que, pese a haber pasado cinco años de estos incidentes, se vuelva a tocar el tema.

Sofia Macher (ex comisionada de la CVR y experta en derechos humanos reconocida a nivel internacional) subraya que “es sorprendente el que Cipriani haya utilizado el tedeum de fiestas patrias, aprovechándose de ello para expresar sus opiniones personales y de resentimiento sobre todo, es algo que contradice totalmente la imagen que el quiere proyectar de si mismo como un pastor de la Iglesia. Ha sido un discurso político pero de pésima calidad. Reclamó que se le pidieran disculpas por el lío de las cartas al Vaticano y que se haya criticado a la Iglesia de Huancavelica, Apurimac y Ayacucho (todos con obispos de Opus Dei) en el informe de la CVR, también defender a sus hermanos ronderos y a los militares que fueron ofendidos. Su postura frente a la CVR es totalmente contraria a la de la Iglesia en el Perú. El Presidente de la conferencia episcopal días antes había dado declaraciones dirigidas al nuevo presidente para que cumpla con las recomendaciones de la CVR. En relacion a que la CVR no recoje la importancia de los ronderos, es totalmente falso, nosotros comisionados le dimos una importancia muy grande. O miente o simplemente no se ha tomado la molestia de leer el informe y sobre los militares obviamente lo que esta pidiendo es la impunidad, los procesos judiciales siguen avanzando y no sé por qué a él le afecta tanto esto. Creo que actuar de manera tan visceral, subjetiva, egoista, le hace mas daño todavía. Ya están escribiendo pronunciamientos en Ayacucho, Huancavelica y Apurimac donde le demuestran que la Iglesia en esos sitios les dio la espalda a la víctimas. Los periódicos han editorializado sobre eso. Es más: unos ya lo llaman sólo el señor Cipriani (no cardenal) y que mejor presente su candidatura política”.

Teivo Teivainen denuncia que “las declaraciones de Cipriani básicamente confirman y dejan claro algo que ya sabemos: es una persona autoritaria, con mentalidad totalmente contraria a los derechos humanos y quien con actos y omisiones ha sido cómplice de masacres ejecutados por el estado peruano, especialmente en Ayacucho”.

Por su parte, el ex presidente de la CVR, Salomón Lerner, manifestó que los cuestionamientos de Cipriani le dejan “una sensación de injusticia y de que no ha leído el informe final”, enfatizando que “he participado en una serie de reuniones de organizaciones de Iglesia para exponer el tema de la violencia. La mayor parte de la jerarquía ha sido siempre muy permeable al diálogo y se ha mostrado favorable al trabajo de la CVR. Pero además hay otra cosa, la Iglesia no se agota en curas ni en monseñores: somos todos nosotros. Yo soy católico y me considero parte de la Iglesia. Y quienes han trabajado en el movimiento de derechos humanos son gente vinculada a la Iglesia. Y muchas de las víctimas son parte de esa Iglesia que muchas veces no se quiere reconocer: la de los pobres. Entonces, cuando se dice que se denigra a la Iglesia se está teniendo una visión elitista”, declaró el rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

Se necesita recordar que el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana y arzobispo de Trujillo, monseñor Miguel Cabrejos, declaró el 26 de junio que el gobierno entrante debería ejecutar las recomendaciones de la CVR para demostrar que la defensa de los derechos humanos no pasará a un segundo plano. De acuerdo con Cabrejos, el informe final de la CVR “no debe soslayarse sino tomarse en cuenta para resarcir a las víctimas de la violencia política”. En ese sentido, opinó que el próximo gobierno de Alan García Pérez debería preocuparse por aplicar las recomendaciones de dicha comisión. Añadió que una de las principales funciones del estado es proteger la vida humana, razón por la cual las recomendaciones de la CVR no pueden ser desatendidas o eliminadas de la agenda. “Las recomendaciones deben ser aplicadas en el gobierno del PAP”, declaró a la prensa. Cabrejos consideró que el informe de la CVR resulta “importante” para conocer el intenso drama que vivieron miles de peruanos durante la guerra interna. Es más. Monseñor Cabrejos sostuvo que al documento final de la CVR no se le puede acusar de “excesivo”. Al contrario, declaró que simplemente recopila los hechos reales que padecieron las víctimas del enfrentamiento contra la sedición.

Los defensores de derechos humanos en el punto de mira

En el capítulo sobre la situación de los defensores de derechos humanos en el Perú, el informe anual 2005 del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos FIDH/OMCT presentado el 22 de marzo, destaca que el propio Salomón Lerner Febres, presidente de la CVR, fue amenazado en agosto de 2005; igual que le sucedió a otras decenas de defensores, testigos, víctimas, familiares de víctimas, jueces y fiscales peruanos que fueron objeto de amenazas y otros actos de hostigamiento debido a sus investigaciones sobre los crímenes y violaciones de derechos humanos cometidos en el Perú durante las dos últimas décadas.

El informe menciona las amenazas contra la fiscal especializada en derechos humanos, Cristina Olazábal; la abogada de la Asociación Pro Derechos Humanos, Gloria Cano; y los representantes de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Francisco Soberón y Alejandro Silva. Cristina Olazábal, fiscal encargada de las violaciones de derechos humanos reveladas por la CVR y cometidas entre 1980 y 2000 en el departamento de Ayacucho, fue objeto de amenazas y severas críticas por parte de los representantes del PAP. Estas amenazas ocurrieron a continuación de las denuncias por los crímenes —casos Accomarca, Cayara, El Frontón, entre otros— en los cuales se vio implicado el líder aprista y ex presidente del Perú, Alan García, así como varios militares, debido a su presunta responsabilidad. En febrero de 2005, el ex senador David Cifuentes acusó a Cristina Olazábal y a Gloria Cano de “utilizar la ley y el estado de derecho como los bandidos utilizan una granada”.

Luego, en marzo, la doctora Olazábal, Francisco Soberón y Gloria Cano fueron denunciados por “asociación ilícita para infringir la ley” y acusados de formar parte de una conspiración destinada a impedir la candidatura de Alan García en las elecciones presidenciales de 2006. De otro lado, Olazábal también fue objeto de varias tentativas de despido. Posteriormente, en abril de ese año, Soberón recibió un correo electrónico anónimo hostil, que hacía referencia a “Colina Futura”, tal como el nombre del grupo de exterminio de los opositores al régimen de Alberto Fujimori en los años 90. Este mensaje tenía el mismo remitente que otro correo electrónico amenazante recibido por Aprodeh en 2003. Por último, el informe da cuenta de una llamada anónima recibida por la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz), en noviembre de 2005, que profería amenazas contra Francisco Soberón y Alejandro Silva, en caso de continuar con sus declaraciones a los medios de comunicación tras la presentación que la CNDH hiciera en Washington, Estados Unidos, el 17 de octubre de 2005, denunciando la existencia de amenazas contra los defensores de derechos humanos, los testigos, las víctimas y sus familiares, así como contra los jueces y fiscales peruanos, debido a sus trabajos de investigación sobre los crímenes y violaciones de derechos humanos cometidos en el Perú durante las dos últimas décadas.

En agosto de 2005, Salomón Lerner Febres, ex presidente de la CVR y presidente de la Unión de Universidades de América Latina y del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUCP, recibió mensajes electrónicos insultantes de procedencia anónima. El 8 de septiembre de 2005, la secretaria del sr. Salomón Lerner recibió una llamada telefónica en la que éste era amenazado de muerte mientras realizaba un viaje al extranjero. Lerner, así como 12 antiguos miembros de la CVR, entre ellos Sofía Macher y Carlos Iván Degregori, ya habían recibido correos electrónicos insultantes en los que se les acusaba de atacar las Fuerzas Armadas Peruanas. Los mensajes recibidos por Lerner, de origen judío, son además antisemitas y llevan la firma de un grupo desconocido, autodenominado “Pachacútec”. Asimismo, tanto Lerner como los antiguos miembros de la CVR son objeto de una denuncia iniciada por los generales jubilados José Valdivia y Wilfredo Mori, y los coroneles Carlos Medina, Nelson Gonzáles, Emilio Murgueytio, Wilfredo Guadalupe, Manuel Delgado y Carlos Sánchez, mencionados en el informe de la CVR como autores de violaciones de derechos humanos. Los antiguos miembros de la CVR están acusados de “publicación calumniosa”. En total, nueve denuncias fueron presentadas en la Fiscalía General el año pasado contra los 12 antiguos comisionados de la CVR, con el fin de intimidar y paralizar el proceso judicial abierto por violaciones de derechos humanos.

¿Será posible la construcción democrática en medio de la impunidad?

No se puede olvidar que el almirante (r) Luis Giampietri Roja, actual vicepresidente, ha declarado y publicado diversos comunicados contra el informe final de la CVR. La presencia del almirante retirado Giampietri en la fórmula del PAP trae a la memoria la cercanía que este oficial tuvo con el gobierno del ex presidente Alberto Fujimori, así como su participación en la develación del motín del penal El Frontón, en 1986, que culminó con la muerte de aproximadamente un centenar de internos por terrorismo. La experiencia de Giampietri como oficial de las Fuerzas de Operaciones Especiales de la Marina (FOES) y su participación en el rescate de rehenes de la residencia del embajador japonés fueron determinantes en su elección por el PAP a pesar de su participación en los sucesos de El Frontón, ocurridos en 1986, hechos por los que fue investigado en el fuero militar por el “delito contra la vida, el cuerpo y la salud”. En el informe que la CVR entregó al Ministerio Público sobre el caso de los penales, se concluyó que el proceso seguido en el fuero militar (en el que estuvo incluido Luis Giampietri) era inválido y que debía efectuarse otro.

Iris Jave, ex encargada de prensa de la CVR, refiere que “ahora, en el diario La Primera, que dirige Juan Carlos Tafur, y donde escribe habitualmente el vicepresidente Luis Giampietri, congresista y enemigo acérrimo de la CVR, aparece una supuesta denuncia de malversación de fondos… En realidad no les importa tanto la transparencia de los gastos o la rendición de cuentas, sino continuar desacreditando a la CVR, de tal forma que algún día su informe pase al olvido y la reivindicación de las víctimas sea un tema del pasado”.

Esta campaña, como las omisiones en el discurso de presentación de Alan García que evitó todo lo referente a las recomendaciones de la CVR, junto a la bendición del cardenal Cipriani, representan señales muy preocupantes considerando que tanto el presidente Garcia como su vicepresidente Giampietri, tienen pendientes investigaciones por violaciones de los derechos humanos.

La sociedad civil sigue alertando los peligros que la democracia sufre en Perú, con su compromiso cotidiano animado por movimientos sociales y ONG como “Para que no se repita”, “Consejeria de Proyectos”, Asociación Solidaridad Países Emergentes, Forum Solidaridad Perú <www.psf.org.pe>; , Tierra Nueva, Movimiento Laicos para Latinoamérica, Centro Internacional por la Justicia Transicional (que acaba de publicar el libro “El legado de la verdad – La justicia penal en la transicion peruana”), Aprodeh, Plataforma PIDHDD capitulo Perú, Conades, entre otros.

El Instituto Bartolomé de Las Casas <www.bcasas.org.pe>; (fundado por el padre Gustavo Gutiérrez, inspirador de la teología de la liberación organiza del 22 al 24 de agosto el seminario internacional “Condiciones para lograr la reconciliación en el Perú” con la participacion de expositores como: Salomón Lerner, Patricia Valdez (Argentina), P. Robert Schreiter (EU), Elizabeth Lira (Chile), Kimberly Theidon (EU), Gustavo Gutiérrez, Federico Arnillas y Carlos Iván Degregori, entre otros. Será la ocasion para preguntar: ¿será posible la construcción democrática en medio de la impunidad?