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Duque y su mandante Uribe apuñalan el corazón del acuerdo de paz
Partido Comunes / Lunes 11 de marzo de 2019
 

La Paz es un derecho indisponible y contra mayoritario al decir del profesor Ferrajoli. Su salvaguarda, contenido y mantenimiento es de obligatorio cumplimiento no dependiendo ni de opiniones gubernamentales ni de decisiones políticas. Las 6 objeciones presidenciales a la Ley Estatutaria son objeciones políticas que carecen de sustento jurídico alguno. Tan evidente es esto que todas ellas han sido desestimadas por la Corte Constitucional con ocasión de sus pronunciamientos sobre el Acto Legislativo 001 de 2017 que creó la JEP y sobre la Ley Estatuaria de la JEP ahora boicoteada por el Ejecutivo. No se trata ahora de desmontar los inconsistentes argumentos que Álvaro Uribe ha enviado a Duque ordenándole objetar la Ley, todos ellos inconsistentes y arbitrarios como en su día declaró la Corte Constitucional, sino de destacar que con estas objeciones el Centro Democrático y sus aliados dan un paso más, quizás el definitivo, para hacer trizas el acuerdo de paz como manifestara Londoño en el ultimo congreso del partido que ha puesto encargado en el Palacio de Nariño.

Con esta decisión el Centro Democrático, y en especial su portavoz y ahora Presidente de Colombia Iván Duque, incumplen el Acuerdo de Paz refrendado por el Congreso de la República en su segunda versión tras ser modificado el rechazo en plebiscito; incumplen la norma constitucional de respeto y cumplimiento del Acuerdo de Paz aprobada por Acto Legislativo 002 de 2017; incumple las sentencias de la Corte Constitucional; e incumple la obligación de respeto y cumplimiento del Acuerdo asumido por Colombia ante la Comunidad Internacional. Sean conscientes el Presidente Duque y su mandante Álvaro Uribe que con esta decisión que apuñala el corazón del Acuerdo de PAZ, Colombia se convierte en un país paria ante la Comunidad Internacional, un país sin palabra ni seriedad que incumple ostentosamente sus obligaciones y en el que nadie podrá confiar salvo para utilizarlo como peón que ponga los muertos en aventuras militaristas ajenas. Y todo ello para defender los intereses y la impunidad de los poderosos clientes de la firma “Martínez Neira Abogados” o de Álvaro Uribe, quienes tiemblan de pánico ante la perspectiva de tener que enfrentarse por primera vez a sus muchas responsabilidades a consecuencia del cruento conflicto armado.

Sepa Colombia que estas objeciones no son en defensa de las víctimas, que nunca fueron reparadas por el Estado salvo muy contadas excepciones y que nunca fueron preocupación ni del Centro Democrático ni de Álvaro Uribe. Tampoco son en defensa de la fuerza pública, cuyos integrantes vienen defendiendo expresamente la JEP y reclamando responsabilidades a los políticos que les dieron pavorosas órdenes. Las objeciones presidenciales son las mismas que de forma recalcitrante ha exigido el consorcio Martínez Neira-DEA-Álvaro Uribe para acabar con la JEP y con el Acuerdo de Paz, a pesar de la opinión contraría de la Corte Constitucional. La irresponsable actitud del pérfido consorcio se ha puesto de manifiesto con la intensa campaña de manipulación, desestabilización y desprestigio orquestada en estas últimas semanas contra esta Jurisdicción de Paz. La crónica de estas objeciones anunciadas se ha financiado con los fondos para operaciones encubiertas de la Fiscalía General y de la DEA, como ha sido públicamente reconocido en prensa. ¡Cuánto pánico desatado ante la Verdad!.

El partido político FARC solicitará de forma inmediata la intervención política de la Comunidad Internacional y del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas conforme a los mecanismos previstos en el Acuerdo de Paz, para evitar que la paz construida con tantos esfuerzos sea destrozada por quienes siempre han utilizado la guerra para su enriquecimiento. También solicitaremos a la Corte Penal Internacional que refuerce sus mecanismos de observación e intervención en Colombia para evitar que nuevamente reine la impunidad que siempre ha impuesto el Centro Democrático.

Llamamos a la sociedad colombiana a defender el Acuerdo de Paz y el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición.