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Comunidades del Nordeste Antioqueño y Sur de Bolívar afectadas por grupos armados
Ruta de Protección del Nororiente colombiano / Jueves 21 de febrero de 2019
 

La situación de vulneración de derechos fundamentales contra la vida e integridad y graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario en las subregiones del Nordeste Antioqueño (municipio de Segovia) y Sur de Bolívar (municipio de San Pablo) se ha agudizado con el pasar de los días en el 2019. Debemos hacer referencia a los últimos hechos ocurridos en zona rural tanto de Remedios y Segovia como en San Pablo, en cuyos territorios hacen presencia y ejecutan acciones armadas grupos ilegales, a saber, guerrilla del ELN y estructuras armadas sucesoras del paramilitarismo como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia -AGC- y otros grupos ilegales portadores de armas como Los Españas, Los Morroquines, Los Burritos y Los Costeños, entre otros, que actúan en alianza o como redes de apoyo, lo cual genera en las comunidades rurales y población en general un alto temor y zozobra.

Hechos en Segovia y Remedios (Nordeste Antioqueño)

Se tiene conocimiento público que la zona es un corredor estratégico de grupos armados ilegales, mediante el cual tanto guerrilla como grupos sucesores del paramilitarismo se disputan el control de la zona agraria y minera y su zona de influencia, situación que pone bajo riesgo y amenaza inminente a la población civil que permanece en medio de los intereses y confrontaciones de estos grupos armados ilegales.

Es importante mencionar, que el 19 de diciembre de 2018, las organizaciones sociales del nororiente colombiano y defensores de derechos humanos hicieron un pronunciamiento público rechazando los actos de retención realizados al parecer por el ELN en contra de cinco personas civiles en el sector de Mina Nueva, vereda Panamá Nueve y; en aquella ocasión, se pidió por el respeto a la vida e integridad de todas las personas.

De igual modo se solicitó que mediante una comisión humanitaria se realizara la gestión pertinente por su liberación sanos y salvos, para lo cual se pidió a los organismos humanitarios como Comité Internacional de la Cruz Roja, Iglesia Católica, Defensoría del Pueblo y otros estamentos civiles de Derechos Humanos internacionales aunaran sus buenos oficios para su liberación, pues consideramos que esta es la solución, diferente a la militarización que el Estado hace como respuesta poniendo en riesgo la vida del resto de los retenidos y población en general al infringirse el principio de distinción que plantean los Protocolos de Ginebra para los conflictos armados internos.

Sin embargo, el día 16 de febrero de 2019, fue hallado el cuerpo sin vida de uno de los retenidos en la vereda Las Ahuyamas jurisdicción de El Bagre (Antioquia), que correspondía al Sr. Jaime Alberto Jimenez Fernandez, administrador de la mina en el sector de Mina Nueva, integrante de la comunidad, conocido por todos los pobladores de la comunidad por el servicio social y comunitario que prestaba a quienes compartían su trabajo cotidiano en la mina, así como a vecinos en general.

La víctima, además de ser el Administrador de la mina, era miembro activo de la Junta de Acción Comunal de Panamá Nueve, a su vez esta JAC es afiliada a la Asociación Campesina del Valle del Rio Cimitarra –ACVC- y con el acompañamiento de la Corporación Acción Humanitaria del Nordeste Antioqueño –CAHUCOPANA- en la defensa de los derechos humanos y de los comités de Acciones Humanitarias; zona en la cual además estas organización sociales hace acompañamiento técnico y organizativo en virtud a que hace parte de la Zona Especial Minera donde se conforman Comités Mineros, asesorados por los líderes sociales de la ACVC y CAHUCOPANA, cuya actividad también se encuentra en alto riesgo y bajo amenazas directas con ocasión a sus funciones en esta zona.

Se tuvo conocimiento que la zona de Panamá Nueve, en medio de la militarización desplegada por el Estado, fueron capturadas algunas personas por la Fuerza Pública, tropas del Batallón BAEV 8, acompañados de encapuchados, y con un gran despliegue de armamento y fuerza generando temor a la comunidad, toda vez que, como se ha expresado, es un corredor de grupos armados ilegales cuyas acciones armadas pueden conllevar represalias contra la comunidad una vez se retire el ejército.

La comunidad de Mina Nueva, teme por la suerte del resto de sus familiares y amigos, retenidos contra su voluntad; es por ello que las organizaciones sociales, defensoras de los derechos humanos del Nororiente Colombiano, se suma al llamado y clamor de la comunidad para que se respete la vida e integridad del resto de personas privadas de su libertad y regresen al seno de sus familias sanas y salvas.

Por consiguiente, nuevamente solicitamos la mediación de organismos humanitarios como el Comité Internacional de la Cruz Roja, cuyo carácter y naturaleza imparcial y neutral permite desarrollar mediante su autonomía y protocolos, los pasos pertinentes y entre en contacto con el grupo armado ilegal para el tratamiento humanitario que el caso amerita.

Hechos en San Pablo (Sur de Bolívar)

El municipio de San Pablo (Bolívar) ha sido de igual modo, escenario de atentados contra la vida e integridad de personas civiles, que viven en medio de la dinámica del conflicto armado en lo que va del año 2019. Los corredores viales del municipio entre el casco urbano y su zona rural, son a la vez corredores con presencia y control armado de los grupos ilegales que tanto autoridades civiles y militares como comunidad, tienen conocimiento de su existencia.

Se ha señalado por la Defensoría del Pueblo en informes de riesgo del año 2018 y mediante los análisis situacionales y de coyuntura realizado en el presente año por el Programa de Prevención y Protección a Defensores de Derechos Humanos del Nororiente Colombiano, que en San Pablo (Bolívar) tienen presencia las Autodefensas Gaitanistas de Colombia -AGC-, la guerrilla del ELN, así como otras estructuras portadoras de armas al servicio de ambas, cuyas rentas provienen de economías ilícitas como la comercialización de psicoactivos ilegales derivados de la hoja de coca, entre otras, situación que ha generado un impacto nocivo en materia de protección y seguridad a la población civil.

En la segunda semana del mes de febrero han ocurrido asesinatos y amenazas contra personas civiles en el municipio de San Pablo por grupos armados ilegales. Se trata en primer lugar, de una mujer joven, cuyo cuerpo fue hallado con impactos de arma de fuego en la zona de Guarigua, vía que conduce desde el casco urbano de San Pablo hacia Monterrey. Según información obtenida en campo, se trató de una mujer cuyo nombre había aparecido en listas de amenazados que las Autodefensas Gaitanistas habían puesto a circular días previos a este hecho en el municipio.

Es importante señalar el impacto diferencial y desproporcionado contra mujeres en el marco del conflicto armado (Auto 092 de 2008, Corte Constitucional), el cual por facetas de género sufren la violencia no solo estructural de la sociedad patriarcal, sino adicionalmente la de grupos armados ilegales, como en esta ocasión y otros casos similares en estas regiones.

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Se pide a todos los grupos armados ilegales con presencia en las regiones descritas en este pronunciamiento, así como en el resto de subregiones del Nororiente Colombiano, el profundo respeto a la vida e integridad de personas civiles que se encuentran en las zonas y que habitan bajo el temor y la zozobra por sus acciones armadas. Es fundamental que impere las normas del Derecho Internacional Humanitario – DIH- con absoluto rigor, pues la crisis humanitaria en la cual se encuentra la región y que tiende a agudizarse con la vulneración de los principios y normas que rigen los conflictos armados y la vulneración de los derechos fundamentales de la población, debe cesar y de este modo prevenir mayor dolor a familias y comunidades bajo amenaza permanente.

Se pide a todos los grupos armados ilegales así como al Estado, el absoluto respeto por la labor que realizan los defensores de derechos humanos, organizaciones sociales y líderes sociales en la región del nordeste antioqueño, sur de Bolívar, Bajo Cauca y Catatumbo, pues su función no es otra que apelar por la prevención y protección de las comunidades más afectadas por el conflicto armado y por la exigibilidad en el respeto de los derechos de los pobladores rurales, agrarios y mineros en general, cuyos derechos fundamentales son conculcados diariamente.

Se pide que la crisis humanitaria que vive la región sea atendida mediante acciones humanitarias, esto es, implementándose mecanismos y protocolos como aquellos desarrollados por las propias comunidades como Comisiones de Acompañamiento y Verificación; así mismo con la presencia e intervención del CICR- para que mediante su labor humanitaria, imparcial y neutral, las tensiones y agudización de la crisis producto del conflicto armado interno se mitiguen y se avance en soluciones pacíficas donde la vida se garantice en medio de difíciles circunstancias.

Se pide, finalmente, a los estamentos e instituciones del Estado principalmente a la Unidad Nacional de Protección, Ministerio del Interior, entre otras cuya competencia es la valoración de riesgos y amenazas, la prevención y protección, para que respalden, acompañen y fortalezcan los mecanismos comunitarios de prevención, protección y autoprotección, como formas alternativas de seguridad a las comunidades amenazadas, pues se trata de reivindicar aquellas medidas que la misma comunidad ha puesto en práctica en situaciones de crisis humanitaria, diferentes a la militarización; de tal forma que se diseñen prontamente las rutas y protocolos y se pongan en práctica de manera urgente en el Nordeste Antioqueño y Sur de Bolívar, específicamente en los municipios descritos en este pronunciamiento.