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Fuerza pública simula golpe al narcotráfico y afecta fincas campesinas en el Putumayo
Actuaciones irregulares de la Fuerza Pública en el territorio de la Zona de Reserva Campesina de la Perla Amazónica
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz / Jueves 4 de abril de 2019
 

Organización que promueve, defiende y apoya la exigencia y afirmación de los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, psicológicos, de género, civiles y políticos de personas y procesos organizativos rurales y urbanos frente al Estado y a actores privados. Personas y procesos organizativos que construyen paz hacia una democracia con justicia integralmente concebida.

Simulación de golpe al narcotráfico

El martes 2 de abril hacia las 2:40 pm en la comunidad de Puerto Playa, Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica, el poblador Marco Melo observó la llegada de integrantes de la Fuerza Naval del Sur y la Policía Antinarcóticos.

A eso de las 4:30 p.m. el campesino en compañía de cuatro menores edad fue a verificar el estado de su cultivo de cacao, cuando a menos de 200 metros de su vivienda escucharon dos tiros.

Al llegar al lugar observaron que la infantería de Marina y Policía antinarcóticos habían botado los agroquímicos con que en la mañana fumigó el cultivo de cacao.

Además, constataron que los uniformados aprovecharon la existencia de una estructura abandonada, para simular un golpe al narcotráfico, introduciendo de manera irregular una guadaña y gasolina.

Al acercarse a los regulares Marco indagó por el mando de la operación. El único que se identificó fue el patrullero de la policía antinarcóticos quien dijo llamarse Fabian Andrés Puertas.

Marco Melo y su familia son afiliados y propietarios en la comunidad de Puerto Playa, Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica.

Las actuaciones contra derecho constituyen una grave infracción al derecho internacional humanitario, simulando resultados contra estructuras de narcotráfico con falsos positivos.

Urge la adopción de medidas integrales de supervisión para evitar montajes y desconocimiento de los derechos a la población que participa en planes de sustitución voluntaria.